La OCU promueve una iniciativa legislativa popular para que el Estado indemnice a los afectados de la colza

La Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios ha promovido una iniciativa legislativa popular para reclamar que el Estado indemnice a los afectados por el s¨ªndrome t¨®xico para lo que intentar¨¢ recabar las 500.000 firmas que exige la Constituci¨®n para que la ciudadan¨ªa proponga leyes al Parlamento.Esta iniciativa promovida por la OCU se produce semanas despu¨¦s de que el PSOE derrotara en el Congreso de los Diputados el intento de la oposici¨®n de que el Estado indemnice a los afectados. El partido del Gobierno consider¨® que no se puede desembolsar estas indemnizaciones -oficiosamente cifradas en m¨¢s de 500.000 millones- hasta que los tribunales fijen la responsabilidad de la Administraci¨®n en el denominado sumario de autoridades, en el que se investiga la actuaci¨®n de 10 altos cargos de la etapa centrista.

El texto de la iniciativa legislativa manifiesta que "los consumidores-v¨ªctimas en esta tragedia son todos de econom¨ªa modesta y escasa informaci¨®n y educaci¨®n sobre los derechos de los consumidores" y "son en su inmensa mayor¨ªa de poblaciones rurales de Castilla y Le¨®n y obreros de las poblaciones del cintur¨®n de Madrid". En suma, concluye este texto, son "compatriotas en situaciones de inferioridad, indefensi¨®n y dependencia".

La organizaci¨®n de consumidores, personada en el sumario de la colza, recuerda que a Ios afectados del s¨ªndrome t¨®xico, despu¨¦s de ocho a?os de padecimientos y espera en la causa contra los aceiteros, se les reconoce el derecho a unas indemnizaciones por los da?os f¨ªsicos y morales sufridos, pero como es bien patente, hasta el presente no se encuentra medio de hacer patente la responsabilidad".

Y precisa que los condenados al pago de tales indemnizaciones o son insolventes o sus bienes, hasta ahora oficialmente aparecidos, son de muy escasa cuant¨ªa.

Por otro lado, una reciente sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a la hora de rebajar la multa inicial aplicada a un aceitero por venta a granel -la sanci¨®n baj¨® de 500.000 a 100.000 pesetas- hizo la siguiente consideraci¨®n: "Ha de recordarse que las normas han de ser aplicadas antendiendo a la realidad social y si ¨¦sta, por un lado, ha ofrecido asuntos de tanta gravedad como el tristemente c¨¦lebre caso de la colza -lo que afecta a los fines de prevenci¨®n general propios de la sanci¨®n-, por otro, en localidades peque?as muestra la existencia de la costumbre de comprar aceites en almazaras del lugar cuyos titulares son bien conocidos lo que inspira la l¨®gica confianza".

Esto, indica el fallo, "no puede ser obst¨¢culo para aplicar la normativa sancionadora vigente siendo ¨²nicamente un dato a la hora de graduar la sanci¨®n".