'Mafia policial'

NO ES culpa s¨®lo de la justicia que, con un incre¨ªble retraso de cinco a?os, se procese a los integrantes de la mafia policial que presuntamente decidieron asesinar a sangre fr¨ªa a tres delincuentes para apoderarse del bot¨ªn que acababan de obtener en el desvalijamiento de una joyer¨ªa en Madrid. A la postre, hay que reputar como una victoria de esta misma justicia que la tardanza se haya traducido en el procesamiento y en el encarcelamiento preventivo de los funcionarios policiales implicados -miembros de la Brigada Regional de Polic¨ªa Judicial de Madrid-, cuando han sido tantas las resistencias corporativas y las pasividades pol¨ªticas que en este tiempo se han dado sigilosamente la mano para tender un tupido velo sobre tan detestables hechos o para aportar sobre ellos versiones desorientadoras, incompletas o pura y simplemente falaces.Si la desaparici¨®n de Santiago Corella, el Nani, ha constituido hasta ahora la pincelada de m¨¢s grueso trazo en el sombr¨ªo cuadro dibujado por la mafia policial, la muerte proyectada, organizada y cuidadosamente ejecutada de dos atracadores, y la paciente persecuci¨®n hasta abatirles de un disparo para despojarles impune y c¨®modamente de lo que antes hab¨ªan robado ellos con riesgo, no le va a la zaga en cuanto a burla de la ley, desprecio de las personas y abuso de funciones ejercidas al amparo de la autoridad. Es realmente preocupante constatar c¨®mo este indigno e ilegal proceder que, por lo que parece, se ense?ore¨® durante a?os de una importante brigada que ha echado un negro borr¨®n sobre la imagen de toda la polic¨ªa y ha da?ado su credibilidad ante los ciudadanos, apenas ha sido perseguido por los responsables de Interior y s¨®lo d¨¦bilmente denunciado por los sindicatos y asociaciones policiales.

Es cierto que las maquinaciones delictivas de esta mafia policial se remontan a los a?os 1983 y 1984, y que desde entonces ac¨¢ se han dado pasos importantes en la democratizaci¨®n y profesionalizaci¨®n de las estructuras y comportamientos policiales. Pero, aunque parece l¨®gico suponer definitivamente desterrado del seno de la polic¨ªa este tipo de funcionario capaz de llevar a cabo sus fechor¨ªas con la placa oficial por delante y con pretexto de la exigencia del deber, siempre hay que estar vigilantes. Porque ?qui¨¦n les iba a decir a los socialistas que durante su gobierno se perder¨ªa el rastro de un ciudadano en una comisar¨ªa, se asesinar¨ªa bajo apariencia de un servicio policial y se montar¨ªa una banda de aprovechados agentes dispuestos a tener tambi¨¦n su parte en los beneficios del crimen y de la delincuencia? Bien es verdad que si todo esto pudo suceder se debi¨® en gran medida a la lenidad de la que hicieron gala entonces los responsables de Interior ante la aplicaci¨®n abusiva de la legislaci¨®n antiterrorista a delincuentes comunes.

En estos a?os han aparecido s¨ªntomas preocupantes de un renovado y preponderante poder policial al¨¦rgico al control de la ley, que puede propiciar la aparici¨®n de pr¨¢cticas escasamente respetuosas con los derechos de la persona. El uso incontrolado por servicios policiales de fondos reservados, puesto en evidencia en el caso Amedo, es uno de ellos, al que hay que a?adir la tendencia oficial a confundir la presunci¨®n de inocencia -derecho constitucional que ampara por igual a todos los ciudadanos- con la impunidad cuando se trata de investigar, perseguir y sancionar determinadas conductas funcionariales. La decisi¨®n de uno de los polic¨ªas procesados de ponerse a su conveniencia en manos de la justicia en Logro?o, en cuya prisi¨®n se encuentran 20 de sus compa?eros, en vez de en Madrid, donde tiene su sede el tribunal que debe tomarle declaraci¨®n indagatoria, puede responder a la peregrina idea de que lo que no se permite al com¨²n de los ciudadanos debe tolerarse a determinados funcionarios p¨²blicos.