Colombia, amenazada

LAS ACCIONES criminales de los narcotraficantes encaminadas a destruir las instituciones legales colombianas e imponer su voluntad en el pa¨ªs han alcanzado tales niveles de violencia que estamos ante una verdadera agresi¨®n contra el Estado. El presidente Virgilio Barco no ten¨ªa otra opci¨®n que "declarar la guerra" a los narcotraficantes, movilizando todos los medios para impedir que sigan sembrando la muerte con la impunidad con que act¨²an desde hace a?os. En los ¨²ltimos d¨ªas, la situaci¨®n empeor¨® de manera alarmante. No se trata s¨®lo de un estado end¨¦mico de criminalidad que causa unas 10.000 muertes al a?o y hace de Colombia uno de los pa¨ªses con mayor ¨ªndice de violencia del mundo. Los narcotraficantes se plantean, ya de manera descarada, eliminar por medio de asesinatos sistem¨¢ticos a los pol¨ªticos, magistrados o polic¨ªas que no les agradan, demostrando as¨ª que ellos son los verdaderos due?os del pa¨ªs.El magistrado del Tribunal Superior de Bogot¨¢ Carlos Ernesto Valencia firm¨® una sentencia vinculando a los jefes del c¨¢rtel de Medell¨ªn con el asesinato del dirigente de Uni¨®n Patri¨®tica, Jaime Pardo Leal. A las pocas horas fue asesinado. El comandante de polic¨ªa de la provincia de Antioquia -a la que pertenece Medell¨ªn-, coronel Valdemar Franklin Quintero, adopt¨® medidas que amenazaban las operaciones de la coca¨ªna: el 18 de agosto fue asesinado. Al d¨ªa siguiente, ante 7.000 personas congregadas para escucharle, el brillante pol¨ªtico liberal Luis Carlos Gal¨¢n Sarmiento, sin duda el candidato que ten¨ªa m¨¢s posibilidades de ser elegido en las pr¨®ximas elecciones a la presidencia de la Rep¨²blica, fue tambi¨¦n asesinado. Estos tres cr¨ªmenes resumen hasta qu¨¦ punto el narcotr¨¢fico est¨¢ decidido a impedir que ejerzan influencia en la magistratura, en las fuerzas del orden p¨²blico o en la pol¨ªtica personas resueltas a acabar con las complicidades que hoy le protegen.

Estos ¨²ltimos atentados han hecho desbordar el vaso. Los jueces y magistrados, despu¨¦s del asesinato de Ernesto Valencia, presentaron masivamente la renuncia de sus cargos, afirmando que no pod¨ªan seguir cumpliendo sus funciones. Doscientos veinte funcionarios de la justicia fueron asesinados entre 1981 y 1989, y un elevado n¨²mero de ellos han tenido que abandonar el pa¨ªs por las amenazas. Cuando estaba ya paralizado el aparato judicial, tuvo lugar el criminal atentado contra el candidato Gal¨¢n, provocando una verdadera conmoci¨®n nacional. En medio de impresionantes manifestaciones de duelo, todos los sectores del pa¨ªs han sentido que est¨¢ en juego la existencia misma de Colombia como Estado. El Gobierno no pod¨ªa retroceder ante esta agresi¨®n del narcotr¨¢fico sin precipitar al pa¨ªs hacia una descomposici¨®n total.

Por primera vez desde que ocupa la presidencia del pa¨ªs, Virgilio Barco habl¨® de manera en¨¦rgica. Anunci¨® las medidas que el Gobierno va a poner en marcha, utilizando los poderes que le confiere el estado de sitio. Las noticias de que numerosas fincas de los principales capos han sido registradas por la polic¨ªa, de que cerca de 10.000 personas han sido detenidas en el curso de esas operaciones y de que los bienes de los narcotraficantes ser¨¢n expropiados, indican que se ha puesto en marcha una operaci¨®n susceptible de da?ar a los grandes de la coca¨ªna. El restablecimiento de la vigencia del tratado de extradici¨®n a EE UU de esos criminales puede ser particularmente eficaz, sobre todo mientras el sistema judiciario y penitenciario colombiano siga minado por los sobornos de los narcotraficantes.

?Se llevar¨¢n hasta el fin estas medidas? Las experiencias del pasado no han sido muy positivas. El presidente Barco nunca ha tenido la energ¨ªa suficiente, pero cabe esperar que la extrema gravedad del momento no permita el que a grandes palabras sigan hechos t¨ªmidos. La dificultad estriba en que es ineludible aislar las zonas de podredumbre que hay dentro del mismo aparato del Estado y del Ej¨¦rcito. La corrupci¨®n organizada por los traficantes de coca¨ªna alcanza a todos los estamentos, altos funcionarios, pol¨ªticos de relieve, militares de alta graduaci¨®n... Por eso es tan dif¨ªcil ganar la guerra entre el Estado de derecho y la delincuencia. El resultado depender¨¢ de una firme voluntad pol¨ªtica en la cumbre del Estado, ausente hasta hace muy poco.