El fiscal pide un mes de arresto para 32 arroceros por la muerte de 20.000 patos

La fiscal¨ªa de la Audiencia Provincial de Sevilla ha solicitado una pena de un mes de arresto mayor y 50.000 pesetas de multa para los 32 arroceros de las marismas del Guadalquivir que utilizaron plaguicidas organofosforados y causaron la muerte de m¨¢s de 20.000 aves acu¨¢ticas en el parque nacional de Do?ana en septiembre de 1986. La fiscal Auxiliadora de la Rosa considera que los 32 arroceros y dos gerentes de las empresas suministradoras del producto son culpables de un delito contra el medio ambiente.

En su escrito de conclusiones provisionales, Auxiliadora de la Rosa Moreno considera que la mortandad de las aves en el verano de 1986 se debi¨® al envenenamiento ocasionado por el uso de plaguicidas ¨®rganofosforados, que llevaban en su composici¨®n el componente metil-parati¨®n, cuya aplicaci¨®n est¨¢ prohibida en zonas h¨²medas en prevenci¨®n de este tipo de desastres ecol¨®gicos.La fiscal¨ªa estima que tanto los arroceros como los gerentes de las dos empresas que suministraron el producto eran conocedores de la prohibici¨®n de uso en la zona de marismas, ya que los envases del plaguicida contienen en sus etiquetas indicaciones sobre su uso en dichas zonas, al tiempo que existe una orden del Ministerio de Agricultura, de fecha 9 de diciembre de 1975, que reglamenta el uso de los productos fitosanitarios en prevenci¨®n de da?os a la fauna silvestre.

Denuncias

El sumario 153/89 -abierto como consecuencia del envenenamiento masivo de aves acu¨¢ticas en en Parque Nacional de Do?ana, y tras las denuncias presentadas por la Agencia del Medio Ambiente de la Junta de Andaluc¨ªa (AMA), el ICONA, y grupos ecologistas- ser¨¢ visto en un juzgado de lo Penal en Sevilla, el pr¨®ximo mes de enero, seg¨²n la previsiones de la fiscal¨ªa de la Audiencia sevillana, ya que a¨²n faltan por presentar las conclusiones provisionales de los abogados defensores. No obstante, fuentes de la fiscal¨ªa se?alaron ayer a este peri¨®dico, que la fecha depender¨¢ de cu¨¢ntos abogados defensores presenten los procesados.En la calificaci¨®n del ministerio p¨²blico, se estima en una cifra aproximada a "m¨¢s de 20.000", las aves que fallecieron en Do?ana como consecuencia del envenenamiento, aunque durante las fechas de la mortandad se barajaron cifras superiores a las 27.000, en su mayor¨ªa patos, aunque tambi¨¦n hab¨ªa garzas, chorlitejos, esp¨¢tulas y otras especies acu¨¢t¨ªcas.

La fiscal solicita penas similares -un mes de arresto mayor y 50.000 pesetas de multa- para los 32 arroceros y los dos gerentes de las empresas distribuidoras del plaguicida, por un delito contra el medio ambiente, tipificado en el art¨ªculo 347 bis del C¨®digo Penal.

Seg¨²n se desprende del escrito, el ministerio p¨²blico mantendr¨¢ la tesis, esgrimida por varios informes oficiales realizados tras el desastre, que atribu¨ªan la responsabilidad de las muertes al uso clandestino de pesticidas -el flasforado metilparati¨®n- aplicado para eliminar los cangrejos rojos de r¨ªo en las tablas, desag¨¹es y en canales de riego de los arrozales.

El Patronato del Parque Nacional de Do?ana, que preside el vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, inform¨® el 4 de octubre de 1986, que "la causa m¨¢s probable" de la mortandad de las aves, se debi¨® a "una intoxicaci¨®n aguda por pesticidas del tipo ¨®rganofosforados.

Guerra dijo entonces desconocer los autores materiales del vertido pero asegur¨® que el Patronato promover¨ªa una investigaci¨®n judicial de los acontecimientos "y solicitar¨¢ la depuraci¨®n de las posibles responsabilidades de toda ¨ªndole que pudieran derivarse". Asimismo, el vicepresidente del Gobierno dijo que todos los organismos con responsabilidad en el desastre ecol¨®gico estuvieron coordinados y actuaron correctamente.