La provocaci¨®n

LA ESTRATEGIA de los terroristas, antes y ahora, es inseparable de la provocaci¨®n. Pero la desautorizaci¨®n expresa de sus acciones por parte de la inmensa mayor¨ªa de los ciudadanos vascos y dje sus instituciones representativas ha desplazado el sujeto pasivo de esa provocaci¨®n de la sociedad vasca al conjunto de la sociedad espa?ola. Ya no se trata, como anta?o, de provocar una din¨¢mica de acci¨®n-represi¨®n-acci¨®n destinada a poner de su parte, por adhesi¨®n voluntaria o temor insuperable, a sectores de la poblaci¨®n,sino de golpear, unas veces de manera selectiva y otras indiscriminada, buscando lo que los expertos llaman "desistimiento" por parte de sectores cualificados del Estado o incluso del conjunto de la poblaci¨®n. Es decir, provocar tal exasperaci¨®n en los colectivos m¨¢s directamente afectados que su reacci¨®n sea la de exigir a los poderes leg¨ªtimos "soluciones": aquellas precisamente que los terroristas utilizan corno coartada para justificar sus cr¨ªmenes.Al atentar contra funcionarios penitenciarios, ETA trata de intervenir sobre un colectivo, sus propios presos, que, tras haber constituido durante a?os su principal bandera, amenaza con convertirse ahora en factor de desagregaci¨®n interna. Al provocar a los funcionarios, se buscan reacciones pasionales de ¨¦stos -amenazas, exigencia de uso de pistolas, cuestionamiento de la pol¨ªtica de reinserci¨®n, etc¨¦tera-,destinadas, a su vez, a convertirse en cemento cohesionador del colectivo de presos que se relaciona cotidianamente con ellos en las c¨¢rceles. Sin embargo, la instituci¨®n penitenciaria como tal no ha cedido a tan burda provocaci¨®n y ha respondido con serenidad y entereza al zarpazo del ¨²ltimo atentado terrorista de ETA, del que por puro milagro ha logrado escapar con vida uno de sus funcionarios. En un comunicado de su estamento directivo y de los sindicatos y asociaciones profesionales que encuadran a la mayor¨ªa de sus funcionarios se afirma inequ¨ªvocamente que "la instituci¨®n penitenciaria no caer¨¢ en la provocaci¨®n terrorista, y responder¨¢ a estos hechos con el cumplimiento riguroso del mandato constitucional que tiene asignado". Esta reacci¨®n es la que corresponde a una instituci¨®n que asume fundamentales tareas al servicio de la sociedad, y que en los ¨²ltimos a?os ha realizado meritorios esfuerzos por adaptar su estructura y funcionamiento a los fines resocializadores que la Constituci¨®n asigna a las penas de privaci¨®n de libertad. No es la primera vez que la instituci¨®n penitenciaria se convierte en blanco de la barbarie terrorista de ETA. En octubre de 1983, el m¨¦dico titular de la c¨¢rcel de El Puerto de Santa Mar¨ªa, Alfredo Jorge Suar, fue asesinado por la banda terrorista. La respuesta de las asoc¨ªaciones profesionales y sindicales de los funcionarios de prisiones fue entonces del mismo tenor que la de ahora. Contrasta tristemente con esta trayectoria y con estos antecedentes la postura de los funcionarios de la c¨¢rcel de Albacete, que han llegado a afirmar que, en un supuesto similar, "no responder¨¢n de la integridad fisica de los etarras existentes en el centro", seis, seg¨²n parece, en estos momentos. Nada favorecer¨ªa m¨¢s a los prop¨®sitos de los terroristas que servidores del Estado cediesen a una ofuscaci¨®n semejante.

A nadie se le escapa el papel que cabe a los funcionarios de prisiones en el fracaso de la estrategia provocadora de ETA. Los sindicatos y organizaciones profesionales correspondientes est¨¢n plenamente legitimados para tratar los problemas especiales de trabajo y seguridad que la presencia de presos etarras conlleva. Pero tomar base en ello para cuestionar la pol¨ªtica antiterrorista del Gobierno, como hace alguna asociaci¨®n funcionarial minoritaria, es un juego harto peligroso.