La memoria y los indultos

Acaba de producirse en Argentina lo tan anunciado, tantas veces prorrogado, y finalmente decidido por el poder Ejecutivo. Se ha iniciado el proceso de cancelaci¨®n por decreto de la memoria hist¨®rica, al sancionarse un elevado n¨²mero de indultos para miembros de las fuerzas armadas y de organizaciones guerrilleras, acusados o condenados por grav¨ªsimos delitos contra la vida, la integridad f¨ªsica, la libertad y la propiedad de miles de personas; todos ellos, acusados o criminal: mente responsables de la masacre que ensombreci¨® al pa¨ªs durante una cruenta d¨¦cada. Tambi¨¦n est¨¢n incluidos en ese beneficio los m¨¢ximos culpables de haber llevado a la naci¨®n a la guerra m¨¢s inicua y suicida que podr¨ªa pensarse; como, igualmente, los autores de verdaderas sublevaciones castrenses durante el tramo de Gobierno democr¨¢tico encabezado por Ra¨²l Alfons¨ªn.Parecer¨ªa que todos esos hechos, simplemente enunciados, poseen en cualquier sociedad una suficiente energ¨ªa como para pulverizar todo orden social. As¨ª lo pensaron en su momento los integrantes de la Comisi¨®n Nacional sobre Desaparici¨®n de Personas (Conadep) que investigaron aquellas atrocidades: del mismo modo lo hicieron los fiscales que acusaron ejerciendo la acci¨®n p¨²blica, y finalmente los tribunales que procesaron a unos o condenaron a otros, incluida la Corte Suprema de Justicia. Pero ya no caben reproches o cr¨ªticas para la actividad jurisdiccional por la mayor o menor lenidad de sus decisiones o por la hip¨®crita conducta de los jueces, los cuales, condenando o absolviendo, parecieron olvidar entonces a qui¨¦nes deb¨ªan sus cargos, pues, confirmados en ellos por el Gobierno constitucional de Alfons¨ªn, hab¨ªan sido designados durante la dictadura por los que luego enjuiciaron.

Ello, as¨ª pues, restaurada la democracia en diciembre de 1983, el Gobierno leg¨ªtimo, los poderes p¨²blicos y, en general, toda la clase pol¨ªtica, iniciaron una marcha hacia atr¨¢s mediante una retah¨ªla de cesiones y concesiones a los principales responsables de la masacre que se coron¨® con las tristemente c¨¦lebres leyes de punto final y obediencia debida. Este comportamiento permiti¨® un rearme estrat¨¦gico de los poderes f¨¢cticos, de siempre influyentes en los procesos pol¨ªticos argentinos, y, fue minando por una parte el discurso ¨¦tico que cimentaba la legitimidad del Gobierno radical, mientras, por la otra, ha dado pie a la alegada opini¨®n de que es imprescindible el perd¨®n para alcanzar la reconciliaci¨®n y la convivencia pac¨ªfica entre los argentinos. ?ste parece ser el fundamento de los indultos que acaba de firmar el presidente Menem.

Y ahora s¨ª hay que entrar en la naturaleza y el sentido de tales indultos. En efecto, el indulto es, seg¨²n la Constituci¨®n argentina, una facultad que tiene el presidente de la Rep¨²blica, absolutamente diferente de las que posee el poder Judicial, mediante la cual se extingue la pena impuesta o se disminuye ¨¦sta por razones de oportunidad. Por tanto, es un acto de poder, de Gobierno, no reglado, que responde a razones netamente pol¨ªticas sin constituir una injerencia del Ejecutivo en la jurisdicci¨®n. Mediante el indulto -que no podr¨ªa dictarse colectivamente- se perdona la pena, pero no la condenaci¨®n, subsistiendo, en consecuencia, el delito. Existe una vasta discusi¨®n acerca de si esta facultad presidencial puede emplearse antes de una sentencia firme condenatoria; es decir, si puede indultarse a procesados que no han sido a¨²n condenados (¨¦ste es el caso de muchos beneficiados por la medida del presidente Menem), pues, de aplicarse en tales supuestos, o sea, sin haberse determinado todav¨ªa la culpabilidad del imputado, podr¨ªa afectarse la presunci¨®n de inocencia que todo acusado goza hasta la condena.

Ahora bien, sabido es que muchos de los militares beneficiados (y otros que pueden serlo en el futuro: Videla, etc¨¦tera) han manifestado que un indulto los ofender¨ªa, pues ellos insisten en haber actuado correctamente, y antes bien reclaman que se reivindique su hero¨ªsmo (en la guerra sucia, en las Malvinas, o en las sublevaciones de Villa Martelli, Monte Caseros, etc¨¦tera). En consecuencia, existe la posibilidad de que los indultados no se llamen a silencio, tanto en el pleno de las medidas presidenciales (rechaz¨¢ndolas jurisdiccionalmente) como en el de sus actuaciones posteriores. Al no estar arrepentidos por actos que los jueces argentinos consideraron como "atroces y aberrantes", el indulto los agravia.

De este modo, y as¨ª de sencillo, en lugar de solucionar la cuesti¨®n militar y cerrar las heridas, la decisi¨®n presidencial las reabre y permite el rearme de un poder castrense altamente peligroso. Por un lado, una respuesta militar agresiva puede hacer perder la iniciativa pol¨ªtica al Gobierno constitucional, toda vez que los belicosos ex comandantes est¨¢n en condiciones de recoger consenso en sectores sociales de peso. De hecho, no debe olvidarse a muchos personajes y protagonistas del poder financiero que anta?o estuvieron estrechamente vinculados con el modelo militar y hoy se manifiestan decididos impulsores del proyecto impulsado por las multinacionales que orientan la pol¨ªtica econ¨®mica del t¨¢ndem Menem-Rapanelli, entre todos los cuales no hay que olvidar el poderoso influjo de la jerarqu¨ªa cat¨®lica. Por otro lado, como lo dije no hace mucho (v¨¦ase EL PA?S del 3 de septiembre pasado), la fusi¨®n de la clase militar que se concretar¨ªa con el perd¨®n para los indiscIplinados (fundamentalistas, carapintadas, etc¨¦tera), otorgar¨ªa a las fuerzas armadas una presencia cohesionada en el firmamento de las corporaciones con elevado poder f¨¢ctico en Argentina.

En resumen, el proceso iniciado con estos indultos, que en verdad no es m¨¢s que la continuaci¨®n de las concesiones hechas por la democracia a quienes la aborrecen, no ayudar¨¢ mucho a su consolidaci¨®n. Dicho esto, vaya una ¨²ltima reflexi¨®n relativa a la utilizaci¨®n de una medida que tanto pretende borrar de la memoria hist¨®rica de todo un pueblo lo que supuso el exterminio y la tortura, como confirma que en Argentina existen muchos individuos que pueden atentar contra la vida, la integridad y los bienes de las personas sin que les alcancen las leyes de la Rep¨²blica, pues cuentan para ello con el amparo de los poderes p¨²blicos que, por decreto, sancionan su perd¨®n. ?No son ¨¦stas violaciones de ciertas garant¨ªas, como la del debido proceso y de igualdad frente a la ley, que configuran el Estado de derecho?