Presi¨®n justificada

CADA DIA que pasa, las sospechas iniciales sobre la implicaci¨®n de las fuerzas armadas salvadore?as en el salvaje asesinato de seis jesuitas, entre ellos el espa?ol Ignacio Ellacur¨ªa y otros cuatro compatriotas, se van convirtiendo en certezas. Si no directamente, la participaci¨®n de los militares salvadore?os en la horrible matanza ha quedado claramente establecida con la confirmaci¨®n de que durante los largos 45 minutos que los comandos asesinos invirtieron en violentar las puertas de la residencia universitaria donde se alojaban los jesuitas, matar a ¨¦stos, recorrer y registrar todas las habitaciones y arrojar bombas contra la fachada del edificio, soldados y tanquetas del Ej¨¦rcito aseguraban la vigilancia exterior de la sede universitaria. Imposible que esa fuerza no se enterara de la matanza y, admitido esto, dif¨ªcilmente cre¨ªble que no pudieran impedirla.Estas evidencias, cada vez m¨¢s concluyentes, vienen refrendadas adem¨¢s por un clamor popular: todo el mundo, desde los colaboradores de los jesuitas asesinados y fuerzas de la oposici¨®n hasta miembros del Congreso de Estados Unidos, sabe perfectamente, y as¨ª lo ha sugerido, qui¨¦nes son los responsables de la atroz matanza.

El Gobierno espa?ol ha reaccionado con prontitud a la noticia, expresando su protesta y poniendo a disposici¨®n de la colonia espa?ola los medios necesarios para su eventual evacuaci¨®n. No parece, sin embargo, que eso sea suficiente. Cuando varias monjas norteamericanas fueron asesinadas en El Salvador, la Administraci¨®n de Estados Unidos envi¨® una comisi¨®n investigadora propia y ejerci¨® fuertes presiones, incluyendo la suspensi¨®n de todo tipo de ayuda militar y econ¨®mica, para exigir la captura y enjuiciamiento de los culpables.

Espa?a est¨¢ en condiciones de ejercer sobre el Gobierno de El Salvador una presi¨®n eficaz, sin llegar a extremos dram¨¢ticos, para conseguir el castigo de los culpables y, si se demostrase la complicidad del poder o de sectores de ¨¦l en los asesinatos, exigir las responsabilidades del caso y adoptar sanciones ejemplares. Ayer, personas pr¨®ximas a los asesinados, a¨²n sobrecogidas por el espanto, se preguntaban sobre qu¨¦ va a hacer el Gobierno espa?ol. Lo mismo piensan muchas otras personas tanto dentro como fuera de Espa?a.

Por lo dem¨¢s, resulta bastante lamentable que un cargo p¨²blico de la Generalitat de Catalu?a -el director de la escuela de la polic¨ªa auton¨®mica- se despache, en estos momentos de dolor por la muerte de un indiscutido luchador por la paz, con unas declaraciones ofensivas y claramente inoportunas. En un lenguaje propio del m¨¢s rancio y cavern¨ªcola anticlericalismo, Jes¨²s Mar¨ªa Rod¨¦s aseguraba que Ellacur¨ªa no era una v¨ªctima inocente porque pertenec¨ªa a "una organizaci¨®n religiosa de car¨¢cter paramilitar". El funcionario catal¨¢n deber¨ªa poner al d¨ªa no s¨®lo sus prejuicios pol¨ªticos, sino sus conceptos sobre la Compa?¨ªa de Jes¨²s y su labor en Am¨¦rica. Y la Generalital deber¨ªa poner al d¨ªa sus registros de personal para prescindir de colaboradores indeseables.