La polic¨ªa investiga la presunta sustracci¨®n y venta de datos confidenciales del padr¨®n

La polic¨ªa est¨¢ investigando c¨®mo pudieron llegar los datos de todo el padr¨®n municipal o los de una parte a una empresa de inform¨¢tica, cuyo responsable fue detenido el pasado d¨ªa 18. D¨ªas antes, Angelina G¨®mez, gerente de una firma de publicidad, declar¨® que dicho industrial le hab¨ªa ofrecido informaci¨®n presuntamente extra¨ªda del padr¨®n a cambio de dinero. El Ayuntamiento sospecha que puede haberse producido "un delito de sustracci¨®n de informaci¨®n".

La investigaci¨®n policial se inici¨® el pasado d¨ªa 6, cuando Angelina G¨®mez Rueda, gerente de la empresa de publicidad Angoru, telefone¨® al Centro Municipal de Inform¨¢tica (CEMI) y pidi¨® el padr¨®n de habitantes de Madrid, diciendo que "otras empresas lo ten¨ªan y que ella pose¨ªa una cinta con el mismo, por la que hab¨ªa pagado mucho dinero", seg¨²n consta en un documento en poder de EL PA?S.El concejal Jos¨¦ Mar¨ªa de la Riva, responsable de Coordinaci¨®n y Participaci¨®n Ciudadana y del CEMI, pens¨® inicialmente que era "imposible" que fuese cierto lo que denunciaba Angelina G¨®mez, debido a que el padr¨®n es secreto y "no se vende ni se da m¨¢s que a los organismos de la Administraci¨®n competentes".

Pero ante la sorpresa de los responsables municipales, G¨®mez Rueda entreg¨® al d¨ªa siguiente en el Ayuntamiento un soporte magn¨¦tico que supuestamente le hab¨ªa sido facilitado por una empresa de inform¨¢tica. Adem¨¢s, facilit¨® fotocopia de un albar¨¢n de la empresa ACM en el que figura que ¨¦sta entreg¨® en la oficina de Angelina G¨®mez etiquetas adhesivas con el nombre y la direcci¨®n de 10.000 ni?os madrile?os con edades comprendidas entre ocho y 14 a?os, y de varios miles m¨¢s de Bilbao, Murcia y Andaluc¨ªa.

Angelina G¨®mez declar¨® en el Ayuntamiento que el padr¨®n de Madrid est¨¢ en poder de determinadas empresas de inform¨¢tica y publicidad directa, las cuales exigen "elevadas cantidades de dinero" a las personas que se lo solicitan. A?adi¨® que deseaba poder disponer del padr¨®n, "si la obtenci¨®n del mismo fuera factible por v¨ªa legal".

Denunci¨® a un polic¨ªa

Angelina G¨®mez Rueda, perteneciente al denominado Partido Espa?ol Democr¨¢tico, denunci¨® en agosto del a?o pasado al comisario Antonio Rosino, al que acus¨® de ser uno de los fundadores de los GAL. En esa fecha, relat¨® el contenido de una conversaci¨®n que, seg¨²n ella, mantuvo en un hotel con este polic¨ªa, el cual le habr¨ªa comentado en esa ocasi¨®n que se pod¨ªa acabar con ETA mediante la creaci¨®n de un grupo de mercenarios. Rosino neg¨® las acusaciones que, por otra parte, no pudieron ser probadas por la citada mujer.En el caso denunciado ahora, los servicios t¨¦cnicos municipales procesaron el soporte magn¨¦tico facilitado por la gerente de Angoru y, tras confeccionar diversos listados de su contenido, llegaron a la conclusi¨®n de que efectivamente se trataba de "datos relativos al padr¨®n municipal tanto por la naturaleza de la informaci¨®n como por la estructura existente en los mismos".

En el padr¨®n constan una serie de datos referentes a la intimidad de las personas, por lo que la ley ampara el derecho de los ciudadanos a que no sean difundidos. El Ayuntamiento present¨® en el Juzgado de Guardia una denuncia "contra aquellas personas que resultaran responsables" de los mismos.

El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 orden¨® a la Brigada Judicial de Madrid que iniciara gestiones para identificar y detener a la persona que supuestamente estaba comercializando el padr¨®n en su propio beneficio.

El grupo octavo de la brigada, especializado en delitos monetarios, detuvo el pasado d¨ªa 18 a Luis Alda Mart¨ªn, de 39 a?os, responsable de la empresa ACM Inform¨¢tica y Comunicaci¨®n S. A., sita en las inmediaciones del parque de la Fuente del Berro. A continuaci¨®n fue puesto a disposici¨®n judicial, acusado de presunta implicaci¨®n en el caso. Ayer fue imposible hablar con Alda, pese a los intentos realizados en su oficina.

Fuentes de la polic¨ªa de Madrid se han negado a facilitar informaci¨®n sobre la marcha de las investigaciones encaminadas a comprobar si existe alg¨²n funcionario municipal implicado en el posible delito. La polic¨ªa ha explicado que tales reservas obedecen a que la difusi¨®n de m¨¢s datos podr¨ªa entorpecer el resultado de las pesquisas.