Desde la indiginaci¨®n

EL ?NICO responsable del asesinato del funcionario de prisiones ?ngel Mota es ETA, y las circunstancias en que se produjo -cuando la v¨ªctima se encontraba con su hijo de seis meses en una calle de San Sebasti¨¢n- hacen sumamente que alguna medida de seguridad pudiera haberlo evitado. Eligiendo el lugar y la hora, ETA mata siempre a personas indefensas. Esta evidencia ni debe llevar a la resignaci¨®n ante la aparente inevitabilidad de los actos criminales ni es contradictoria con la imperiosa exigencia de que quienes se han convertido en objetivo espec¨ªfico de la acci¨®n terrorista de ETA est¨¦n protegidos en su trabajo con las m¨¢ximas medidas de seguridad posibles. De esta actitud dieron ayer ejemplo los jueces y el personal de la Audiencia de San Sebasti¨¢n manifestando su solidaridad con los funcionarios de prisiones y su repulsa ante el nuevo crimen de ETA.La huelga protagonizada ayer, desde la indignaci¨®n, por los funcionarios de prisiones es comprensible. No s¨®lo por que expresa de una forma p¨²blica su dolor y solidaridad ante el alevoso asesinato de un compa?ero; tambi¨¦n, porque constituye una seria llamada a la Administraci¨®n penitenciaria para que asuma su cuota de responsabilidad en la protecci¨®n de sus trabajadores, tanto en el interior de las prisiones como fuera de ellas. A ra¨ªz del asesinato en agosto pasado de la madre de un funcionario mediante el env¨ªo de un paquete bomba dirigido a su hijo, la Administraci¨®n penitenciaria y los sindicatos de prisiones acordaron la adopci¨®n de una ser?le de medidas de protecci¨®n. Pues bien, las m¨¢s significativas, que afectan a la seguridad electr¨®nica, a la vigilancia exterior de las c¨¢rceles y a las garant¨ªas en el traslado de los funcionarios entre su domicilio y el centro de trabajo, siguen sin cumplirse seis meses despu¨¦s. Seg¨²n el ministerio, porque su financiaci¨®n no ha sido posible por el retraso en la aprobaci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado. Un discutible motivo si se tiene en cuenta la gravedad de la amenaza terrorista que pretende quebrar la pol¨ªtica de dispersi¨®n de los 500 presos de ETA recluidos en las c¨¢rceles espa?olas.

Los sindicatos de prisiones tienen la raz¨®n al exigir el cumplimiento inmediato de las medidas de seguridad acordadas hace seis meses. Pero algunos de ellos -y es el caso concreto de la Confederaci¨®n de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) y de la Uni¨®n de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (UFIP)- act¨²an con ligereza cuando mezclan estas leg¨ªtimas reivindicaciones sindicales con cuestionamientos p¨²blicos de la pol¨ªtica antiterrorista del Gobierno. Tal opini¨®n equivale a caer en la provocaci¨®n deliberadamente planteada por ETA con el objetivo de inducir a los funcionarios de prisiones a oponerse a la actual pol¨ªtica de dispersi¨®n de los terroristas presos y neutralizar la participaci¨®n que les corresponde en su aplicaci¨®n.