Juicios anacr¨®nicos

DE AQUELLA ley, estos juicios. Una despenalizaci¨®n parcial del aborto alicorta y timorata, a a?os luz de la dimensi¨®n del problema social que la justificaba, se ha convertido, adem¨¢s, en una trampa mortal que puede llevar a la c¨¢rcel a muchos de sus hipot¨¦ticos beneficiarios y hacer perder su trabajo y su profesi¨®n a m¨¦dicos y personal sanitario. Y que, en sus casi cinco a?os de vigencia, apenas ha servido para acabar con el drama humano que protagonizan miles de personas forzadas a vivir la experiencia traum¨¢tica del aborto en un clima de inseguridad jur¨ªdica y a medio camino entre la persecuci¨®n y la tolerancia caprichosa de estamentos que se arrogan abusivamente el derecho de decidir por encima de quien es su verdadero protagonista y v¨ªctima: la mujer gestante.De todo ello es buena prueba el anacronismo de los tres juicios que se celebran estos d¨ªas en Espa?a (en Pamplona, M¨¢laga y Palma de Mallorca) en los que mujeres que se acogieron en su d¨ªa a supuestos despenalizados del aborto para interrumpir su embarazo, y los m¨¦dicos que practicaron la operaci¨®n, arriesgan la c¨¢rcel y la inhabilitaci¨®n profesional. M¨¢s all¨¢ de sus particularidades, los tres casos se inscriben en unas mismas coordenadas: el desfase de una legislaci¨®n incapaz de responder a la realidad social -m¨¢s de la mitad de los abortos realizados en Espa?a siguen siendo clandestinos y todav¨ªa es una realidad el recurso de muchas espa?olas a cl¨ªnicas privadas del extranjero-; la falta de respuesta del sistema sanitario, y muy especialmente de la sanidad p¨²blica, a la demanda de abortos legales. salvo los contados m¨¦dicos que deciden asumir riesgos penales e incluso profesionales, y la proliferaci¨®n de grupos de ciudadanos que han hecho del nasciturus la raz¨®n de su vida o una bandera pol¨ªtica e ideol¨®gica, y que cuentan, adem¨¢s, con tiempo y dinero para jugar a justicieros.

Los da?os y perjuicios que esta situaci¨®n est¨¢ ocasionando a muchos espa?oles y espa?olas son ya dif¨ªcilmente evaluables. A corto plazo, la ¨²nica salida social y jur¨ªdicamente v¨¢lida es la del sobreseimiento de los procesos anteriores a la ley de despenalizaci¨®n parcial del aborto y la del indulto sin tapujos por parte del Gobierno en los supuestos en que se produzca condena judicial. Pero el problema de fondo sigue estando en la insuficiencia y ambig¨¹edad del actual marco legal. En los ¨²ltimos a?os, el Gobierno ha dejado entrever su disposici¨®n a una eventual ampliaci¨®n de los supuestos legales de aborto, "si as¨ª lo demanda la sociedad". Pues bien, no hace falta recurrir a las encuestas del CIS -or¨¢culo que parece guiar la pol¨ªtica gubernamental en esta cuesti¨®n- para darse cuenta de que, al margen de porcentajes de opini¨®n a favor o en contra, el problema del aborto tiene la suficiente envergadura humana y social como para que los poderes p¨²blicos no permanezcan ante ¨¦l con los brazos cruzados. La anunciada elaboraci¨®n de un nuevo C¨®digo Penal ser¨ªa la ocasi¨®n -a salvo de otras iniciativas parlamentarias m¨¢s urgentes- para encontrar una soluci¨®n legal y sanitaria menos ambigua y m¨¢s generosa que la actual.