Empleo y crecimiento econ¨®mico
La reforma iniciada hace algunos a?os en los pa¨ªses de econom¨ªa centralizada exige, seg¨²n el autor, alcanzar un amplio acuerdo social y pol¨ªtico en el que se definan los contenidos, los medios a utilizar y los plazos de las pol¨ªticas de ajuste estructural, as¨ª como las contrapartidas ofrecidas a la poblaci¨®n.
Las econom¨ªas de planificaci¨®n central est¨¢n llevando a cabo a lo largo de las dos ¨²ltimas d¨¦cadas reformas dirigidas a crear las condiciones de un crecimiento econ¨®mico duradero. En la medida en que ya no es posible incrementar sustancialmente la oferta de recursos productivos, se est¨¢n instrumentando pol¨ªticas cuyo objetivo es promover su utilizaci¨®n m¨¢s radical. As¨ª, con la pretensi¨®n de mejorar la productividad del sistema econ¨®mico, se han adoptado disposiciones que han modificado, en grados diversos seg¨²n los pa¨ªses, las condiciones en que se han organizado y ocupado los recursos de fuerza de trabajo.Se han descentralizado parcialmente a nivel de las empresas los criterios de utilizaci¨®n de la fuerza de trabajo, a la vez que se han establecido ¨ªndices de rentabilidad que han condicionado la evoluci¨®n de los ingresos y que han conducido a una mayor diferenciaci¨®n salarial. Se ha asistido a una redistribuci¨®n de la poblaci¨®n activa ocupada entre sectores y ramas de la actividad econ¨®mica, de modo que algunas actividades -principalmente industriales- han liberado excedentes de fuerza de trabajo que se encontraban insuficientemente utilizados.
Al mismo tiempo se ha intentado mejorar la oferta de bienes de consumo, de producci¨®n interna y, en una medida mucho menor, de importaci¨®n, con un componente cada vez mayor de bienes de consumo privado, con lo que se ha tratado de asegurar la plena convertibilidad interna de las rentas percibidas y el acceso a patrones de consumo crecientemente diferenciados.
Finalmente, se est¨¢ abriendo camino con fuerza la idea de desestabilizar, al menos en parte, las relaciones laborales, tradicionalmente dominadas por la estabilidad y el pleno empleo, para, de este modo, estimular la productividad y poder redistribuir los recursos de fuerza de trabajo de acuerdo a las nuevas prioridades productivas.
Con este planteamiento se est¨¢ cuestionando, en suma, e? modo de gesti¨®n de la fuerza de trabajo caracter¨ªstico de la fase de crecimiento extensivo, sustentado sobre los siguientes principios: pleno empleo como premisa pol¨ªtica, en correspondencia con una estrategia de m¨¢ximo aprovechamiento de las potencialidades productivas internas; bajos niveles salariales; reducida dispersi¨®n remunerativa, dentro de una concepci¨®n igualitaria que permit¨ªa la cobertura de las necesidades b¨¢sicas, definidas por la jerarqu¨ªa burocr¨¢tica; regulaci¨®n administrativa de la utilizaci¨®n de los recursos de fuerza de trabajo por parte de las unidades productivas, en el marco de una planificaci¨®n imperativa y centralizada; m¨¢xima disponibilidad de la fuerza de trabajo dentro de las empresas, en ausencia de organizaciones sindicales independientes y en un contexto de fuerte presi¨®n del aparato estatal sobre los organismos econ¨®micos, y oferta de bienes de consumo, determinada desde las instancias centrales, sometida a la prioridad de la industrializaci¨®n y con un fuerte componente de bienes de consumo p¨²blico.
Industrializaci¨®n acelerada
El modelo descrito contribuy¨® a movilizar y concentrar los recursos productivos en torno a los objetivos de la industrializaci¨®n acelerada. Pero este modelo ha entrado, en la fase actual, en una crisis profunda e irreversible, que no es sino un eslab¨®n m¨¢s del resquebrajamiento de la estrategia de crecimiento subyacente en el patr¨®n de industrializaci¨®n sovi¨¦tico, aplicado en todos los pa¨ªses del Este europeos y que se ha manifestado en el agotamiento de las posibilidades de un crecimiento extensivo. En este sentido, parece evidente que la consolidaci¨®n de nuevos mecanismos de acumulaci¨®n intensivos requiere una redefinici¨®n de las condiciones de gesti¨®n de la fuerza de trabajo.
Las medidas antes referidas han tenido efectos positivos a corto plazo sobre la productividad del trabajo, por cuanto que han permitido liberar fuentes de crecimiento econ¨®mico interno. Sin embargo, el nuevo planteamiento ha presentado una serie de insuficiencias y elementos contradictorios, que han limitado su alcance.
La utilizaci¨®n intensiva de los recursos de fuerza de trabajo exige que en el reparto de la renta nacional se conceda una importancia mayor al consumo. Esto implica garantizar el crecimiento de las rentas reales, la atenci¨®n a los grupos sociales m¨¢s desprotegidos y el abastecimiento en cantidad y calidad suficiente del mercado interno.
Sin embargo, en la mayor parte de las econom¨ªas de planificaci¨®n central se ha continuado privilegiando la acumulaci¨®n, no s¨®lo para la consolidaci¨®n y expansi¨®n de las actividades modernas, sino tambi¨¦n para el mantenimiento y la ampliaci¨®n de una industria con fuertes componentes de atraso. Asimismo ha tendido a reducirse la parte de la renta nacional que es utilizada internamente, con el objeto de poder atender la demanda de importaciones y los pagos financieros vinculados a los elevados niveles de endeudamiento alcanzados.
El necesario ajuste estructural que las pol¨ªticas reformistas pretenden instrumentar -que, b¨¢sicamente, consiste en el reagrupamiento de los recursos productivos en aquellas actividades de alta densidad tecnol¨®gica y con mayor potencial de crecimiento- conducir¨¢, probablemente, a un eventual empeoramiento en el nivel de vida de la poblaci¨®n. En todo caso, el resultado del saneamiento econ¨®mico, en t¨¦rminos de mayor bienestar social, s¨®lo ser¨¢ perceptible a medio plazo.
Posiciones contrapuestas
Pero la poblaci¨®n est¨¢ habituada a unas condiciones de estabilidad -en materia de rentas, precios de bienes de consumo y empleo- que no ser¨¢ f¨¢cil modificar. Sobre todo si determinados aspectos de la pol¨ªtica de ajuste estructural se van postergando, en aras de un intento de conciliar posiciones contrapuestas. En este sentido, los poderosos intereses corporativos, vinculados a la planificaci¨®n burocr¨¢tica centralizada y al aparato productivo que result¨® de la industrializaci¨®n forzada, han hecho valer sus posiciones, todav¨ªa privilegiadas. Ello ha supuesto la conservaci¨®n de determinadas formas de organizaci¨®n administrativa de la econom¨ªa, conforme a los principios jer¨¢rquicos, y el mantenimiento de empresas, y los recursos productivos a ellas afectados, que no se adecuaban a los nuevos criterios de rentabilidad.
El resultado de esta din¨¢mica ha sido que la estrategia reformista se ha ido unilateralizando en sus planteamientos, hasta convertirse, frecuentemente, en un discurso reiterativo dirigido a que la poblaci¨®n acepte fuertes medidas de austeridad que incluso ha conducido a un efectivo deterioro en el nivel de vida.
La reforma, para que sea un proyecta viable, debe de ser global y, en consecuencia, capaz de integrar los ¨¢mbitos econ¨®mico y pol¨ªtico. S¨®lo con esta perspectiva cabe movilizar a la sociedad para vencer los obst¨¢culos a los cambios y aprovechar todo el caudal de transformaci¨®n que tal movilizaci¨®n puede generar.
Resulta imprescindible, igualmente, alcanzar un amplio acuerdo social y pol¨ªtico en el que se definan los contenidos, los medios a utilizar y los plazos de las pol¨ªticas de ajuste estructural, as¨ª como las contrapartidas ofrecidas a la poblaci¨®n.
Finalmente, es necesario crear los mecanismos -sindicales, sociales y pol¨ªticos- que permitan el control por parte de la sociedad de este proceso y que aseguren la canalizaci¨®n de sus preferencias.
Toda esta formulaci¨®n, no obstante, s¨®lo est¨¢ insinuada en las pol¨ªticas reformistas de los distintos pa¨ªses socialistas, si bien en algunos de ellos la democratizaci¨®n de la vida pol¨ªtica y social emprendida en los ¨²ltimos a?os est¨¢ siendo verdaderamente notable.
Pero, en general, todav¨ªa se tiende a ofrecer soluciones fundamentalmente econ¨®micas, ignorando que la reforma ha adquirido una dimensi¨®n inevitablemente pol¨ªtica, y a generar una din¨¢mica que, de hecho, excluye a la poblaci¨®n de las grandes decisiones, lo que inexorablemente conduce a la rearticulaci¨®n de las relaciones jer¨¢rquicas.
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