Pobres, viejos y abandonados

Un pol¨¦mico informe elaborado por C¨¢ritas en 1984, a instancias del Ministerio de Trabajo y de la Direcci¨®n General de Acci¨®n Social, calculaba que en Espa?a hab¨ªa ocho millones de pobres. Esta cifra -asumida hasta ahora como v¨¢lida por la mayor¨ªa de las entidades dedicadas a la asistencia social, pero fuertemente cuestionada por la Administraci¨®n- englobaba no s¨®lo a las personas declaradas tradicionalmente como indigentes, sino tambi¨¦n -seg¨²n los criterios aplicados por la Comunidad Europea (CE)- a todas aqu¨¦llas cuyos ingresos no superaban la mitad de los ingresos medios netos por persona (12.500 pesetas mensuales). El 20% de las familias que viv¨ªan en ciudades de m¨¢s de 250.000 habitantes ten¨ªa ingresos inferiores a tal cantidad.Seg¨²n las conclusiones del informe, el estado de pobreza es consecuencia de una aguda desigualdad social (en las ¨¢reas urbanas, el 10% de las familias dispon¨ªa del 40% de la renta, mientras que el 21,6% ingresaba s¨®lo el 6,9%), fruto de un problema estructural agravado por la crisis econ¨®mica y el paro.

Con el mismo criterio, un estudio presentado en 1988 por el Instituto de Estudios Metropolitanos de Barcelona -basado en una encuesta de 1986- llegaba a conclusiones parecidas, e inclu¨ªa en la definici¨®n de pobre al 23,5% de la poblaci¨®n del ¨¢rea metropolitana de Barcelona (tres millones de personas).

Una familia de cuatro personas cuyo ¨²nico ingreso fuera el del salario m¨ªnimo interprofesional (46.680 pesetas mensuales)quedar¨ªa as¨ª considerada como pobre, al igual que la mayor¨ªa de los jubilados y pensionistas espa?oles, el 75% de los cuales cobra pensiones por debajo de este salario m¨ªnimo.

Un reciente estudio, a¨²n por concluir, elaborado por un grupo de soci¨®logos espa?oles para la CE, cifra en al menos dos millones de personas el n¨²mero de pobres en Espa?a. El informe, cuyos resultados contrastan con los anteriormente citados, no ha podido contar, sin embargo, con los datos de que dispone el propio Ministerio de Asuntos Sociales.Arma arrojadiza

La existencia de la pobreza, siempre inc¨®moda para el poder, se convierte muchas veces en arma arrojadiza. Ejemplo de esto ¨²ltimo son las acusaciones, nunca demostradas, vertidas el pasado mes de agosto por la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid contra el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya por el supuesto env¨ªo de 500 mendigos.

La Fundaci¨®n Familia y Bienestar Social, de tendencia democristiana, indica que 2,5 millones de familias espa?olas carecen de ingresos o los tienen por debajo de 30.000 pesetas mensuales. La fundaci¨®n ha propuesto, para paliar tal situaci¨®n, el establecimiento de una pensi¨®n m¨ªnima por esa misma cantidad, que costar¨ªa seg¨²n sus c¨¢lculos unos 750.000 millones de pesetas (aproximadamente el 5% del presupuesto del Estado). La propuesta no es nueva: el Gobierno vasco ha implantado un salario social para indigentes de 30.000 pesetas mensuales por familia. Actualmente, la pensi¨®n asistencial m¨ªnima, para aquellos que no tienen ning¨²n otro tipo de ingreso, procede del Fondo de Asistencia Social (FAS) y se sit¨²a en 20.000 pesetas mensuales. La insuficiencia de las pensiones, tanto de jubilaci¨®n como asistenciales, es un viejo problema, objeto de reivindicaciones sociales y de promesas electorales generalmente incumplidas. La necesidad de que la cuant¨ªa de la pensi¨®n m¨ªnima se equipare al salario m¨ªnimo fue una de las reivindicaciones incluidas por los sindicatos en la plataforma presentada al calor de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. A pesar de que formaba parte del programa electoral del PSOE, la promesa no fue cumplida.

Tras el fracaso de las negociaciones entre Gobierno y sindicatos, el Ejecutivo aplic¨® un aumento del 6,3% para las pensiones m¨¢s bajas, pero eso no fue suficiente. La pensi¨®n m¨ªnima se sit¨²a actualmente en 23.780 pesetas mensuales y la pensi¨®n media es de 36.400 pesetas. La atenci¨®n social que presta la Administraci¨®n en todos sus niveles resulta claramente insuficiente para paliar las situaciones extremas de pobreza, y propicia la actividad sustitutoria de numerosas entidades ben¨¦fico-privadas. Mientras la mayor¨ªa de pa¨ªses de la CE destina a acci¨®n social el 27% de su producto interior bruto, Espa?a s¨®lo dedica el 17%, seg¨²n c¨¢lculos de la Crida per la Renovaci¨® de la Seguretat Social, movimiento formado por m¨¦dicos y abogados.

En el caso de los viejos, la incapacidad de la Administraci¨®n para cubrir todas las necesidades en materia de centros geri¨¢tricos ha propiciado la proliferaci¨®n de residencias privadas, que muchas veces escapan al control de los poderes p¨²blicos. Recientemente, el juez orden¨® el ingreso en prisi¨®n de la propietaria de una residencia de ancianos de Vallvidrera (Barcelona) por el estado inhumano en que se encontraba un grupo de ancianas, despu¨¦s de que las inspecciones efectuadas por la Generalitat no descubrieran esta situaci¨®n.

La creaci¨®n del Ministerio de Asuntos Sociales, en julio de 1988, no ha hecho variar sustancialmente el problema ni ha resuelto la descoordinaci¨®n entre las administraciones competentes (comunidades aut¨®nomas, ayuntamientos) y las instituciones privadas. A pesar de su corta vida, sin embargo, la actuaci¨®n del nuevo ministerio ya ha originado conflictos: el reparto de las subvenciones procedentes del 0,52% del impuesto sobre la renta (IRPF) con destino no religioso, lo ha enfrentado con C¨¢ritas, entidad vinculada a la Iglesia y la m¨¢s importante de las entidades privadas de beneficencia.

Programas electorales

La cuant¨ªa de las pensiones forma parte de los programas electorales de los principales partidos en sus apartados relativos al bienestar social, y todos ellos se refieren en mayor o menor medida a la necesidad de equiparar las pensiones m¨ªnimas al salario m¨ªnimo interprofesional y de asegurar su revalorizaci¨®n autom¨¢tica conforme al coste de la vida. La excepci¨®n es el Partido Popular (PP), que propone calcularlo seg¨²n la evoluci¨®n de los salarios.

El programa del PSOE propone "equiparar la pensi¨®n m¨ªnima familiar con el salario m¨ªnimo neto", el PP se refiere a la equiparaci¨®n de las "pensiones contributivas" con el salario m¨ªnimo en el plazo de un a?o, mientras que el Centro Democr¨¢tico y Social (CDS) y Converg¨¨nc¨ªa i Uni¨® (CiU) proponen la equiparaci¨®n inmediata de la "pensi¨®n m¨ªnima", sin m¨¢s concreci¨®n. Izquierda Unida (IU) a?ade a esto ¨²ltimo la necesidad de incrementar el salario m¨ªnimo interprofesional hasta 50.000 pesetas.

Como propuestas m¨¢s nuevas, el CDS propone invertir 300.000 millones de pesetas anuales en un salario social destinado a j¨®venes en busca de su primer empleo y otros 200.000 millones para completar las actuales pensiones as¨ªstenciales. A este respecto, IU propone el establecimiento de pensiones asistenciales y un salario social (de 30.000 pesetas mensuales) para personas mayores de 65 a?os en situaci¨®n precaria y personas que carezcan de prestaciones o subsidios, respectivamente. El PSOE anuncia un r¨¦gimen de prestaciones no contributivas sin especificar su coste o su cuant¨ªa.

S¨®lo los socialistas y el CDS proponen de forma espec¨ªfica incrementar la construcci¨®n de centros geri¨¢tricos p¨²blicos y aumentar el control sobre las residencias de ancianos privadas.