Una cuestion de est¨¦tica

Imagino cu¨¢nta debe ser la amargura del Gobierno al contemplar que un caso que ha declarado oficialmente cerrado, como es el de Juan Guerra, sigue siendo pasto de la pol¨¦mica y el debate pol¨ªticos. Una cuesti¨®n en principio menor, la venalidad del hermano de un gobernante, que pudo ser zanjada con la desautorizaci¨®n urgente de sus actos y la reprobaci¨®n p¨²blica de los mismos, se ha convertido ya en un problema hist¨®rico. Y de su resoluci¨®n pende nada menos que la amenaza de retirada de Felipe Gonz¨¢lez, reconocido y emblem¨¢tico l¨ªder de la democracia espa?ola. Pero, al hilo de esta tragicomedia, los espa?oles hemos podido adem¨¢s asistir a una representaci¨®n mayor del cinismo nacional en la que no ha faltado nadie en el escenario. Poder, oposici¨®n y Prensa andan as¨ª enzarzados en un ejercicio de denuncias en el que dif¨ªcilmente ya es posible identificar a quienes mantienen la bandera de la est¨¦tica -tan importante o m¨¢s que la ¨¦tica en casos como ¨¦ste- frente a los demagogos, los rascatripas y los iluminados.?Cu¨¢l era el problema en su origen? Algo bastante vulgar. Un ciudadano avisado que se aprovecha de su apellido. En esto caben pocas discusiones: Juan Guerra no es un h¨¢bil hombre de negocios ni un ejecutivo brillante. Ha usado -y abusado- del temor y la reverencia que inspira el nombre del vicepresidente entre los miembros de su partido para sacar ventajas que otros no podr¨ªan. La remisi¨®n de sus actos al fiscal es casi ingenua. La cuesti¨®n no est¨¢ en los improbables delitos que haya podido cometer, sino en la actitud pol¨ªtica de su hermano.

La primera denuncia vino de una publicaci¨®n semanal de la derecha dura que se caracteriza por sus insidias y su falta de rigor. 0 sea, que los progres de turno y los socialistas no se inmutaron. Son tantas las mentiras que ¨²ltimamente cuentan algunos de mis colegas que bien pod¨ªa ser ¨¦sta una m¨¢s. La cosa empeor¨® cuando gentes del propio partido y los peri¨®dicos serios comenzaron a descubrir las connivencias, trapacer¨ªas e ingenuidades de nuevo rico en que Juan Guerra hab¨ªa ca¨ªdo. Y la oposici¨®n, incapaz como siempre de hacer otra cosa que no sea leer los diarios, encontr¨® en ello una ocasi¨®n de oro para debilitar a uno de los grandes pilares del PSOE. Todo hubiera sido sencillo si en ese momento el Gobierno y su vicepresidente se hubieran tomado un poco en serio a la opini¨®n p¨²blica y no hubieran hecho gala del desprecio hacia los medios de comunicaci¨®n habitual en cuantos ejercen el poder. Nadie es, en efecto, responsable de los hechos de su hermano y uno no debe ser juzgado por las marruller¨ªas ajenas. Aunque Alfonso Guerra deber¨ªa saber, en este punto, que la imagen de s¨ª mismo que ¨¦l posee no coincide necesariamente con su verdadera personalidad pol¨ªtica. El caso es que la Prensa, que desde el Watergate tiene la recusable man¨ªa de querer andar tirando presidentes todas las ma?anas, se lanz¨® con m¨¢s entusiasmo que mesura a la caza de cualquier inmoralidad visible o invisible en la familia Guerra. Esto se ha hecho en ocasiones con desverg¨¹enza memorable. Pues hay, por ejemplo, un diario famoso por el tr¨¢fico de influencias que ejerce en ¨¦l el hermano de uno de sus directivos, y la corrupci¨®n de algunos periodistas no es un invento del Gobierno hoy acosado, sino una lamentable y creciente lacra motivada por el mismo af¨¢n de lucro y notoriedad que llev¨® a Juan Guerra a hacer lo que hizo. Lo que pasa es que entre la mara?a de excesos y errores que los peri¨®dicos hayan cometido en este asunto -y no excluyo que mi propio diario no haya ca¨ªdo en ocasiones en alguno de esos yerros- ha sobresalido de nuevo la verdad escueta: el abuso de poder ejercido en nombre del vicepresidente. Y es ¨¦sta la ¨²nica cuesti¨®n que deb¨ªa haber preocupado desde un principio al Gobierno y sobre la que resultaba urgente responder y no enrocarse frente a los ataques. Pues si es cierto que la prepotencia gubernamental no avala la demagogia period¨ªstica, tampoco ¨¦sta puede servir para justificar la inmoralidad pol¨ªtica.

Una cuesti¨®n que tiende a pasar inadvertida en todo esto es la financiaci¨®n de los partidos en nuestro pa¨ªs. Muchas de las prebendas y favores que recibiera Juan Guerra pod¨ªan algunos entenderlas, equivocadamente, como una forma de ayudar a las arcas escu¨¢lidas del PSOE. Desde hace tiempo, en Europa occidental, los partidos democr¨¢ticos tienden a la utilizaci¨®n de comisiones por las contratas p¨²blicas o subvenciones del Estado como sistema habitual de financiarse. ?se es el origen del esc¨¢ndalo Flick y de otros, entre los que conviene no olvidar el muy reciente de Casinos de Catalu?a con personajes del partido de Pujol. La inocencia ang¨¦lica de los diputados al identificarse s¨®lo como representantes del pueblo tiende a olvidar que son tambi¨¦n encarnaci¨®n de una complicada maquinaria de poder. El Parlamento es jur¨ªdica y legalmente la representaci¨®n de la soberan¨ªa popular, pero ¨¦sta andar¨ªa lista si la Prensa, las instituciones, los sindicatos, las iglesias y el entramado civil de la sociedad no existieran. Porque los diputados son igualmente personas a sueldo de un aparato que es imposible de mantener con las simples cuotas de los afiliados. En el caso del PSOE, el jefe de esa maquinaria burocr¨¢tica y electoral ha sido desde el principio Alfonso Guerra. De ah¨ª deriva su principal fuente de poder y su fabulosa influencia. Y por eso, ¨¦l m¨¢s que nadie, estaba obligado a dar explicaciones sobre la actividad econ¨®mica de su hermano.

La oposici¨®n, salvo excepciones, tampoco ha querido hurgar mucho en el asunto, recordando el dicho evang¨¦lico de que s¨®lo debe arrojar la piedra el que est¨¦ libre de pecado. De manera que al final el debate se ha centrado en el aspecto m¨¢s peque?o de todos: la utilizaci¨®n de un despacho oficial en la Delegaci¨®n del Gobierno. Yo confieso que a m¨ª me parece censurable lo que hizo Juan Guerra, independientemente de donde lo haya hecho. Y que, en contra de lo que se ha dicho, no es el despacho la grave cuesti¨®n sobre la que debemos ilustrarnos, sino las facilidades de enriquecimiento que el poder genera. Algo que quiz¨¢ sea imposible y hasta inconveniente tipificar en el C¨®digo Penal, pero que afecta a la conducta ¨¦tica de los gobernantes y, como dec¨ªa antes, tambi¨¦n a la est¨¦tica.

Por parte del Gobierno ha habido una mala comprensi¨®n de este problema, fruto del temor o el desconcierto. Y, por lo mismo, una p¨¦sima reacci¨®n. Convertir un debate sobre la moralidad de los partidos y de los pol¨ªticos en un ataque indiscriminado a los medios de comunicaci¨®n es una maniobra que no conduce a nada. El caso Guerra afecta a las relaciones internas en el partido socialista, a la solidez de un Gobierno que se siente interino desde las elecciones -y dividido precisamente entre guerristas y no guerristas-, a la imagen del Parlamento y a la credibilidad de los pol¨ªticos. Tambi¨¦n afecta, desde luego, al comportamiento libelista de algunos peri¨®dicos. Pero lo mismo que no puede juzgarse a la democracia y al r¨¦gimen de libertades por los pecados de determinados gobernantes, es del todo inadmisible que se quiera convertir este asunto en un juicio global a la Prensa, m¨¢xime cuando ¨¦sta acaba de prestar un servicio de primer orden al pa¨ªs y a la sociedad con la publicaci¨®n de un buen pu?ado de noticias veraces e incontestables sobre el tema que nos ocupa. Una vez m¨¢s est¨¢ claro que la libertad de expresi¨®n es esencial al funcionamiento democr¨¢tico, y tan significativo o m¨¢s a este respecto que el r¨¦gimen de partidos.

No quisiera por eso dejar de salir al paso de las sospechas que el vicepresidente quiso arrojar en su discurso del jueves sobre todos los medios de comunicaci¨®n, y particularmente sobre los concesionarios de cadenas privadas de televisi¨®n. Que yo sepa, por parte de la que yo represento, no ha estado nunca nadie en el despacho de Alfonso Guerra -en contra de lo que ¨¦l pareci¨® sugerir- a pedirle nada relacionado con esa licencia. Y los inevitables contactos que todos los concesionarios han mantenido con otras instancias gubernamentales -muchas veces a petici¨®n de ¨¦stas- se derivan del hecho de que el Gobierno ha puesto en marcha una legislaci¨®n restrictiva sobre la libertad de las ondas que le confiere poderes casi omn¨ªmodos, y no de la voluntad pactista o servil de ning¨²n concesionario.

Por ¨²ltimo, un comentario sobre la amenaza de dimisi¨®n del presidente del Gobierno. Felipe Gonz¨¢lez sabe que, por estrechos que sean sus lazos con el vicepresidente, mucho m¨¢s le compromete el hecho de haberse presentado como candidato a las elecciones y haber recibido la confianza mayoritaria de los espa?oles. La suposici¨®n de que esta confianza ha sido depositada conjuntamente en ¨¦l y en todos los miembros de su Gobierno o los l¨ªderes de su partido es gratuita. Por lo dem¨¢s, quiz¨¢ el caso Alfonso Guerra pudiera solucionarse a¨²n, con equidad y sin aumentar el grave desgaste de su protagonista, si se toma una sola medida que el vicepresidente no ha querido adoptar: la desautorizaci¨®n p¨²blica y formal de las actividades de su hermano y la condena de su conducta de infidelidad y abuso. Pues la presunci¨®n de inocencia le ampara, desde luego, ante los tribunales. Pero si ha sido ya sentenciado y ejecutado por la opini¨®n p¨²blica, como se dijo, es porque sus propios actos se erigieron en sus peores y m¨¢s temibles fiscales.