Recetas de siempre

EN UNAS recientes jornadas organizadas en Madrid por los sectores m¨¢s conservadores de jueces, fiscales, polic¨ªas y funcionarios de prisiones, han logrado un cierto eco las propuestas del fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo para un mejor tratamiento legal del terrorismo. El preparado medicinal aderezado por este fiscal, que actu¨® en el caso Amedo hasta que fue apartado del mismo por no adaptarse estrictamente a las disposiciones de su superior, tiene el m¨¦rito de ser de los m¨¢s completos presentados en sociedad durante los ¨²ltimos tiempos como remedio del complejo fen¨®meno del terrorismo. Pero ninguno de sus componentes tiene nada de original: hace a?os que han sido descubiertos por los sectores m¨¢s autor?-tarios del aparato coercitivo del Estado, y sus asociaciones, sindicatos y representaciones vienen defendi¨¦ndolos desde antiguo.Ni en la cuesti¨®n de las garant¨ªas de polic¨ªas y guardias civiles comparecientes en procesos penales como testigos, ni en la de la ampliaci¨®n de los supuestos en que los juicios deber¨ªan ser celebrados a puerta cerrada por razones de seguridad del Estado, ni en la del m¨¢s duro trato legal a los terroristas mediante la suspensi¨®n de los beneficios penitenciarios (progresi¨®n de grado y redenci¨®n de penas por estudios y trabajo), el fiscal Gordillo ha dicho nada que no haya sido anunciado con antelaci¨®n en estos sectores. La letra y la m¨²sica de este estribillo se reflejan con mayor nitidez si cabe en las conclusiones sobre seguridad ciudadana y problem¨¢tica policial -retiradas de la circulaci¨®n con diligencia por el Ministerio del Interior- que fueron aprobadas por un centenar de mandos del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y de la Guardia Civil reunidos en diciembre pasado en Torrelodones (Madrid). Ni siquiera su estramb¨®tica propuesta de judicializar las medidas de reinserci¨®n de los terroristas, de las que el indulto individual es la m¨¢s se?alada, es totalmente in¨¦dita; aqu¨ª y all¨¢ pueden rastrearse algunos de sus trazos en declaraciones y manifiestos procedentes de estos sectores, aunque bien es verdad que nunca hab¨ªa sido formulada con el desparpajo y la claridad con que lo ha hecho el fiscal Gordillo.

El anonimato de los agentes citados a presencia judicial, bien como testigos, bien como implicados en denuncias, es una vieja reivindicaci¨®n que se pretende justificar en el contexto de la lucha antiterrorista. La medida, siempre que fuera articulada con vistas a la seguridad personal y no ocultase un prop¨®sito de impunidad, no parece descabellada y puede tener f¨¢cil inserci¨®n en el actual procedimiento penal. La comparecencia del agente s¨®lo ante quien debe reconocerle o su testificaci¨®n enjuicio de tal modo que no pueda ser visto por el p¨²blico y el inculpado son medidas que, siempre que no cuestionen el deber de auxilio a la justicia, pueden ser adoptadas en un marco de colaboraci¨®n institucional. La soluci¨®n pac¨ªfica que se ha dado en el Pa¨ªs Vasco a las pol¨¦micas ruedas de reconocimiento judicial muestra que en este terreno son posibles f¨®rmulas pr¨¢cticas de entendimiento.

Lo que constituye un desprop¨®sito may¨²sculo es la pretensi¨®n de poner en manos de los jueces la pol¨ªtica de reinserci¨®n social de los terroristas, cuyas motivaciones de largo alcance trascienden con mucho el ¨¢mbito penal. Dicha pol¨ªtica puede o no ser acertada, pero s¨®lo tiene sentido si sirve a los objetivos de seguridad y de pacificaci¨®n social que el Gobierno de la naci¨®n est¨¢ legitimado para determinar. De la misma manera, suspender los beneficios penitenciarios a los reclusos terroristas metiendo a todos ellos en el mismo saco, desconociendo su conducta y circunstancias personales y midiendo por el mismo rasero a asesinos convictos y a colaboradores, ser¨ªa una medida que har¨ªa las delicias de sus dirigentes: la generalidad de la disposici¨®n y su aplicabilidad colectiva ayudar¨ªan eficazmente a la cohesi¨®n del grupo, imposibilitando cualquier defecci¨®n, y facilitar¨ªan su f¨¦rreo control por parte de la direcci¨®n. Es decir, se conseguir¨ªa todo lo contrario de lo que debe perseguir una pol¨ªtica antiterrorista eficaz.