?Qui¨¦n no cumple?

EL DISCURSO del cardenal Suqu¨ªa ante la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal es el reflejo de una interpretaci¨®n sesgada de unos acuerdos -los firmados entre el Estado espa?ol y la Santa Sede en 1979- cuyos t¨¦rminos obligan por igual a las dos partes. La beligerancia del discurso en contra del Gobierno socialista se hace m¨¢s notoria cuanto se echa en falta la m¨¢s m¨ªnima referencia autocr¨ªtica a posibles fallos propios en el cumplimiento de los citados acuerdos. Una actitud que se hace sobre todo evidente en el tratamiento que el cardenal de Madrid proporciona al tema de la financiaci¨®n estatal de la Iglesia (costes de personal y culto) y a la insuficiente respuesta dada por los cat¨®licos durante el primer a?o de vigencia del llamado impuesto religioso.

De su discurso parece deducirse que el verdadero culpable de la tibieza de los cat¨®licos en socorrer econ¨®micamente a la Iglesia cat¨®lica es el Ejecutivo, que no habr¨ªa cumplido los acuerdos econ¨®micos suscritos entre el Estado espa?ol y la Santa Sede en 1979. Si a alguna de las partes hubiera que reprochar su escasa predisposici¨®n a respetar la letra y el esp¨ªritu de tales acuerdos ser¨ªa a la actual jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica, que admite sin rubor que la autofinanciaci¨®n prevista en los mismos habr¨ªa que dejarla ad calendas graecas.

No puede afirmarse sin m¨¢s que la determinaci¨®n del porcentaje de la asignaci¨®n tributaria -el 0,52% de la cuota ¨ªntegra del IRPF- destinado por el Gobierno para el sostenimiento econ¨®mico de la Iglesia cat¨®lica y a otros fines sociales hubiera debido ser negociado previamente. Lo, que los acuerdos Iglesia-Estado establecen es que durante tres a?os el Estado se obliga a cubrir la diferencia que pudiera resultar entre lo recaudado y el montante de la tradicional dotaci¨®n presupuestaria a la Iglesia cat¨®lica, diferencia que este a?o supera los 8.000 millones de pesetas.

El Gobierno, que lo es de una sociedad pluralista, no puede dejar de ser sensible a los amplios sectores que cuestionan la legalidad de la financiaci¨®n expl¨ªcita o encubierta con fondos p¨²blicos de instituciones religiosas. Lo cual no quiere decir que el Estado deba negar todo tipo de ayuda econ¨®mica a la Iglesia cat¨®lica o a otras confesiones religiosas, precisamente en aras de la paz social y de la labor que realizan. De hecho, la Iglesia cat¨®lica ya se beneficia de abundantes exenciones fiscales y subvenciones estatales -cuantificadas en muchos miles de millones de pesetas- a cuenta de su actividad en la ense?anza, la sanidad o la asistencia social o penitenciaria.

En ese sentido, los ciudadanos laicos o religiosamente indiferentes de la sociedad espa?ola est¨¢n demostrando m¨¢s tolerancia y comprensi¨®n que determinados sectores de la Iglesia cat¨®lica dispuestos a imponer o a arrancar al Estado la obligatoriedad a toda costa de una financiaci¨®n directa de car¨¢cter p¨²blico. Que a estas alturas -y al margen de los propios t¨¦rminos de los acuerdos Iglesia-Estado- se siga recurriendo, como hace el cardenal Suqu¨ªa, a la desamortizaci¨®n de Mendiz¨¢bal para justificar esta obligatoriedad no hace sino poner en evidencia la endeblez de su posici¨®n argumental.