El Poder Judicial reclama la devoluci¨®n de las competencias que el PSOE entreg¨® al Gobierno

Un sector del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las tres asociaciones judiciales coinciden en reclamar al Gobierno y al Parlamento nuevas competencias y la devoluci¨®n de las que durante el mandato socialista fueron asignadas al Ministerio de Justicia. Estos sectores piden tambi¨¦n que tales asociaciones participen en el proceso de elecci¨®n parlamentaria de los 12 vocales de procedencia judicial del nuevo CGPJ, que se producir¨¢ en octubre de 1990. El PSOE es contrario a modificar la actual situaci¨®n y el ministro de Justicia, Enrique M¨²gica, desea que cualquier innovaci¨®n se realice a trav¨¦s de su departamento.

El sector m¨¢s progresista del CGPJ -al que pertenece el presidente, Antonio Hern¨¢ndez Gil, el portavoz, Jos¨¦ Luis Calvo, y el vocal Emilio Berlanga- logr¨® introducir en la ¨²ltima Memoria remitida a las Cortes Generales, la propuesta de "una mayor participaci¨®n" en la organizaci¨®n del poder judicial. El documento, cuya elaboraci¨®n se atribuye a Berlanga, invoca el des¨¢nimo de los 21 consejeros ante una tarea "casi exclusivamente legitimadora y burocr¨¢tica" y reivindica "la responsabilidad del dise?o de la pol¨ªtica judicial" para "este ¨®rgano constitucional del Estado" con "todas sus consecuencias". Francisco Granados, portavoz socialista en la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreeso de los Diputados, no ofreci¨® una respuesta a estas propuestas en la sesi¨®n del pasado 29 de junio y se limit¨®, por una parte, a dejar en evidencia que la reclamaci¨®n de m¨¢s competencias no es un¨¢nime en el seno del CGPJ y, por otra, a reprochar al Consejo que no usara m¨¢s sus atribuciones en materia disciplinaria (ve¨¢se EL PA?S del 30 de junio).

Recuperar lo perdido

El PSOE se mantiene as¨ª en la actitud del anterior ministro de Justicia, Fernando Ledesma quien como miembro del primer CGPJ, cuando el PSOE se encontraba en la oposici¨®n, pidi¨® para el ¨®rgano de gobierno del poder judicial m¨¢ximas competencias, que fueron precisamente recortadas siendo Ledesma ministro de Justicia, a trav¨¦s de la ley org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985. El nuevo CGPJ perdi¨® en favor del Ministerio de Justicia todas las competencias sobre los secretarios y personal auxiliar de la oficina judicial, se le recortaron las relativas a selecci¨®n de los jueces y nombramiento del director del Centro de Estudios Judiciales y se qued¨® sin la competencia de dictar reglamentos sobre el desarrollo de la funci¨®n judicial, as¨ª como la propuesta legislativa sobre materias relacionadas con la Justicia, aparte del recorte en la facultad de informar textos legislativos. Calvo, portavoz del actual CGPJ, es partidario de recuperar las competencias perdidas. Consultado por este peri¨®dico, recuerda que "la Constituci¨®n hizo un dise?o abierto de las funciones de gobierno del Consejo, algunas de las cuales fueron rescatadas del Ministerio de Justicia -nombramientos, ascensos, inspecci¨®n y r¨¦gimen disciplinario- y otras quedaron previstas para el desarrollo legislativo" Para Calvo, "si se conecta la in dependencia judicial con la eficacia de la justicia, el Consejo necesita m¨¢s competencias". "Es mejor concentrar todas las competencias sobre la justicia en un s¨®lo ¨®rgano, al que debe exig¨ªrsele", dice, "responsabilidad pol¨ªtica ante el Parlamento".

Juan Alberto Belloch, dirigente de la asociaci¨®n judicial progresista Jueces para la Democracia, es claramente favorable a la ampliaci¨®n de competencias del CGPJ. Belloch record¨® a EL PA?S que est¨¢ pendiente ante el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno vasco contra la LOPJ por no admitir la competencia auton¨®mica sobre medios personales y materiales de la Administraci¨®n de Justicia. Seg¨²n Belloch, una sentencia favorable a la comunidad vasca podr¨ªa iniciar una din¨¢mica de dispersi¨®n perif¨¦rica de las competencias que retiene el Ejecutivo, contra la que s¨®lo existe un remedio eficaz: que el CGPJ retenga tales competencias estatales.

"Montaje institucional"

Perfecto Andr¨¦s, portavoz de Jueces para la Democracia, resalta que con la elecci¨®n parlamentaria de todo el CGPJ [inicialmente el Parlamento s¨®lo eleg¨ªa 8 de los 20 vocales y los 12 de procedencia judicial los eleg¨ªan los jueces y magistrados] "las competencias del Consejo parad¨®jicamente se vieron disminu¨ªdas en la LOPJ de 1985". "El CGPJ es hoy un gran montaje institucional que se justifica por el imperativo constitucional, pero no", asegur¨®, "por lo limitado de sus atribuciones". Sobre la participaci¨®n de las asociaciones judiciales en la elecci¨®n del CGPJ, M¨²gica dio la misma respuesta que sobre el aumento de competencias: "SI sigo de ministro, lo mejor es que la propuesta se realice a trav¨¦s m¨ªo". Por su parte, Calvo reconoci¨® el buen clima de colaboraci¨®n con M¨²gica, pero resalt¨® el papel de las asociaciones como cauce constitucional para la participaci¨®n de los jueces en la pol¨ªtica judicial", si bien se?al¨® que la propuesta asociativa "no puede vincular a las Cortes".

En cambio, el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, record¨® que en la Rep¨²blica Federal Alemana existe una lista permanente de juristas para la elecci¨®n de los magistrados del Tribunal Constitucional alem¨¢n, en la que el Parlamento puede hacer variaciones, pero sin introducir nombres nuevos. Precisamente la sentencia del alto tribunal espa?ol de 29 de junio de 1986 declar¨® no inconstitucional la elecci¨®n parlamentaria de todos los vocales del CGPJ, pero se?al¨® que la finalidad de que el Consejo refleje el pluralismo judicial "se alcanza m¨¢s f¨¢cilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir" a los 12 vocales judiciales.