Corrupci¨®n
En los ¨²ltimos meses se vienen sucediendo en los medios de comunicaci¨®n noticias sobre esc¨¢ndalos pol¨ªticos en los que se mueve a la vez dinero e influencias. Y as¨ª, en Austria, el ministro del Interior y el presidente del Parlamento se vieron involucrados en un proceso por encubrimiento de fraude y asesinato. En Jap¨®n, los principales dirigentes del Partido Liberal Democr¨¢tico, partido que desde hace casi 50 a?os gobierna en ese pa¨ªs, se encuentran bajo la sospecha de haberse beneficiado de la compraventa de acciones de la empresa Recruit a cambio de favores pagados con decisiones pol¨ªticas. De momento, ya son m¨¢s de 13 los pol¨ªticos detenidos. Recu¨¦rdese que hace 15 a?os el ex primer ministro Tanaka fue a la carcel por recibir comisiones de la empresa americana Lochkeed. En Francia, el caso Pechiney surgi¨® como consecuencia de los cuantiosos beneficios obtenidos con la compra de acciones, gracias a informaciones confidenciales, por dos amigos de Mitterrand. En Grecia, el magnate Koskotas, propietario del Banco de Creta y de una cadena de peri¨®dicos, surgido de la nada con la ayuda de preclaros jerifaltes del PASOK (partido socialista griego), pretende ahora hundir en su ca¨ªda a ministros, diputados y hombres p¨²blicos a los que acusa de haberse beneficiado de sus favores. En la Uni¨®n Sovi¨¦tica, el yerno de Breznev, Yuri Churvanov, que fue a finales de los a?os setenta uno de los hombres fuertes del Ministerio del Interior, fue juzgado, junto con otros nueve ex altos cargos, y acusado de recibir sobornos por valor de 660.000 rublos. En la Ciudad Santa, el arzobispo Paul Marcinkus, el banquero de Dios, ha sido acusa(lo por los directivos del Banco del Gottardo (Suiza) de complicidad en las acciones delictivas de Roberto Calvi. En Italia, un total de 21 personas, altos funcionarios de los ferrocarriles del Estado, han sido acusadas de estafa, corrupci¨®n, favoritismo y otros delitos. Con anterioridad se hab¨ªa producido en ese pa¨ªs el esc¨¢ndalo de las c¨¢rceles de oro, un delito de soborno para la concesi¨®n de obras destinadas a mejorar la infraestructura penitenciaria. Se podr¨ªa, por tanto, afirmar, parodiando a un comedi¨®grafo ingenioso, que "en estos tiempos los ladrones ya no van a la c¨¢rcel: las construyen".Para algunos analistas pol¨ªticos, la corrupci¨®n no es tan perniciosa como com¨²nmente se cree. En realidad, las v¨ªas irregulares se convierten en necesarias cuando las complejas maquinarias administrativas est¨¢n anquilosadas. Adem¨¢s, la corrupci¨®n permite una mayor funcionalidad, abre la entrada en las licitaciones a empresas que de otro modo ser¨ªan marginadas, agiliza los tr¨¢mites y crea una solidaridad necesaria para que exista la cohesi¨®n social. Quienes defienden esta teor¨ªa suelen citar el caso de Italia, gran potencia industrial, en donde la corrupci¨®n ha movido en los tres ¨²ltimos a?os, seg¨²n estimaciones fiables, m¨¢s de 330.000 millones de pesetas. Los soci¨®logos de la moralidadhan analizado el dislocamiento que sufren las sociedades cuando aceptan la falsa antinomiade elegir entre la eficacia y el derecho. Las sociedades corruptas son necesariamente autoritarias.En realidad, el hecho de que los esc¨¢ndalos sean m¨¢s frecuentes en Italia que en otros pa¨ªses occidentales es, sobre todo, una muestra de -que en el vecino pa¨ªs existe una voluntad pol¨ªtica de perseguir los delitos y desenmascararlos. Conviene no olvidar que Italia ha sido el primer pa¨ªs del mundo en el que se ha planteado la convocatoria de una huelga general para luchar contra el fraude fiscal. Y es que la corrupci¨®n se consuma y enquista precisamente cuando pasa inadvertida, cuando se volatiliza. Es importante, por tanto, no confundir los delitos con la penas. Desde un punto de vista jur¨ªdico y administrativo, un acto es delictivo ¨²nicamente si un tribunal legitimado para juzgar determina oficialmente que alguien ha cometido un delito. Sin embargo, en el ¨¢mbitode los negocios, y en la confluencia de ¨¦stos con la pol¨ªtica, se producen m¨²ltiples irregularidades que se arreglan al margen de los tribunales. La corrupci¨®n y el soborno sirven tarribi¨¦n para obtener privilegios especiales, para sortear investigaciones comprometedoras y, en muchas ocasiones, para violar de un modo flagrante las leyes.
En 1976, la justicia federal norteamericana cre¨® una secci¨®n especial para la integridad p¨²blica que en seis a?os revis¨® cerca de 5.000 delitos y fraudes. Los atentados y violaciones de las leyes se produjeron en la confluencia de la sociedad civil y el sector p¨²blico, all¨ª donde coexisten bienes y servicios, poder y dinero: adjudicaciones ?legales de obras, facturas falsas o infladas, comisiones por compras, favoritismo en concursos p¨²blicos, gabinetes de estudios ficticios, filtraci¨®n de informes confidenciales, financiaci¨®n de partidos pol¨ªticos, subvenciones arbitrarias a personas o colectivos, tr¨¢fico de ceftificados falsos, sustracci¨®n de documentos, falseamiento de gastos, dietas y otras apropiaciones indebidas de fondos p¨²blicos, colocaci¨®n de dinero p¨²blico en cuentas bancarias privadas, recalificaci¨®n interesada de terrenos r¨²sticos en zonas urbanizables, soborno en contrataciones y subastas, utilizaci¨®n de informaci¨®n confidencial en los mercados financieros, etc¨¦tera. Estos delitos se dan en las Administraciones de todos los pa¨ªses.
La diferencia estriba en que en unos se los castiga y en otros no. En todo caso, estas pr¨¢cticas crean aut¨¦nticas redes de corrupci¨®n, tejidas gracias a una com¨²n y secreta participaci¨®n en actos delictivos. No es extira?o que los medios de comunicaci¨®n, que constituyen uno de los principales instrumentos de control en los pa¨ªses dernocr¨¢ticos, despierten entre pol¨ªticos y funcionarios corruptos las mayores reticencias.
En nuestro pa¨ªs no siempre es n¨ªtida la l¨ªnea de demarcaci¨®n entre negocios fraudulentos y negocios legales. Hoy sabernos que el dinero negro ha contribuido a los provocativos beneficios de bancos y casas de seguros. Los expertos estiman que: el 40% de la coca¨ªna que se vende en Europa pasa a trav¨¦s de nuestro pa¨ªs. La pr¨¢ctica dela informaci¨®n confidencial en bolsa no est¨¢ castigada penalmente. No se persigue con la debida contundencia la utilizaci¨®n indiscriminada de plaguicidas ni los vertidos de residuos t¨®xicos, mientras que las estafas inmobiliarias baten r¨¦cords. En 1986, el 40% de las obras contratadas por las Administraciones p¨²blicas -de un presupuesto global de 600.000 millones- han sido otorgadas de forma directa a empresas elegidas a dedo. Seg¨²n el presidente de la Comisi¨®n de Presupuestos del Congreso, existe "una imposibilidad t¨¦cnica y humana de fiscalizar estas actuaciones", pero silencia que esta imposibilidad deriva de medidas que limiten ese poder discrecional y de una voluntad pol¨ªtica para llevarla a cabo.
Es muy probable que a nadie se le haya ocurrido sospechar que la estelar entrada en el ¨¢mbito bancario y empresarial de algunos ex cargos p¨²blicos se base quiz¨¢ en su capacidad de obtener favores en el ¨¢mbito estatal. En Bruselas florecen las agencias y asesor¨ªas. Mientras tanto, el fracaso estrepitoso de la comisi¨®n encargada de investigar el tr¨¢fico de influencias, la ausencia -mantenida hasta ahora- de regulaci¨®n legal de las actividades de los altos cargos tras su cese, la opacidad en la financiaci¨®n de campa?as electorales, el agujero de los pr¨¦stamos guineanos, las reprivatizaciones de Rumasa a precio de saldo -el precio de Galer¨ªas Preciados se multiplic¨® por cien en cuatro a?os-, la utilizaci¨®n incontrolada y muy posiblemente delictiva de los gastos reservados -2.600 millones presupuestados para 1989-, las vinculaciones familiares y conyugales en puestos de responsabilidad y otras pruebas de patrimonializ aci¨®n del Estado no s¨®lo justifican investigaciones parlamentarias y judiciales, sino que son quiz¨¢ una v¨ªa clave para comprender el dr¨¢stico cambio que se ha operado entre algunos militantes socialistas en su camino de Damasco: su amor por los bancos, los balances, los oficios y los beneficios, y su paralelo sentimiento de menosprecio por las organizaciones sindicales y las pol¨ªticas sociales.
F. ?lvarez-Ur¨ªa es profesor de Sociolog¨ªa de la universidad Complutense.
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