Alguacil alguacilado

EL ESC?NDALO suscitado en Andaluc¨ªa por el descubrimiento de que la persona que acababa de tomar posesi¨®n como presidente de la C¨¢mara de Cuentas de esa comunidad, Guillermo Sierra, no hab¨ªa hecho su declaraci¨®n de la renta entre 1985 y 1987 est¨¢ m¨¢s que justificado. El asunto es de suficiente entidad como para que la opini¨®n p¨²blica se contente s¨®lo con explicaciones colaterales sobre las rencillas entre sectores rivales del socialismo andaluz. Esas disputas aclaran por qu¨¦ el esc¨¢ndalo ha trascendido, no por qu¨¦ se ha producido el hecho que lo ha provocado. Nada menos que la persona encargada de fiscalizar el uso de los fondos p¨²blicos de la comunidad aut¨®noma de Andaluc¨ªa es un defraudador. Los esfuerzos de Borrell para convencer a los ciudadanos de que las deficiencias observables en los servicios p¨²blicos no justifican la actitud de quienes se abstienen de hacer su declaraci¨®n servir¨¢n de poco mientras sean posibles situaciones tan ins¨®litas como la protagonizada por ese militante socialista, catedr¨¢tico de Econom¨ªa Financiera y ex vicerrector de la universidad de Sevilla.Parece ser que fue el propio Guillermo Sierra el que, al recibir la oferta de presidir la C¨¢mara de Cuentas -equivalente al Tribunal de Cuentas de la Administraci¨®n central-, solicit¨® una inspecci¨®n de Hacienda a fin de pagar ahora lo que dej¨® de tributar en 1985, 1986 y 1987, con los recargos y multas -se supone- correspondientes. Esta solicitud fue realizada a finales de febrero, lo que no impidi¨® que el pasado jueves tomara posesi¨®n de su cargo. Ello significa que su condici¨®n de defraudador era conocida -y convendr¨ªa saber exactamente por qu¨¦ personas en concreto- desde hace m¨¢s de un mes, sin que ello se considerase obst¨¢culo para mantener el nombramiento. De hecho, ha sido preciso que el asunto salga a la luz, mediante una informaci¨®n publicada en Diario 16 de Andaluc¨ªa, para que la direcci¨®n regional del PSOE se sienta obligada a tomar cartas en ¨¦l. Es leg¨ªtimo sospechar que, de no haber mediado la denuncia period¨ªstica, los dirigentes socialistas andaluces hubieran optado por blanquear el pasado de su candidato mediante el sencillo expediente de pagar ahora lo adeudado.

En el 32? Congreso del PSOE, celebrado a finales de 1987, hubo un consenso autocr¨ªtico sobre la necesidad de prestar m¨¢s atenci¨®n a los comportamientos individuales de los militantes como condici¨®n para devolver a las deste?idas banderas del cambio algo de su pasado color. Eran los meses en que se estaba gestando la ruptura con UGT y en los que, un d¨ªa s¨ª y otro tambi¨¦n, saltaban a las p¨¢ginas de los peri¨®dicos grandes y peque?os esc¨¢ndalos, no necesariamente relacionados con delitos en sentido estricto, pero s¨ª con actitudes que nada ten¨ªan que ver con la tradici¨®n de un partido que era, seg¨²n Alfonso Guerra, "el de los pobres". Que la contrici¨®n de coraz¨®n no fue acompa?ada de prop¨®sito de la enmienda lo demuestran episodios como el de las facturas de ropa de Pilar Mir¨®, mantenida en la UVI televisiva durante unos angustiosos meses por quienes la hab¨ªan nombrado, por no hablar de las irregularidades en las concesiones de contratas por parte de algunos ayuntamientos. El esc¨¢ndalo ahora revelado es tina muestra m¨¢s de lo mismo. Conclusi¨®n: quienes est¨¢n empe?ados en sabotear la campa?a de moralizaci¨®n fiscal emprendida por el Gobierno no han podido encontrar mejores aliados. Y esto, desde luego, no es demagogia.