Sociedad y droga

Cuando el problema de la drogadicci¨®n empez¨® a adquirir caracteres alarmantes en Norteam¨¦rica all¨¢ por los a?os 1960 y hacia el a?o 1971 se extendi¨® a Europa, se sinti¨® la necesidad de tratarlo a nivel internacional, y a tal fin se celebraron, como principales, las convenciones de las Naciones Unidas de 1961 y de Viena de 1971 sobre drogas y estupefacientes y sustancias psicotr¨®picas, en las que se acord¨® penalizar el tr¨¢fico de drogas, por lo que todos los pa¨ªses signatarios de dichas convenciones, o los que, como Espa?a, se adhirieron a ellas, se vieron obligados a introducir en su ordenamiento la penalizaci¨®n.Hoy puede decirse que casi todos los pa¨ªses que integran la comunidad mundial tienen implantado el sistema de penalizaci¨®n, y muchos de ellos incluso penalizan el consumo.

Resulta, pues, una perogrullada el afirmar que el cambio de sistema de penalizaci¨®n por el de legalizaci¨®n no puede llevarse a cabo m¨¢s que por el procedimiento que instaur¨® aqu¨¦l, o sea, a nivel internacional, ya que, como es obvio, el pa¨ªs al que se le ocurriese legalizar el uso y tr¨¢fico de droga por s¨ª solo se convertir¨ªa en el para¨ªso de los drogadictos y de los narcotraficantes, resultando inhabitable para el resto de los ciudadanos no pertenecientes a ninguno de los dos grupos. As¨ª lo puso de relieve el presidente del Gobierno espa?ol en unas recientes declaraciones hechas a un peri¨®dico de Madrid exponiendo, para mejor reflejar su opini¨®n, un ejemplo clarificador. Aunque lo que se acaba de exponer sea algo tan evidente y generalmente conocido, no parece inoportuno repetirlo para evitar el confusionismo que pueda crear el que todav¨ªa se sienten afirmaciones como que el Gobierno socialista pronto se ver¨¢ obligado a plantear un debate nacional sobre la legalizaci¨®n de la droga, y que si hasta ahora no lo hizo, ha sido por falta de valent¨ªa, o cuando se esgrime como arma arrojadiza contra el Gobierno de turno el que no proceda a la legalizaci¨®n.

Esta falta de claridad en cuanto a cu¨¢les sean los l¨ªmites espaciales del problema ¨²nicamente puede estar inspirada por una ignorancia absoluta o por intenciones puramente demag¨®gicas.

Por ser conscientes de ello, cuando Izquierda Unida incluy¨® en su programa, electoral la legalizaci¨®n de la droga (de lo que hoy parece haber desistido) lo hizo en sus justos t¨¦rminos, en el sentido de que el acuerdo iba dirigido a que a nivel internacional se estudiase el proyecto de legalizar el consumo y tr¨¢fico de drogas por considerarlo m¨¢s conveniente o eficaz para la erradicaci¨®n del problema.

Tienen raz¨®n los partidarios de la legalizaci¨®n cuando afirman que el sistema de penalizaci¨®n, tras los largos a?os de haber sido implantado en la generalidad de los pa¨ªses, no ha logrado el ¨¦xito que con ¨¦l se pretend¨ªa, en cuanto que no solamente no ha erradicado el problema, sino que ni siquiera ha logrado contener la extensi¨®n de la drogadicci¨®n; como la tienen tambi¨¦n quienes piensan que el derecho penal no es el medio m¨¢s id¨®neo para resolver muchos problemas sociales.

Por otra parte, los amantes de la libertad y de la potenciaci¨®n de los derechos individuales tienden instintivamente a rechazar toda prohibici¨®n o restricci¨®n que puede implicar alguna limitaci¨®n de aquellos, salvo que vengan impuestas por justificad¨ªsimas y excepcionales razones de ¨ªndole social o p¨²blica que impongan la necesidad de ciertos sacrificios.

?Existen tales razones para limitar el derecho al consumo y tr¨¢fico de drogas, o lo que es lo mismo, cu¨¢l de los dos sistemas contrapuestos: la penalizaci¨®n o la legalizaci¨®n, es el m¨¢s conveniente para erradicar el problema del que se viene tratando?

Los argumentos esgrimidos por los defensores de la legalizaci¨®n en apoyo de su tesis, como son: que con su implantaci¨®n se disminuir¨ªa la inseguridad ciudadana; se evitar¨ªa la muerte de los drogadictos producida por la alteraci¨®n de la droga y se dar¨ªa un golpe mortal a los narcotraficantes, tan s¨®lo son parcialmente ciertas.

Es cierto que con la legalizaci¨®n desaparecer¨ªa la llamada por los juristas "delincuencia funcional", o sea, aquellos delitos que los toxic¨®manos se ven obligados a cometer como medio de obtener el dinero que necesitan para adquirir la sustancia capaz de calmar su ansiedad, pero no es menos cierto que la adicci¨®n a determinadas drogas, a medida que se prolonga en el tiempo, produce una p¨¦rdida de los frenos inhibitorios como consecuencia de la dram¨¢tica destrucci¨®n ps¨ªquica y f¨ªsica del adicto que le colocan en una situaci¨®n de aislamiento social y de marginaci¨®n que le hacen especialmente proclive al delito.

Que el factor crimin¨®geno que representa la drogadicci¨®n no se elimina totalmente con la legalizaci¨®n del tr¨¢fico lo prueba el hecho de la incidencia que en la criminalidad tiene la ingesti¨®n de drogas legalizadas, como el alcohol, seg¨²n demuestran las estad¨ªsticas policiales y judiciales de todos los pa¨ªses.

La legalizaci¨®n evitar¨ªa, evidentemente, las muertes producidas por la adulteraci¨®n del producto, pero no podr¨ªa evitar las producidas por sobredosis, sin que se conozcan -que yo sepa- la proporci¨®n existente entre unas y otras. La despenalizaci¨®n del tr¨¢fico de drogas supondr¨ªa, sin duda, un golpe mortal para los narcotraficantes, quienes, seguramente, tratar¨ªan de resta?ar sus heridas e impedir que fuesen mortales poniendo en juego qui¨¦n sabe qu¨¦ procedimientos inspirados en su insaciable codicia para poder compensar la p¨¦rdida de las enormes ganancias obtenidas por los precios desorbitados inherentes a la prohibici¨®n, pero entre los que puede afirmarse, con seguridad, que se encontrar¨ªan los tendentes a lograr el fomento y la difusi¨®n del consumo.

Por ello quiza, ninguno de los dos sistemas antag¨®nicos y controvertidos: penalizaci¨®n o legalizaci¨®n, sea de por s¨ª, aplicado radicalmente, lo suficientemente eficaz para erradicar el mal, que constituye la meta, com¨²nmente perseguida. No parece, por tanto, descabellado el proponer que todos los estudiosos del tema dedicasen su s esfuerzos a buscar soluciones ecl¨¦cticas como podr¨ªa ser, por poner un ejemplo, aunque de forma grosera y esquem¨¢tica, el mantener, por un lado, la penalizaci¨®n, e incluso exacerbarla, contra los narcotraficantes y, por otro, proporcionar a los drogodependientes la sustancia que necesiten para satisfacer sus necesidades mediante los controles que se estimen necesarios y a trav¨¦s de las instituciones y personal sanitario como corresponde a la condici¨®n de enfermos que en general presentan -aunque, evidentemente, no todos tienen esta condici¨®n-, orientado el suministro y tratamiento a lograr la deshabituaci¨®n mediante m¨¦todos persuasivos, o proporcion¨¢ndoles la informaci¨®n necesaria para que usen de la droga con el menor riesgo posible.

Pero en definitiva, sea cual fuere el sistema que se adopte legalmente entre los dos a los que se viene haciendo referencia: penalizaci¨®n o legalizaci¨®n, ¨²nicamente podr¨ªa operar sobre los efectos -lo que de lograr en alguna medida el fin perseguido ya ser¨ªa todo un ¨¦xito-, pues la erradicaci¨®n de la mayor¨ªa de las m¨²ltiples y variad¨ªsimas razones que impulsan a los j¨®venes a buscar en la droga la evasi¨®n o la protesta o compensaci¨®n por sus problemas, y en la que inciden aun a sabiendas de que el caer en la drogadicci¨®n supone un flirteo con la muerte, ¨²nicamente podr¨¢ lograrse cuando se produzca un cambio de las estructuras sociales que haga desaparecer las referidas razones de fondo que impulsan a la mayor¨ªa y, sobre todo, a los m¨¢s d¨¦biles social y personalmente, aunque existan algunos que incidan en la toxicoman¨ªa por motivos m¨¢s f¨²tiles, como pueden ser, por ejemplo, el participar en un juego que est¨¢ de moda, buscar experiencias originales o estimulantes, etc¨¦tera.

Por tanto, entiendo que, mientras que las cosas sigan como hasta ahora, constituye un ideal ut¨®pico el de los que piensan que el problema de la droga es el de la repercusi¨®n o penalizaci¨®n y que no es solamente un riesgo a erradicar, sino un derecho a defender, cual es el que el individuo pueda realizar su proyecto vital sin que el Estado tenga derecho a imped¨ªrselo invadiendo su intimidad, de modo que s¨®lo la educaci¨®n, la inquietud y el propio proyecto de vida son los que pueden decidir qu¨¦ droga usar y c¨®mo hacerlo, sin que corresponda al Estado otro papel que el de proporcionar la informaci¨®n m¨¢s completa y razonable posible sobre cada uno de los productos, controlar su elaboraci¨®n y calidad y ayudar a quienes lo deseen o se vean damnificados por esta libertad social. Pues el ejercicio de tal derecho presupone, en todo caso, la existencia de hombres realmente libres y plenamente conscientes para tomar tan trascendentales decisiones, por lo que no es viable mientras la mayor¨ªa de los que inciden en la drogadicci¨®n se hallen en condiciones de esclavitud o alienaci¨®n debido a determinadas condiciones sociales, de suerte que, mientras que no se superen, est¨¢ plenamente justificada la injerencia del llamado ir¨®nicamente, por el fil¨®sofo Savater "Estado cl¨ªnico", en cuanto que el Estado se halla plenamente legitimado para intervenir adoptando cuantos medios estime necesarios para proteger a las v¨ªctimas de la drogadicci¨®n, como son los propios drogadictos y la sociedad entera.

Obviamente, esa intervenci¨®n estatal habr¨¢ de realizarse de forma que no implique un exceso de autoritarismo ni el sometimiento del individuo a vigilancia bajo el pretexto de defender una salud o una moral p¨²blicas, pues ¨²nicamente as¨ª se podr¨¢ vencer el recelo y la suspicacia que en un principio habr¨¢ de suscitar en quienes hayan de someterse al tratamiento.