Jueces y profesores de Derecho se pronuncian contra la penalizaci¨®n del consumo de drogas

Treinta y cuatro jueces, magistrados, catedr¨¢ticos y profesores titulares de Derecho Penal han mostrado en M¨¢laga su oposici¨®n frontal a cualquier intento de penalizar el consumo de drogas. Esta actitud fue dada a conocer tras una reuni¨®n mantenida el pasado fin de semana en la facultad de Derecho, de M¨¢laga con el fin de aunar esfuerzos en la lucha contra la actual pol¨ªtica represiva sobre el tr¨¢fico de drogas y la elaboraci¨®n de una pol¨ªtica alternativa basada en la prevenci¨®n de la demanda y en la asistencia a los consumidores.

La reuni¨®n de M¨¢laga. cont¨® con la presencia de destacados represetantes de la asociaci¨®n Jueces; para la Democracia y con profesores de Derecho Penal de las principales universidades espa?olas as¨ª como otros juristas de reconocido prestigio. C¨¢ndido Conde Pumpido destac¨® la importancia de la reuni¨®n "porque", dijo, "es la mejor constataci¨®n de que las cr¨ªticas hacia la pol¨ªtica represiva no son s¨®lo una consecuencia de la pr¨¢ctica del Derecho, sino que tambi¨¦n desde el estudio te¨®rico se llega a la convicci¨®n de, que la actual normativa acarrea consecuencias nefastas". Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s, decano de la Facultad de M¨¢laga, considera que "despu¨¦s de esta reuni¨®n, el Gobierno no podr¨¢ mantener sus descalificaciones hacia quienes defienden la alternativa despenalizadora y esperamos que sirva para que las autoridades abran un debate nacional para tratar de buscar respuesta a las dudas que nosotros planteamos".Seg¨²n los juristas reunidos en M¨¢laga la pol¨ªtica represiva en vigor "adem¨¢s de no conseguir erradicar o disminuir sensiblemente el tr¨¢fico y consumo de drogas, ha originado la aparici¨®n de poderosas organizaciones; de traficantes con un poder sin parang¨®n en toda la historia de la criminalidad". Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro, magistrado juez de instrucci¨®n de Barcelona, resalt¨® que la pol¨ªtica represiva, adem¨¢s de hacer el juego a las organizaciones mafiosas "ha agravado los problemas de marginaci¨®n social y ha generado una importante actividad delictiva para conseguir los recursos necesarios para adquirir droga, que ha llegado a desbordar los recursos del sistema judicial penal, ha masificado las prisiones hasta l¨ªmites insostenibles y ha repercutido negativamente en el resto de la poblaci¨®n, que sufre directamente el aumento de la delincuencia y padece las medidas indiscriminadas para controlar esa misma delincuencia".

Algunas de estas medidas indiscriminadas, como las redadas masivas o los reconocimientos-an¨¢lisis vaginales son considerados por los juristas como "poco respetuosas con los principios de un Estado de Derecho". Un Estado de Derecho que, seg¨²n constatan los catedr¨¢ticos y jueces, "se est¨¢ viendo conmovido por la aparici¨®n de figuras delictivas que violan los derechos de seguridad jur¨ªdica o de proporcionalidad de las penas y por la corrupci¨®n que -nace en su poder¨ªo econ¨®mico- siembran los grandes y medios traficantes en instituciones esenciales de las democracias, desde los ¨®rganos de persecuci¨®n penal hasta las m¨¢s altas instancias representativas". Las cr¨ªticas de los juristas se extienden a la supuesta protecci¨®n a la salud esgrimida por los defensores de la pol¨ªtica defensiva.

Efectos negativos

Francisco Mu?oz Conde, catedr¨¢tico de Penal de la universidad de Sevilla, resalt¨® los efectos negativos de la prohibici¨®n a nivel internacional. "Las directrices de esta pol¨ªtica", dijo, "se han convertido en una nueva forma de opresi¨®n cultural y econ¨®mica de los pa¨ªses poderosos sobre el Tercer Mundo ya que mientras se les obliga a reprimir el tr¨¢fico y consumo de drogas propias de su cultura, como la coca en Per¨² y Bolivia, se fomenta el consumo de drogas propias de la cultura occidental pero ajenas a esos pa¨ªses, como alcohol y tabaco".

Finalmente, los juristas destacan las nefastas consecuencias que la pol¨ªtica represiva acarrea sobre la actuaci¨®n de prevenci¨®n del consumo y sobre la asistencia a los consumidores, precisamente los dos pilares fundamentales sobre los que, a su juicio, deber¨ªa basarse la pol¨ªtica alternativa de lucha contra la droga.

Profesores y jueces insistieron en la necesidad de penalizar el tr¨¢fico de drogas entre adultos y de establecer controles administrativos sobre su producci¨®n y venta pero consideraron l¨®gico que se mantenga la persecuci¨®n en el suministro de drogas a menores de edad y a personas carentes de capacidad de decisi¨®n aut¨®noma y que se establezcan controles sobre la calidad de las sustancias, que podr¨ªan generar infracciones penales en casos de adulteraci¨®n, como sucede con otras sustancias nocivas.