La credibilidad de un fiscal

LEOPOLDO TORRES empez¨® con mal pie el desempe?o de la Fiscal¨ªa General del Estado, entablando querellas contra algunos medios de comunicaci¨®n, en milim¨¦trica convergencia con la voluntad del Gobierno. As¨ª, a las pocas horas de estrenar el cargo, se manifestaba como el menos independiente de los fiscales generales que han ejercido el cargo desde 1982, y a la vez como el m¨¢s torpe: ninguna de las querellas interpuestas ha sido siquiera admitida a tr¨¢mite.Por si lo anterior no fuera suficiente desgracia, acaba de saberse p¨²blicamente que Leopoldo Torres simultane¨® su pertenencia a la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados con una asesor¨ªa de la empresa privada Prosegur, que presta servicios de seguridad ciudadana y protecci¨®n. Bien est¨¢n las explicaciones de Torres seg¨²n las cuales se abstuvo de intervenir en debates relativos a cuestiones de Interior, pero entonces ?para que ingres¨® en esa comisi¨®n? ?Se abstendr¨¢ ahora el nuevo fiscal en su pr¨®ximo discurso de apertura del a?o judicial de examinar la pol¨¦mica multiplicaci¨®n de compa?¨ªas de seguridad que van asemejando el paisaje espa?ol m¨¢s a un conjunto mal soldado de fincas particulares que a un pa¨ªs serio?

El nudo del problema, como se ve, no es de incompatibilidad en el sentido jur¨ªdico de la palabra. El diputado Torres cumpli¨® la ley e inscribi¨® en el registro sus actividades privadas. El fallo pol¨ªtico ser¨ªa, en todo caso, atribuible al presidente de las Cortes, al presidente de la Comisi¨®n de Incompatibilidades del Congreso y al del Grupo Parlamentario Socialista, personas todas ellas con acceso al registro de actividades complementarias de los diputados, quienes podr¨ªan haber deshecho el posible entuerto.

Pero ni siquiera eso es decisivo: no parece en principio que haya mucho a debatir sobre las actividades parlamentarias del diputado Torres Boursault. Incluso hay corrientes de opini¨®n favorables a fomentar la incorporaci¨®n de expertos o de interesados en determinadas especialidades a fin de enriquecer la vida parlamentaria, siempre con la condici¨®n de que se d¨¦ la necesaria transparencia. La cuesti¨®n no es que Leopoldo Torres haya sido diputado, sino que sea fiscal general. El problema es que el Gobierno socialista le haya designado para ese cargo, ya que no debe haber la menor sombra de duda respecto a que la cabeza visible del ministerio p¨²blico es quien, precisamente, lleva la iniciativa de velar por la pureza de las conductas que afectan a los intereses generales.

Una persona que jur¨ªdicamente ha cumplido con la normativa sobre compatibilidades, pero al que moralmente se le puede discutir su capacidad para recriminar a nadie cualquier laxitud en el ejercicio de las funciones administrativas, esa misma persona es quien debe decidir estos d¨ªas si el Estado se querella o no contra un alto cargo de la Administraci¨®n auton¨®ma catalana, el secretario dimisionario de la Presidencia de la Generalitat, Llu¨ªs Prenafeta.

Si decide querellarse o avala que lo hagan sus subordinados, pocos pensar¨¢n que fue ¨¦l quien as¨ª lo decidi¨®, sino que sospechar¨¢n que fue el Gobierno en un apret¨®n de tuerca a la pol¨ªtica de catarsis para todos. Si la paralizaci¨®n moment¨¢nea del proyecto de querella redactado por el fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona, Jim¨¦nez Villarejo, se convierte en definitiva y no se presenta, muchos ciudadanos considerar¨¢n que Torres habr¨¢ impuesto ese criterio por servir mejor la pol¨ªtica de alianzas del Gobierno socialista con el nacionalismo catal¨¢n.

Quiz¨¢ la opini¨®n p¨²blica sea injusta con esta diab¨®lica alternativa. Pero la opini¨®n no es culpable. El ¨²nico responsable es el se?or fiscal general del Estado, porque no goza de la credibilidad necesaria para acusar ni para dejar de acusar.