El Gobierno vasco guarda silencio ante graves acusaciones de fraude en el juego
La Consejer¨ªa de Interior del Gobierno vasco y el director de Juego y Espect¨¢culos, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Portuondo, se niegan a facilitar cualquier explicaci¨®n en torno a las sospechas de fraude generalizado en el mercado de las tragaperras en esta comunidad, seg¨²n manifest¨® ayer un portavoz del departamento. Eusko Alkartasuna (EA) present¨® en el Parlamento un informe de 67 p¨¢ginas, seg¨²n el cual el mercado negro ha sido alentado y promovido desde el propio Gobierno vasco.La consejer¨ªa, explica su portavoz oficial, no est¨¢ dispuesta por el momento ni siquiera a desmentir la sospecha de que existen en el Pa¨ªs Vasco unas 6.000 m¨¢quinas tragaperras con premio m¨¢s de las que legalmente pueden instalarse. Estas m¨¢quinas disponen de un permiso de explotaci¨®n otorgado al margen de la ley por la Direcci¨®n de Juego, declar¨® ayer el portavoz de EA, Juan Porres.
Los dem¨¢s grupos de oposici¨®n han subrayado tambi¨¦n la necesidad de investigar a fondo. Euskadiko Ezkerra (EE) y el Partido Popular (PP) han requerido ante el Parlamento al consejero de Interior, el peneuvista Juan Lasa, para que explique la situaci¨®n. Porres advirti¨® ayer que, si la comisi¨®n de investigaci¨®n no prospera, su partido interpretar¨¢ el hecho como una confesi¨®n de culpa y pedir¨¢ la comparecencia ante la C¨¢mara del lehendakari, Jos¨¦ Antonio Ardanza.
Eusko Alkartasuna tampoco renuncia, a?adi¨® su portavoz, a recurrir a la v¨ªa judicial hasta esclarecer lo que considera un esc¨¢ndalo. El portavoz del Gobierno aut¨®nomo, Joseba Arregui, ha tratado de restar importancia a las denuncias de la oposici¨®n. Se trata, afirma, de temas ya tratados, sobre los que no existe aportaci¨®n de datos nuevos. Arregui pertenece al PNV, en cuyas manos se encuentra ¨ªntegramente el departamento de Interior.
El amplio informe depositado por EA en el Parlamento calcula en casi 6.000 el exceso de tragaperras autorizadas presuntamente por el Gobierno vasco. El mismo partido cifra en 3.500 millones de pesetas el "valor de mercado" de estas licencias ilegales, presuntamente concedidas por el Ejecutivo aut¨®nomo.
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