Fuera de toda sospecha

LA DECISI?N de Felipe Gonz¨¢lez -investido el martes por la noche como presidente del Gobierno para un tercer mandato- de confirmar a todos los ministros del Gabinete se enmarca en el contexto pol¨ªtico de excepci¨®n creado por la anulaci¨®n de las elecciones en tres circunscripciones y, en consecuencia, en la an¨®mala constituci¨®n de la propia legislatura. El lunes, el candidato a presidente ya se hab¨ªa colocado a s¨ª mismo en una situaci¨®n de relativa provisionalidad al anunciar, en el discurso de investidura, su sometimiento a una cuesti¨®n de confianza una vez que el Congreso de los Diputados estuviera al completo. Remit¨ªa as¨ª a una fecha posterior su investidura real como jefe del Ejecutivo. La decisi¨®n de aplazar cualquier cambio en el Gobierno est¨¢ en coherencia con esa misma l¨®gica pol¨ªtica, cualquiera que sea la explicaci¨®n p¨²blica que se d¨¦ ahora.La nulidad de las elecciones celebradas el 29 de octubre pasado en las circunscripciones de Murcia, Pontevedra y Melilla, y su obligada repetici¨®n en el plazo de tres meses, es un suceso que, m¨¢s all¨¢ de su estricta dimensi¨®n judicial, contiene una expl¨ªcita carga pol¨ªtica. Porque, aunque lo sucedido es justamente una prueba evidente de que el pucherazo no es posible, ha servido para dar armas a quienes no cesan de desacreditar la actual democracia espa?ola con comparaciones a todas luces disparatadas.

Sin poner en cuesti¨®n la rectitud de las decisiones judiciales ni su adecuaci¨®n a los supuestos previstos en la legislaci¨®n electoral, no deja de sorprender el hecho de que los tribunales no hayan encontrado otra salida legal a las irregularidades detectadas -en todos y cada uno de los tres casos de Murcia, Pontevedra y Melilla- que la de repetir los comicios. El papel de los jueces en el proceso electoral constituye una garant¨ªa democr¨¢tica de primer grado, pero un exagerado protagonismo judicial en el mismo s¨®lo podr¨ªa explicarse por graves fallos de los cauces establecidos para que se manifieste la voluntad pol¨ªtica de los ciudadanos, lo que no es el caso. De hacerse inevitable tal protagonismo, ello se traducir¨ªa en una nada deseable precariedad en el normal funcionamiento de las instituciones, como ha ocurrido en la constituci¨®n del Parlamento surgido de las elecciones del 29 de octubre.

El acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, y el l¨ªder del grupo mayoritario de la oposici¨®n, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, para impulsar la creaci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria que investigue las irregularidades de las elecciones del 29 de octubre debe bastar para que se despeje cualquier malentendido, determinar con exactitud la naturaleza y el alcance de las infracciones electorales detectadas y arbitrar las f¨®rmulas apropiadas para acabar con ellas. Y entre ellas, un perfeccionamiento del censo, una mayor responsabilidad y mejor informaci¨®n de los miles de ciudadanos llamados a formar parte de las mesas electorales y, en ¨²ltimo t¨¦rmino, alguna modificaci¨®n puntual de la ley electoral de 1985, sobre la que no hay que olvidar que existe un consenso pol¨ªtico similar al de la Constituci¨®n.

En cuanto al censo electoral, la responsabilidad del Gobierno es obvia, dado que su elaboraci¨®n y actualizaci¨®n es competencia del Instituto Nacional de Estad¨ªstica. Pero en esta funci¨®n tambi¨¦n tienen su parte los ayuntamientos, cuyo deber de tramitar los datos de inscripci¨®n de nuevos residentes en su t¨¦rmino municipal tiene que cumplirse con mayor diligencia. La formaci¨®n electoral de los ciudadanos, exigida por su colaboraci¨®n relevante en la buena marcha de los procesos electorales, es un objetivo b¨¢sico del Gobierno y de la Junta Electoral Central, cuya existencia permanente entre elecciones estar¨ªa m¨¢s que justificada con el cumplimiento de esta tarea. Respecto a la legislaci¨®n electoral, quiz¨¢ han de determinarse con m¨¢s precisi¨®n los supuestos de nulidad de las elecciones y evitar en lo posible que aqu¨¦lla afecte a toda la circunscripci¨®n electoral. Tal vez la anulaci¨®n de la votaci¨®n s¨®lo en las mesas donde se hubieran registrado las irregularidades, en un plazo inmediato, hubiera sido suficiente para obtener los mismos efectos jur¨ªdicos que la derogaci¨®n total, sin ninguno de sus graves inconvenientes pol¨ªticos.

En ¨²ltima instancia es preciso insistir en que todo lo sucedido en tomo al proceso electoral de octubre es m¨¢s una se?al de robustez del juego democr¨¢tico que de lo contrario. Por m¨¢s que la caverna se empe?e.