La Hacienda de todos

No quiero detenerme en una enumeraci¨®n de los errores que se han cometido, a mi juicio, en materia de gesti¨®n de Hacienda. Han sido, es cierto, numerosos en cantidad y muy graves en calidad. La consecuencia, como ya dec¨ªa ayer, ha sido el fin de un modelo de gesti¨®n que, aceptado o no por sus actuales autores, est¨¢ tocado de ala. Puede ser que, como dec¨ªa estos d¨ªas en el Congreso uno de dichos gestores, estemos navegando en la niebla y que la tripulaci¨®n conf¨ªe en la habilidad del capit¨¢n. Puede ser, aunque en ese barco vamos tambi¨¦n numerosos pasajeros, que no nos sentimos ya tan tranquilos sobre dicha habilidad, que hemos notado alg¨²n fuerte encontronazo con alg¨²n que otro iceberg y que, sobre todo, somos muy conscientes de que ese barco no es ni del capit¨¢n, ni del primer oficial, ni de ninguno de los tripulantes m¨¢s que de nosotros mismos, y que si se produce el hundimiento del barco probablemente, en contra de las leyes marinas, la tripulaci¨®n sea la primera en abandonarlo. En todo caso, la afirmaci¨®n de confianza en la habilidad del capit¨¢n realizada por ¨¦ste o por su primer oficial, para entendernos, tiene escasa credibilidad.Debemos comenzar por aclarar el concepto de Hacienda de todos. Cuando Hacienda reclama el apoyo social para su actuaci¨®n no est¨¢ pidiendo m¨¢s que aquello a que obliga a todos los ciudadanos el mero hecho de vivir en una comunidad organizada, y es, desde tal punto de vista, irreprochable. Cuando Hacienda arremete contra este o aquel tribunal, se queja de la falta de apoyo de los jueces a la lucha contra el fraude fiscal o realiza actos de pura demagogia que atentan en ocasiones contra la dignidad de la persona humana, est¨¢ realizando algo impropio, inaceptable y que sit¨²a a los ciudadanos ante el deber moral de discernir el grano de la paja y actuar en consecuencia.

No voy a entrar aqu¨ª a analizar, por ejemplo, la regulaci¨®n del delito fiscal, porque ya me he ocupado de ello con cierta amplitud en anteriores ocasiones, ni voy a entrar en la regulaci¨®n del procedimiento de inspecci¨®n, ni en el de infracciones y sanciones tributarias, que presenta hoy, a juicio de la mayor¨ªa de las personas con independencia de criterio, enormes deficiencias que hacen temer incluso sobre su constitucionalidad. La falta de articulaci¨®n entre procedimiento tributario y Pena], la no presencia en el procedimiento fiscal de los principios del orden penal, la evidente falta de proporcionalidad entre los ?l¨ªcitos y sus sanciones, la falta de garant¨ªas objetivas del contribuyente que afecta a puntos tan esenciales como la certeza de objetividad en la selecci¨®n de los sujetos pasivos sometidos a inspecci¨®n o sobre los que se decide el inicio de una actuaci¨®n penal, no son m¨¢s que reflejo de un sistema sancionador en que Hacienda ha pretendido tener todos los derechos, y los contribuyentes, ninguno, aunque, afortunadamente, por ahora, los tribunales han servido de freno a tal estado de cosas.

La manipulaci¨®n ha llegado en alg¨²n caso a l¨ªmites impresionantes. Cualquier ciudadano que haya le¨ªdo la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso de una conocida cantante no dudar¨¢ en afirmar que los magistrados han tratado a Hacienda con guante blanco, han evitado zaherirla gratuitamente y, sin embargo, han fallado lo que han cre¨ªdo en conciencia. Pueden o no estar equivocados, y yo mismo mantengo un punto de vista distinto al que sostiene el fallo de su sentencia. Pero no es ¨¦sta la cuesti¨®n. A ellos correspond¨ªa juzgar y, con acierto o sin ¨¦l, que eso nadie puede saberlo, lo han hecho honestamente, de forma independiente y con pleno respeto a la dignidad de la persona acusada. Nadie, que yo sepa, ha impedido a Hacienda recurrir contra la sentencia, aunque ya le auguro, dada la regulaci¨®n insostenible del procedimiento en materia de delito fiscal, escaso ¨¦xito en esa o en otra instancia. Los responsables de Hacienda parecen no querer comprender que el ¨¢mbito judicial no es el ejercicio de su poder, sino el del ejercicio del poder jurisdiccional. Mal acostumbrados a un ¨¢mbito pol¨ªtico, en el que una d¨¦bil oposici¨®n confunde el sentido del Estado con la coparticipaci¨®n, la noci¨®n de consenso con la de reparto de poder y su deber de oposici¨®n leal con una total falta de convicci¨®n, desconectados de la sociedad civil, a la que ¨²nicamente recurren para utilizarla y ejercer presi¨®n sobre otras instancias del Estado, piensan que la continua apelaci¨®n a la obligaci¨®n de todos de apoyar a Hacienda se puede transformar en la obligaci¨®n de apoyar una determinada pol¨ªtica y un determinado equipo gestor. No se dan cuenta que el ejercicio de la cr¨ªtica no tiene que ver nada con el apoyo al fraude fiscal, sino que, por el contrario, defender una correcta legislaci¨®n y gesti¨®n es la ¨²nica manera de combatirlo eficazmente, por encima o m¨¢s all¨¢ de peque?os ¨¦xitos coyunturales que, como ya dije en su momento, y lamento haber acertado, han sido pan para hoy y hambre para ma?ana.

Esperpento nacional

Es necesario decir tambi¨¦n que la actitud de algunas personas fuertemente presionadas por Hacienda no ha estado a la altura de las circunstancias. El espect¨¢culo de una artista dando una conferencia de prensa para decir que ya no es "...de Espa?a", sino "...de Hacienda", o el de un humorista presidiendo una cena como estrella invitada para hablar de los impuestos, que ¨¦l mismo reconoce no haber pagado, es sencillamente grotesto e in¨²til y merece formar parte de una antolog¨ªa del esperpento nacional.

Como tambi¨¦n resulta incomprensible, desde un punto de vista de ¨¦tica profesional, la actuaci¨®n de ciertos profesionales, que se han permitido hacer interesadas mezclas entre lo que supone una absoluci¨®n en primera instancia y una condonaci¨®n del pago de impuestos. Decir que un contribuyente no va a pagar sus impuestos porque ha sido absuelto en primera instancia por una sentencia todav¨ªa no firme, quedando expedita la v¨ªa administrativa no s¨®lo para cobrar la deuda, sino incluso para imponer sanciones en cuant¨ªas que ponen los pelos de punta y los correspondientes intereses de demora, es una falta a la verdad. El escrupuloso director general del ente p¨²blico podr¨ªa visionar determinados programas en los que se ha tratado este asunto, y quiz¨¢ coincidir¨ªa conmigo en que resultan bastante m¨¢s nauseabundos que un combate de boxeo.

De todas formas, ahora Hacienda tiene una opci¨®n trascendental: seguir con el principio que se puede expresar con aquello de sostenella y no enmendalla o, por el contrario, tener el coraje de abordar una reforma y organizaci¨®n en profundidad del sistema fiscal, que alcance un alto consenso social y en que los dem¨¢s partidos pol¨ªticos sean algo m¨¢s que los que presentan enmiendas que nunca son aceptadas. Quiz¨¢ entonces estemos en el buen camino, y Hacienda, por la v¨ªa de la corresponsabilidad, m¨¢s que por la de la sumisi¨®n incondicional, sea en verdad la Hacienda del Estado y, por tanto, la Hacienda de todos. La distinci¨®n entre Estado y Gobierno puede ser, a estos efectos, muy interesante.

Para que Hacienda sea de todos es necesario tambi¨¦n un cambio sustancial en la pol¨ªtica de organizaci¨®n. El desbarajuste actual que deriva de fusiones de cuerpos que, en el fondo, no han existido m¨¢s que en el BOE, no es m¨¢s que el lodo que deriva de una pol¨ªtica err¨¢tica general en materia de funci¨®n p¨²blica, en la que la carrera administrativa, la defensa de la profesionalidad y el respeto a los criterios discrepantes de los subordinados han salido mal parados. La retribuci¨®n vinculada a t¨¦rminos de recaudaci¨®n tiene enormes peligros. Nadie se imagina a los auditores cobrando en funci¨®n de los errores detectados en su actuaci¨®n profesional y, desde luego, no parece la mejor forma de aportar al contribuyente y al propio funcionario la serenidad y la confianza rec¨ªproca que debe existir en toda comprobaci¨®n tributaria.

Para que Hacienda sea de todos es necesario que la selecci¨®n de los contribuyentes se haga en base a criterios objetivos e imparciales, que las decisiones en las diversas fases del procedimiento obedezcan a criterios contrastables y estrictamente profesionales, incluyendo las que se refieren al inicio de expedientes por delito fiscal. Es necesario tambi¨¦n que se extienda la certeza social de que la inspecci¨®n de Hacienda es tan correcta como implacable, y que cualquier ciudadano tenga la certeza de que, con suma educaci¨®n y respeto, lo mismo Hacienda est¨¢ dispuesta a informarle, a corregir cualquier error o injusticia, que a sancionar irremisiblemente.

Limitar la pol¨ªtica

Resulta imprescindible limitar la pol¨ªtica al ¨¢mbito que le es propio y excluirla de aquel en que s¨®lo debe aparecer una actuaci¨®n profesional. De la misma manera que nadie se imagina al ministro del Interior deteniendo personalmente a los delincuentes por las calles, es inconcebible que una autoridad pol¨ªtica, que puede incluso carecer de la formaci¨®n y experiencia profesionales adecuadas para ello, tome decisiones en procedimientos tributarios concretos.

La supervisi¨®n parlamentaria a posteriori, por medio del control de la oposici¨®n sobre la acci¨®n del Gobierno y la propia actuaci¨®n de un Tribunal de Cuentas que, en virtud de un consenso mal entendido, deje de reproducir mim¨¦ticamente mayor¨ªas parlamentarias, pueden ser el camino para asegurar que desaparece cualquier sospecha o duda, aunque resulten infundadas, sobre ese concepto que hemos dado en llamar la Hacienda de todos.

Conf¨ªo en que la evoluci¨®n cultural, social, econ¨®mica y pol¨ªtica de nuestro pa¨ªs, con la aparici¨®n de medios de comunicaci¨®n audiovisual que no est¨¦n a disposici¨®n del Gobierno de turno, vaya haciendo a nuestra sociedad menos manipulable, m¨¢s cr¨ªtica y m¨¢s dispuesta a rechazar la utilizaci¨®n interesada por parte del poder. Quiz¨¢ as¨ª un d¨ªa de justicia tributaria se ejerza en nuestro pa¨ªs con templanza y respeto, aunque tambi¨¦n con competencia, energ¨ªa y eficacia. Quiz¨¢ entonces nuestra Hacienda, adem¨¢s de ser de todos, sea una Hacienda competente, profesional, eficaz, justa y v¨¢lida para actuar sea cual sea el Gobierno de turno, en defensa del inter¨¦s del Estado, que es ciertamente de todos.

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