Los socialistas catalanes piden una modificaci¨®n de la ley de Archivos
El PSC solicita multas de hasta 10 millones a los cargos p¨²blicos que se lleven documentos
Los cargos p¨²blicos que al abandonar el puesto se lleven documentos a los que hayan tenido acceso en el desempe?o de su funci¨®n ser¨¢n sancionados con multas de hasta 10 millones de pesetas si se acepta la enmienda presentada por el Partit dels Socialistes (PSC) al proyecto de modificaci¨®n de la ley de Archivos, actualmente en tr¨¢mite en el Parlament. Los coleccionistas o comerciantes que posean documentos p¨²blicos tambi¨¦n ser¨¢n sancionados sino los devuelven a la instituci¨®n que los haya generado.Las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista tienen el objetivo de acabar con dos pr¨¢cticas, al parecer muy extendidas, que causan un grave da?o a la ¨ªntegridad de los archivos administrativos e hist¨®ricos de las instituciones p¨²blicas: la retirada o retenci¨®n de documentos por parte de los cargos que dejan su puesto y la permanencia en archivos o colecciones privadas o la venta de fondos documentales pertenecientes a instituciones p¨²blicas.
Adem¨¢s de impedir o dificultar que los investigadores pueban acceder a ellos, la permanencia de documentos p¨²blicos en irchivos privados o en establecimientos comerciales provoca a veces curiosas situaciones. Se ha dado el caso de personas que pose¨ªan documentos de este tipo y que se han dirigido a una institucion para venderles documentos que generados por la propia instituci¨®n.
Si se aceptara la enmienda socialista, las mencionadas personas estar¨ªan obligadas a devolver a las instituciones la citada documentaci¨®n, sin percibir a cambio ninguna compensaci¨®n.
La decisi¨®n de modificar la ley de Archivos obedece al hecho de que esta norma, aprobada por el Parlament en abril de 1985, no precisa qu¨¦ tipo de infracciones deben ser consideradas como falta leve, grave o muy grave ni qu¨¦ cuant¨ªa deben tener las sanciones a imponer en cada caso. Las faltas leves, seg¨²n el proyecto, ser¨¢n castigadas con multas de hasta 500.000 pesetas; las graves -como la difusi¨®n no autorizada de determinados documentos- con sanciones econ¨®micas de hasta 10 millones de pesetas y con multas de hasta 50 millones la faltas muy graves, como la destrucci¨®n de documentos cuando vulnere las normas sobre expurgaci¨®n (que no se han dictado todav¨ªa) siempre y cuando su valor supere los tres millones de pesetas.
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