Un calvario sindical

EL CALVARIO que desde septiembre de 1986 vive el cabo Manuel Rosa -detenciones, arrestos cuarteleros y c¨¢rcel en respuesta a su porfia en defender el derecho de sindicaci¨®n en el seno de la Guardia Civil- es una m¨¢s de las desgraciadas secuelas que se derivan de la naturaleza h¨ªbrida de este cuerpo armado: de un lado, estructura y disciplina militares, y de otro, dedicaci¨®n a tareas ordinarias de polic¨ªa entre la poblaci¨®n civil. Tan manifiesta contradicci¨®n no s¨®lo repercute sobre sus miembros, trabajadores en la acepci¨®n m¨¢s plena de la palabra, imposibilitados de defender sus derechos laborales y profesionales, y sometidos en todo al libre albedr¨ªo de sus mandos, sino tambi¨¦n sobre los ciudadanos. La l¨®gica m¨¢s elemental no ha podido librar hasta ahora a la sociedad civil del contrasentido que supone que su protecci¨®n y seguridad est¨¦ en manos de un cuerpo de polic¨ªa militarizado. As¨ª, no existe en muchos casos la adecuada proporci¨®n entre las armas reglamentarlas y los conflictos y des¨®rdenes p¨²blicos en que se emplean.El reciente traslado del cabo Rosa desde la prisi¨®n militar de Sevilla hasta la de Alcal¨¢ de Henares para evitar la visita solidaria con su lucha de los l¨ªderes de UGT y de CC OO, Nicol¨¢s Redondo y Antonio Guti¨¦rrez, respectivamente, muestra la beligerancia con que act¨²an las autoridades responsables del caso. Pero por m¨¢s dureza que se emplee contra el cabo Rosa, echando sobre ¨¦l el peso de los c¨®digos militares, la reivindicaci¨®n que plantea no se resuelve exclusivamente con la represi¨®n. La obstinaci¨®n de los actuales gobernantes -en contra de sus primeras promesas electorales- en seguir considerando a la Guardia Civil como fuerza armada no deber¨ªa llevarles a rechazar de plano el derecho a la libre sindicaci¨®n de sus miembros. La Constituci¨®n no veda su ejercicio a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de los dem¨¢s cuerpos sometidos a disciplina militar, sino que deja a la opci¨®n del legislador limitarlo o exceptuarlo en este ¨¢mbito, y lo reconoce plenamente en el seno de los cuerpos de seguridad del Estado.

En todo caso, y sea cual sea la decisi¨®n ¨²ltima que se adopte sobre este problema, es intolerable que se persiga con tanta constancia a alguien por reivindicar el derecho fundamental a asociarse sindicalmente y por defender su ejercicio en el seno de un colectivo que soporta graves problemas laborales y profesionales. El Gobierno, en cambio, deber¨ªa mostrar m¨¢s determinaci¨®n en dotar a la Guardia Civil de un r¨¦gimen disciplinario adecuado al g¨¦nero de vida y a las funciones de sus miembros -tarea a la que le ha urgido el Tribunal Contitucional para acabar con su actual sometimiento a la disciplina castrense- y en buscar cauces para la soluci¨®n colectiva de sus problemas laborales.