Informaci¨®n privilegiada

S?LO EXISTE un organismo p¨²blico que desate casi tanta pasi¨®n pol¨ªtica como RTVE: el Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas (CIS), aunque es probable que el Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) se convierta muy pronto en el tercero en discordia. Este ¨²ltimo ha pasado en los ¨²ltimos a?os por momentos agitados en sus relaciones con el Gobierno. Una parte de sus funcionarios ha considerado siempre que la estructura administrativa excesivamente r¨ªgida del instituto se traduc¨ªa en una falta de libertad en sus actuaciones, por lo que han reivindicado un estatuto especial que los liberase de tal dependencia. El cambio org¨¢nico del INE se ha producido en fechas recientes, pero no precisamente en esa l¨ªnea. La decisi¨®n de elevar el rango funcionarial de su director al de subsecretario, dentro del organigrama del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, augura un mayor enfeudamiento administrativo, as¨ª como un reforzamiento del control gubernamental sobre las actividades del instituto.En los reg¨ªmenes basados en la opini¨®n p¨²blica -y el democr¨¢tico lo es esencialmente-, los instrumentos que ayudan a orientar y conformar el juicio de los ciudadanos sobre los asuntos p¨²blicos, o a sondear sus gustos e inclinaciones ideol¨®gicas, se han constituido en cualificados medios auxiliares de la gobernaci¨®n del pa¨ªs y en valiosos ¨²tiles en la lucha por la conquista del poder pol¨ªtico. Es por ello comprensible que el acceso al caudal de informaci¨®n que se obtiene con medios y fondos p¨²blicos sea una reivindicaci¨®n permanente de las fuerzas pol¨ªticas y sociales representativas. La atenci¨®n que desde hace a?os prestan las formaciones pol¨ªticas al CIS tiene prec¨ªsamente esta motivaci¨®n: impedir el uso privilegiado que el Gobierno hace de los trabajos de este organismo p¨²blico y quebrar su reticencia, si no su negativa, a compartirlos con el resto de los grupos pol¨ªticos en el Parlamento. Lo mismo ocurre cuando se reclama mayor rigor y transparencia en el manejo de la estad¨ªstica oficial.

Ni en el caso del CIS ni en el del INE su ubicaci¨®n formal en el organigrama administrativo del Estado -integrado el primero en el Ministerio de Relaciones con las Cortes y el segundo en el de Econom¨ªa y Hacienda- justifica que el Gobierno monopolice sus trabajos o los d¨¦ a conocer cuando ya han perdido su inter¨¦s m¨¢s inmediato. Cada vez que el Gobierno ha tenido que defender en el Parlamento su pol¨ªtica en relaci¨®n con el CIS, lo ha hecho no aduciendo argumentos legales, sino dificultades t¨¦cnicas: los responsables de los sondeos de opini¨®n necesitan meses de depuraci¨®n de los resultados para poder entregarlos sin error. Este tipo de explicaciones huele a puro pretexto y choca adem¨¢s con la relaci¨®n de inmediatez que cualquier radiograflia sobre la evoluci¨®n de la opini¨®n p¨²blica debe tener con el momento en que se produce, para que aqu¨¦lla pueda tener alguna utilidad pr¨¢ctica.

El acceso de las fuerzas pol¨ªticas y sociales a los fondos del CIS y del INE en igualdad de condiciones no es tanto un problema legal como de ¨¦tica pol¨ªtica. El Gobierno tiene en sus manos la ley de secretos oficiales para impedir, cuando lo considere justificado por prudencia pol¨ªtica o seguridad, que un determinado estado de opini¨®n sea conocido. Ser¨ªa pol¨ªticamente m¨¢s honesto y legalmente m¨¢s correcto recurrir a esta v¨ªa que considerar de hecho como secretos -reserv¨¢ndoselos arbitrariamente para s¨ª- trabajos de auscultaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica provechosos para orientar la actividad de los grupos pol¨ªticos y sociales. Pero, por lo que se ve, el Gobierno parece decidido a seguir teniendo en sus manos una informaci¨®n privilegiada cuya m¨¢xima utilidad para quien la conoce se deriva precisamente de que sea desconocida por los dem¨¢s. En esas condiciones, no s¨®lo Alfonso Guerra, sino hasta el m¨¢s lerdo picapapeles es capaz de convertirse en el mejor experto electoral.