Menos drogas y m¨¢s baratas

Mientras los consumidores est¨¢n convencidos de que la ley del Medicamento garantizar¨¢ la calidad, seguridad y uso de los f¨¢rmacos, los mecanismos previstos para lograr este objetivo desatan la protesta desde los sectores profesionales. El control p¨²blico sobre la prescripci¨®n facultativa y la ordenaci¨®n farmac¨¦utica preocupa a m¨¦dicos y a titulares de farmacias. Mucho m¨¢s; preocupa a los laboratorios la posibilidad de que el Estado elabore listas negras de medicamentos y deje de financiar aquellos que no considere ¨²tiles.En los pr¨®ximos cinco a?os se habr¨¢n adecuado a la ley del Medicamento las m¨¢s de 9.000 presentaciones farmac¨¦uticas registradas en Espa?a y definido aquellas que en adelante sufragar¨¢ la Seguridad Social, teniendo en cuenta su utilidad terap¨¦utica y social, las caracter¨ªsticas de las distintas patolog¨ªas y las necesidades de los grupos sociales. La nueva normativa prev¨¦ sustituir un r¨¦gimen de financiaci¨®n p¨²blica indiscriminada por otro preferencial que busca primar los medicamentos necesarios y penalizar h¨¢bitos de consumo negativos.

La financiaci¨®n discriminada en funci¨®n de la utilidad terap¨¦utica y social abre la posibilidad, como ocurre en la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos, de establecer listas positivas y negativas de medicamentos, origen de la Pol¨¦mica suscitada desde los laboratorios. "Tras ese eufemismo se trasluce un recorte del Insalud en la oferta p¨²blica del medicamento", afirman portavoces de la industria farmac¨¦utica.

Prohibir los placebos

Farmaindustria cree que excluir del arsenal terap¨¦utico disponible para el paciente determinados medicamentos por su valoraci¨®n social, permitir¨¢ la introducci¨®n de factores extrasanitarios en la prestaci¨®n farmac¨¦utica de la Seguridad Social. "En ning¨²n caso son los medicamentos los que se clasifican, en tanto todos son ¨²tiles terap¨¦uticamente", insiste la patronal, "unas veces como instrumento curativo, otras como paliativos o supresores de s¨ªntomas"." ?Podemos discutir la filosof¨ªa adoptada mayoritariamente en la Comunidad Europea?", pregunta Ignacio Lobato, director general de Farmacia, quien asegura que las actuaciones; de la Administraci¨®n en este aspecto tendr¨¢n el refrendo pol¨ªtico y t¨¦cnico de las correspondientes comisiones nacionales previstas en la ley. "Intentamos armonizar los intereses sanitarios y los leg¨ªtimos de la industria farmac¨¦utica, pero siempre potenciando los primeros", dice Lobato.Se trata, en primer lugar, de prohibir los placebos -prepados inocuos y sin efecto- y limitar el gasto p¨²blico en grupos de medicamentos de "relativa" utilidad terap¨¦utica como los vasodilatadores Perif¨¦ricos, descongestionantes, laxantes o anti¨¢cidos, entre otros. La mano de la Administraci¨®n va m¨¢s all¨¢. La idea, seg¨²n Lobato, es que "los avances sociales se consoliden", dejando al Gobierno la posibilidad de modular la participaci¨®n en el pago en funci¨®n de las necesidades y poder adquisitivo de cada grupo social.El Consejo General de Farmac¨¦uticos coincide con la FEFE en calificar de "difusa" la planificaci¨®n de las oficinas de farmacia en cuanto a las condiciones de concertaci¨®n con el Sistema Nacional de Salud y critica la cuant¨ªa de las multas previstas, por entender que atentan no s¨®lo a la viabilidad econ¨®mica de la oficina sino al patrimonio del farmac¨¦utico. Alberto Berguer, presidente del Consejo General de Colegios M¨¦dicos, es tajante al afirmar que el proyecto legislativo "vulnera el derecho al libre ejercicio de la profesi¨®n" por cuanto faculta a la Administraci¨®n sanitaria para intervenir en la valoraci¨®n de la prescripci¨®n. Para Berguer la ley tambi¨¦n "discrimina", porque establece que "s¨®lo las personas calificadas que presten sus servicios en el Sistema Nacional de Salud o en los centros p¨²blicos de. investigaci¨®n y desarrollo tecnol¨®gico tienen el derecho y el deber de participar en el control de los medicarnentos".La Uni¨®n de Consumidores de Espa?a (UCE) cree que la nueva ley "supone para el consumidor la garant¨ªa de que los medicamentos comercializados ser¨¢n seguros, eficaces y de calidad". La UCE destaca la creaci¨®n de una comisi¨®n consultiva en la que exigen la presencia de los consurnidores. El modelo de prospecto que regula la futura ley "cubre perfectamente el derecho a la informaci¨®n del consumidor". Los consumidores destacan tambi¨¦n "la exigencia de cierres de seguridad en los envases de medicamentos", para prevenir accidentes en personas disminuidas y en ni?os.

La Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica (FADSP) cree que el proyecto es "inadecuado e insuficiente para el correcto control de los f¨¢rmacos", ya que deja una parte muy importante de su contenido al desarrollo reglamentario. Esta federaci¨®n, de car¨¢cter progresista, acusa a la Administraci¨®n de hurtar al Pleno del Congreso de los Diputados el debate del texto, ya que se har¨¢ s¨®lo en la comisi¨®n correspondiente.

Dinero negro

Para la FADSP, no existe garant¨ªa en la composici¨®n de las comisiones de evaluaci¨®n y regulaci¨®n de los f¨¢rmacos, ya que "no asegura su absoluta Irnparcialidad respecto a los intereses comerciales", por lo que se hace necesario regular las incompatibilidades.Los ensayos cl¨ªnicos previos a la autorizaci¨®n de los diferentes f¨¢rmacos "carecen en el texto de las suficientes garant¨ªas", ya que, por ejemplo, "no se se?ala la necesidad de que se realicen ensayos doble ciego, que son los preceptivos de la normativa comunitaria". Tampoco queda claro en el texto la necesaria transparencl a econ¨®mica en cuanto a clarificaci¨®n de las fuentes financiadoras de los proyectos.Para los defensores de la sanidad p¨²blica, el hecho de que se pretenda obligar a tener tres a?os de ejercicio previos para ser titular de una oficina de farmacia, "s¨®lo servir¨ªa para favorecer el dinero negro". La FADSP advierte sobre la no regulaci¨®n mediante receta de las hormonas y antibi¨®ticos, ya que pueden ser usados indiscriminadamente para los animales.

El texto es ambiguo respecto a la financiaci¨®n, por lo que sugieren que se establezca un grupo de medicamentos esenciales, que deber¨ªan ser gratuitos para el usuario, una limitaci¨®n de las aportaciones de los pacientes hasta un 25% del precio del f¨¢rmaco, la financiaci¨®n discriminada de productos que no tienen probada su eficacia y la gratuidad de los medicamentos a los ciudadanos en situaciones de precariedad econ¨®mica.