El coste de la democracia parlamentaria

A cada espa?ol le cost¨® una media de 500 pesetas anuales la organizaci¨®n de las elecciones y la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos durante los ¨²ltimos cuatro a?os. Esta cuota se elev¨® a casi 800 pesetas en 1989, debido a la celebraci¨®n de tres convocatorias electorales separadas.En cualquier caso, no es un precio caro, frente al coste brutal de la corrupci¨®n durante las dictaduras. Pero s¨ª hay un triple problema: c¨®mo se realiza la distribuci¨®n de toda esa masa de dinero p¨²blico entre las fuerzas pol¨ªticas, de qu¨¦ manera se garantiza a los ciudadanos un buen uso del mismo y c¨®mo se consigue atajar las v¨ªas irregulares.

El elevado peso de los gastos de organizaci¨®n de las elecciones pone de manifiesto importantes desviaciones de las previsiones presupuestarias. La cantidad efectivamente gastada -49.559 millones de pesetas- ha sido casi cinco veces superior a la inicialmente presupuestada para estos cuatro a?os. Esta amplia diferencia entre las cantidades presupuestadas y las efectivamente gastadas obedece a la anticipaci¨®n de algunos procesos que no se hab¨ªan previsto y tampoco presupuestado, tal como ocurri¨® con las legislativas en 1989. A su vez refleja deficiencias de t¨¦cnica presupuestaria.

Error reiterado

Llama la atenci¨®n el reiterado error de presupuestar cantidades significativamente inferiores a las ya gastadas por los mismos conceptos en ejercicios anteriores (ver cuadro adjunto). Fuentes del Ministerio de Hacienda precisaron, sin embargo, que los interventores de la Administraci¨®n se han preocupado de que no hubiera desviaciones de estos recursos hacia otras actividades.

Los recursos para atender los gastos de los procesos electorales son proporcionados por el Ministerio del Interior y con ellos se hace frente a los costes de material (papeletas, cabinas, urnas, gastos telef¨®nicos), personal (dietas a los miembros de las mesas, dietas de las fuerzas de seguridad, Polic¨ªa Municipal, traslado de electores) y propaganda e informaci¨®n (sondeos preelectorales, avances de resultados, campa?as institucionales y divulgaci¨®n de la normativa electoral en prensa, radio, televisi¨®n y vallas). Con estos recursos se financian la totalidad de los gastos en las elecciones legislativas, municipales, europeas y en el refer¨¦ndum de la OTAN y parte de las elecciones auton¨®micas.

El primer salto importante en el incremento de estos gastos se registr¨® en 1986, a?o en que se celebr¨® el refer¨¦ndum de la OTAN y que probablemente gener¨® un gasto muy superior al previsto. Sin embargo, la falta de una explicaci¨®n detallada de las desviaciones sobre los presupuestos, que en conjunto suponen un volumen de 38.910 millones de pesetas -y que tampoco ha despertado ninguna inquietud en los partidos pol¨ªticos- impide un conocimiento m¨¢s riguroso de las causas reales de las desviaciones producidas.

La abundancia de convocatorias, por otra parte, endeuda a los partidos y genera nuevas necesidades de tirar de la teta del Estado para restablecer un m¨ªnimo equilibrio en el sistema. El resultado es una necesidad constante de m¨¢s apoyo p¨²blico para que pueda mantenerse el sistema de partidos en Espa?a.

Los recursos destinados a subvencionar a los partidos pol¨ªticos durante estos ¨²ltimos cuatro a?os han alcanzado los 36.611 millones de pesetas. Existen tres fuentes de financiaci¨®n distintas. La m¨¢s importante es la subvenci¨®n anual, regulada inicialmente por la ley 54/1978 que establec¨ªa que cada partido percibir¨ªa anualmente una cantidad fija por esca?o obtenido en cada una de las dos c¨¢maras y otra cantidad fija por cada uno de los votos obtenidos.

En 1987 entr¨® en vigor la ley Org¨¢nica 3/1987, de 2 de julio, sobre Financiaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos, que estableci¨® importantes innovaciones. Exigi¨® la obligaci¨®n de presentar la contabilidad de los partidos al Tribunal de Cuentas para que este organismo fiscalizara los fondos p¨²blicos utilizados y tuviera conocimiento de las v¨ªas privadas de financiaci¨®n. Hasta la fecha, el Tribunal de Cuentas no ha podido fiscalizar a¨²n la contabilidad de los partidos de 1987. Ello ha sido debido a la insuficiencia de la documentaci¨®n presentada por la mayor parte de las fuerzas pol¨ªticas.

Cabe destacar que en 1987 se registr¨® un incremento superior al 100% por esta v¨ªa de financiaci¨®n. Este aumento fue establecido en los presupuestos de 1987 y, por tanto, decidido seis meses antes de que entrara en vigor la nueva ley, lo que indica una manifiesta voluntad del Gobierno -de acuerdo con otros partidos- para aumentar sus recursos d¨¦ forma significativa.

En total, la v¨ªa de la financiaci¨®n directa a los partidos ha proporcionado al conjunto de ellos 25.979 millones. Las otras dos v¨ªas de financiaci¨®n son las subvenciones por gastos electorales y las aportaciones de las Cortes a los grupos parlamentanos, que suponen 6.577 y 4.059 millones de pesetas, respectivamente

Apoyo al PSOE y al PP

Pero no todos cobran lo mismo. Seg¨²n fuentes del Ministerio del Interior, que han facilitado datos del trienio 1987-1989, el PSOE y el PP han sido los m¨¢s beneficiados por el apoyo financiero del Estado a las fuerzas pol¨ªticas. De los 29.353 millones pagados a una quincena de organizaciones en ese per¨ªodo, el PSOE ha recibido 15.242 millones, y el Partido Popular, 8.730. Por tanto, los socialistas han contado con el 52% del dinero p¨²blico, y el PP, cerca del 30%.

Esta distribuci¨®n es fruto de los criterios de las leyes electoral y de financiaci¨®n de partidos, que, al tener en cuenta tanto el n¨²mero de esca?os obtenidos como el de votos, favorecen a los partidos que obtienen m¨¢s representaci¨®n parlamentaria. Ello supone un trato privilegiado a los partidos mayoritarios y a los nacionalistas y regionalistas. Desde el punto de vista econ¨®mico, algunos partidos pierden recursos al no obtener esca?os, a pesar de contar con una elevada cifra global de votos.

En la mayor¨ªa de los pa¨ªses democr¨¢ticos, la financiaci¨®n p¨²blica es importante para las fuerzas pol¨ªticas; pero en Espa?a parece haberse convertido en la partida m¨¢s importante, porque la afiliaci¨®n es m¨ªnima. Tanto el PSOE como el Partido Popular reconocen cifras inferiores a los 250.000 militantes, mientras el CDS o el PCE apenas alcanzan los 50.000.