La justicia argentina reabre una causa contra el jefe montonero Mario Firmenich por el atentado m¨¢s letal del grupo

Un fallo de la C¨¢mara de Apelaciones marc¨® un giro hist¨®rico este jueves en las causas por cr¨ªmenes protagonizados por grupos guerrilleros en los a?os setenta, que hasta ahora se consideraban prescritas por tratarse de delitos comunes. El tribunal orden¨® reabrir la investigaci¨®n penal por el atentado contra un comedor de la polic¨ªa federal perpetrado el 2 de julio de 1976 que mat¨® a 24 personas y caus¨® heridas en unas 60. La decisi¨®n de los magistrados coincide con la posici¨®n planteada por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que exige justicia para las v¨ªctimas de esos ataques como parte de lo que denomina ¡°memoria completa¡±. Los jueces ordenaron citar a declaraci¨®n indagatoria a Mario Firmenich, el exl¨ªder de Montoneros, el brazo armado del peronismo que se atribuy¨® el ataque.

Los magistrados revocaron el sobreseimiento dispuesto por un tribunal de primera instancia. En su fallo argumentaron que el ataque con bomba constituy¨® ¡°una grave violaci¨®n a los derechos humanos¡± porque la Justicia no investig¨® los hechos durante la dictadura militar ni esclareci¨® lo ocurrido a las familias de los fallecidos. Al considerarlo un crimen imprescriptible, la C¨¢mara de Apelaciones anul¨® el sobreseimiento de Firmenich, radicado en Espa?a desde finales de los noventa, y de los dem¨¢s dirigentes de la agrupaci¨®n.

Los camaristas ordenaron a la jueza Mar¨ªa Servini de Cubr¨ªa que reabra la causa y re¨²na todas las medidas de prueba necesarias para determinar qu¨¦ ocurri¨® y quienes fueron los responsables directos e indirectos del ataque. Tambi¨¦n pidieron la citaci¨®n de testigos para aportar informaci¨®n sobre la causa.

¡°El suceso criminal ocurrido el d¨ªa 2 de julio de 1976 no deber¨ªa quedar signado en la historia judicial argentina como un hecho m¨¢s de impunidad, en el que el paso del tiempo cerr¨® el proceso y confin¨® en el olvido y en una misma y triste condici¨®n a las v¨ªctimas, sus derechos y los valores esenciales de justicia de una sociedad democr¨¢tica. La gravedad del hecho est¨¢ marcada por su tr¨¢gico resultado de muertes y lesiones grav¨ªsimas (y graves), adem¨¢s de los da?os, que lo convierten dentro de los mayores de la historia de la Rep¨²blica. No hubo ni siquiera indiferencia en el resultado¡±, concluy¨® la Sala I de la C¨¢mara Federal de Justicia.

La explosi¨®n se produjo a la hora del almuerzo en la Superintendencia de Seguridad de la Polic¨ªa Federal Argentina, en el centro de Buenos Aires. La polic¨ªa ten¨ªa all¨ª su ¨¢rea de inteligencia y funcionaba tambi¨¦n un centro clandestino de detenci¨®n desde antes del golpe militar por el que pasaron decenas de secuestrados y desaparecidos. Montoneros reivindic¨® p¨²blicamente el ataque, el m¨¢s letal de esta organizaci¨®n guerrillera. El autor material del atentado, Jos¨¦ Salgado, fue secuestrado, torturado y asesinado por la dictadura militar en 1977.

Tras el regreso de Argentina a la democracia en 1983, Firmenich y otros l¨ªderes que sobrevivieron fueron detenidos, juzgados y condenados, pero a?os despu¨¦s se beneficiaron de los indultos concedidos por el Gobierno de Carlos Menem en la d¨¦cada de los noventa.

En 2003, el Congreso anul¨® las leyes de punto y final y obediencia debida que imped¨ªan juzgar a los responsables de los cr¨ªmenes perpetrados durante la ¨²ltima dictadura. La Justicia reanud¨® los juicios por los cr¨ªmenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado -como secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones y robos de beb¨¦s-, pero se opuso a la apertura de juicios por los ataques guerrilleros. El primer intento para sentar en el banquillo a la c¨²pula de Montoneros por el atentado contra la Superintendencia de Seguridad se estrell¨® contra la negativa de la jueza Mar¨ªa Servini de Cubr¨ªa, que declar¨® prescripto el delito. En 2012, la Corte Suprema dio la raz¨®n a la magistrada.

En 2021, una organizaci¨®n solicit¨® la reapertura de la causa y un tribunal de primera instancia se lo deneg¨®. El caso se consider¨® cerrado hasta este jueves, cuando la C¨¢mara de Apelaciones pidi¨® que sea juzgado y sent¨® las bases para un cambio en la jurisprudencia sobre la violencia pol¨ªtica de los a?os setenta en el pa¨ªs latinoamericano.

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