La crisis del modelo sueco

El rechazo parlamentario al paquete de medidas econ¨®micas presentado por el Gobierno socialdem¨®crata sueco, y la subsiguiente ca¨ªda del Gabinete presidido por Gustav Carlsson, ha desencadenado un apasionante debate sobre lo que ha venido a denominarse la "crisis del modelo sueco". Aunque en modo alguno parece conveniente precipitarse a enterrar la filosof¨ªa pol¨ªtica y econ¨®mica que ha llevado a Suecia a convertirse en una de las sociedades m¨¢s ricas e igualitarias del mundo, de hecho ¨¦sta debe ser la cuarta crisis del modelo en las ¨²ltimas dos d¨¦cadas, una serena reflexi¨®n sobre la reciente crisis sueca puede resultar extremadamente ¨²til para comprender mejor algunos de los dilemas a los que se enfrentan muchas de las democracias de los pa¨ªses industrializados, incluida la nuestra.Pese a que la mera menci¨®n de Suecia suele inmediatamente evocar una econom¨ªa en la que existe una amplia y excelente provisi¨®n de servicios y prestaciones sociales financiada con elevados impuestos sobre las personas f¨ªsicas, la realidad del modelo sueco de consenso es ciertamente mucho m¨¢s rica.

Aceptando el riesgo de sobresimplificar, cabr¨ªa decir que el modelo sueco se asienta sobre dos pilares b¨¢sicos. De una parte, un neutralismo pol¨ªtico que le impide participar en tiempo de paz en cualquier tipo de alianza militar. De otra, un modelo de organizaci¨®n de la actividad econ¨®mica cuyos objetivos finales son el pleno empleo, el mantenimiento de un generoso sistema de provisi¨®n de cobertura social y la consecuci¨®n de un sistema equitativo de distribuci¨®n de la renta y de la riqueza.

Para alcanzar simult¨¢neamente estas metas pol¨ªticas y econ¨®micas, la sociedad sueca ha venido recurriendo a un sistema de reparto de papeles entre los diversos agentes sociales, dentro del cual el sector privado se encarga de mantener el dinamismo del sector productivo, del que es propietario pr¨¢cticamente al ciento por ciento, mientras que el sector p¨²blico se ocupa de la ense?anza, los servicios p¨²blicos y la cobertura social, es decir, de lo que podr¨ªa denominarse la organizaci¨®n colectiva de la sociedad. Adicionalmente, Gobierno, empresarios y sindicatos participan en un sistema centralizado de negociaci¨®n salarial que busca la fijaci¨®n de crecimientos salariales compatibles con los objetivos generales de pleno empleo y equidad. Para cerrar el c¨ªrculo, el Gobierno tiene a su disposici¨®n los tradicionales instrumentos de pol¨ªtica econ¨®mica, y en particular, una poderosa pol¨ªtica fiscal que contribuye, tanto v¨ªa gasto como v¨ªa impositiva, al objeto de redistribuci¨®n igualitaria de la renta personal. Una caracter¨ªstica frecuentemente olvidada del sistema fiscal sueco reside en el tratamiento preferencial que otorga a las empresas, permiti¨¦ndoles mantener una carga fiscal mucho m¨¢s ligera que la de los individuos, con el consiguiente incentivo a la acumulaci¨®n de recursos propios, y adicionalmente, contemplando generosamente las deducciones fiscales de intereses resultantes de las operaciones de endeudamiento. Ambos factores contribuyen a que las empresas puedan acceder a los recursos necesarios para mantener su capacidad de inversi¨®n, de innovaci¨®n tecnol¨®gica, de generaci¨®n de empleo y en definitiva, de crecimiento. (En 1988, los impuestos sobre las personas f¨ªsicas recaudaban el equivalente a un 21,8% del PIB, mientras que el impuesto de sociedades apenas alcanzaba un 2,6%. En Espa?a, los datos en aquel a?o eran del 5,8% y 1,8%, respectivamente.)

Este modelo, sin embargo, fue puesto a prueba de manera dram¨¢tica en la d¨¦cada de los setenta, con el comienzo de la crisis energ¨¦tica y las dificultades de los socialdem¨®cratas para establecer una respuesta a la misma. La salida que se utiliz¨® en aquel momento fue la depreciaci¨®n de la corona.

Las devaluaciones de 1976 y 1977, que acumuladamente representaron una depreciaci¨®n del 20%, contribuyeron de forma sustancial a diluir la responsabilidad que hasta la crisis internacional hab¨ªan asumido Gobierno, empresarios y sindicatos en el mantenimiento de un marco econ¨®mico estable capaz de acomodar el cumplimiento de los objetivos de pleno empleo y equidad. Por una parte, porque la temporal restauraci¨®n de la competitividad externa que los reajustes cambiarlos tra¨ªan consigo, al amortiguar los efectos negativos que sobre el empleo hubiese tenido el aumento de importaciones y la ca¨ªda de exportaciones, eliminaba los incentivos para que las organizaciones sindicales aceptasen la moderaci¨®n salarial De otra, porque la devaluaci¨®n al preservar la rentabilidad de los sectores de exportables y de aquellos que compet¨ªan con las importaciones, reduc¨ªa tambi¨¦n la motivaci¨®n empresarial para moderar sus ofertas salariales.

El sistema fiscal sueco contribuy¨® igualmente a la aceleraci¨®n de la espiral precios / salarios y a la ulterior p¨¦rdida, sistem¨¢tica y recurrente, de competitividad. Por un lado, porque las elevadas cargas fiscales ampliaban la cu?a fiscal, diferencia entre el salario percibido por el trabajador y el salario pagado por el empleador, deteriorando los costes laborales por unidad de producto m¨¢s all¨¢ de lo que se hubiese derivado de los incrementos salariales pactados. De otra parte, porque la elevada progresividad del sistema fiscal sueco exige que para lograr aumentos perceptibles en la renta disponible de los trabajadores se tengan que producir saltos considerables en el nivel de salario bruto.

Parad¨®jicamente pues, el mecanismo de redistribuci¨®n de la renta se acababa convirtiendo en un elemento que perversamente generaba distorsiones en la estructura salarial que o bien agravaban la desigualdad o, alternativamente, conduc¨ªan a una elevaci¨®n insostenible del nivel salarial global de la econom¨ªa.

1 Las elecciones de 1982 permitieron recuperar al partido socialdem¨®crata el poder pol¨ªtico que hab¨ªa perdido durante los seis a?os anteriores en favor de la denominada coalici¨®n burguesa. Las medidas de estabilizaci¨®n adoptadas en los primeros momentos del nuevo Gobierno, reforzando los efectos de las fuertes devaluaciones de la corona realizadas en 1981 y 1982, que acumularon una depreciaci¨®n del 28%,¨ªunto con el inicio de la recuperaci¨®n econ¨®mica internacional, permitieron mejorar las expectativas de los agentes econ¨®micos suecos.

La transferencia de recursos hacia el sector exportador inducida por el cambio de precios relativos, la absorci¨®n por la devaluaci¨®n del excesivo crecimiento de los costes laborales unitarios en los a?os precedentes y el crecimiento de los mercados mundiales posibilitaron la recuperaci¨®n del excedente empresarial y el relanzamiento de la inversi¨®n y, la productividad. Pese a que la inflaci¨®n se mantuvo elevada hasta el a?o 1985, (7,4%), a partir de entonces se redujo hasta situarse en torno al 5%.

Aunque el saneamiento macroecon¨®mico fue ciertamente extraordinario, las reformas estructurales promovidas por el Gabinete de Car1sson fueron igualmente impresionantes, tanto por sus efectos econ¨®micos como por la magnitud y profundidad del debate pol¨ªtico-social que contribuyeron a crear.

Las medidas de liberalizaci¨®n de los mercados financieros, el mantenimiento de una pol¨ªtica monetaria restrictiva basada en el mantenimiento de elevados tipos de inter¨¦s, el escrupuloso intento de controlar el gasto p¨²blico, el cuestionamiento de la pol¨ªtica de subvenciones al sector industrial y la privatizaci¨®n de las reducidas ¨¢reas en las que operaban empresas estatales le valieron al ministro de Hacienda, Kjell Olof Feldt, el ciertamente no muy original apelativo de socialista thatcheriano.

Probablemente, la estrella de las medidas de oferta del Gabinete fue el anuncio de una reforma fiscal, que est¨¢ previsto que concluya en 1991, cuyo objetivo b¨¢sico era trasladar una parte sustancial de la presi¨®n fiscal individual hacia figuras impositivas que gravasen el consumo de bienes, los servicios y el capital.

Sin embargo, que la liberalizaci¨®n financiera de la econom¨ªa sueca precediese a la reforrna fiscal abri¨® la posibilidad de que los agentes econ¨®micos aprovechasen el mayor acceso al endeudamiento que tra¨ªa consigo la innovaci¨®n financiera y traspasaran al presupuesto parte de la carga de intereses de los pr¨¦stamos, que continuaba siendo tratada fiscalmente de forma generosa. Como consecuencia de ello, la ca¨ªda del ahorro del sector dom¨¦stico sueco y el paralelo aumento de su endeudamiento, ha sido sencillamente espectacular. De hecho, las familias suecas tienen en 1988 una tasa de ahorro negativa, el -3,6% de su renta disponible, cuando al principio de la d¨¦cada ahorraban un 5%.

En estas condiciones era pr¨¢cticamente inevitable que el sobrecalentamiento de la econom¨ªa sueca acabase conduciendo inicialmente a tensiones inflacionistas, y en una segunda fase, al deterioro de sus cuentas externas.

La percepci¨®n por parte de las organizaciones sindicales de que los trabajadores hab¨ªan quedado excluidos de la prosperidad econ¨®mica y la urgencia de los empresarios por encontrar, en un mercado de trabajo excepcionalmente tenso, los trabajadores que les eran necesarios llevaron a que los incrementos salariales pactados en 1988 superasen el 8,5% y en 1989 alcanzasen el 10%. El end¨¦micamente d¨¦bil crecimiento de la productividad condujo a que estos incrementos salariales se reflejaran en aumento de costes laborales unitarios muy elevados, 7,4% y 9,0%, respectivamente, que ante la fortaleza de la demanda dom¨¦stica fueron trasladados, pr¨¢cticamente de forma total, a los precios. As¨ª, pese a la mejora de relaci¨®n real de intercambio que continuaba disfrutando Suecia, la inflaci¨®n se duplic¨® en apenas dos a?os, alcanzando en 1989 el 7,5% y el 8,8% en el mes de enero del presente a?o.

Evidentemente, el Gobierno de Carlsson no permaneci¨® impasible ante el deterioro de la situaci¨®n econ¨®mica. Junto a medidas parciales y el endurecimiento de las pol¨ªticas monetaria y fiscal, las voces que reclamaban una reforma en profundidad de las piezas centrales del modelo socialdem¨®crata comenzaron a arreciar. Como tambi¨¦n suele ocurrir, las propuestas de mayor ortodoxia y renovados esfuerzos fueron deso¨ªdas durante 1989, con lo que pr¨¢cticamente se sentenci¨® la inevitabilidad del paquete de medidas de choque presentadas el pasado 9 de febrero.

Como es bien sabido, tras haberse descolgado del proyecto original un recorte sustancial del gasto p¨²blico, el programa inclu¨ªa una congelaci¨®n de precios, salarios, alquileres y dividendos para los a?os 1990 y 1991, la prohibici¨®n de las huelgas por motivos salariales en 1990, as¨ª como medidas para que sean los empleadores los que asuman los costes de las dos primeras semanas de las bajas por enfermedad, la congelaci¨®n de los impuestos municipales y providencias espec¨ªficas para enfriar el sector de la construcci¨®n.

En definitiva, un aut¨¦ntico programa de choque, cuyas posibilidades de ¨¦xito pol¨ªtico, dada su contundencia, eran reducidas. En t¨¦rminos econ¨®micos parece igualmente muy cuestionable que la intervenci¨®n en el sistema de precios sea el mejor camino para estimular la producci¨®n y los incentivos al trabajo, aunque de haberse llevado adelante probablemente hubiese acabado temporalmente con la inflaci¨®n.

Dadas estas graves incertidumbres sobre la viabilidad t¨¦cnica y pol¨ªtica del proyecto, todo hace pensar que el Gobierno ha intentado precipitar el impostergable debate sobre los instrumentos y la naturaleza misma del modelo econ¨®mico sueco. En mi opini¨®n, se ha intentado transmitir a la sociedad sueca que la p¨¦rdida de la eficacia econ¨®mica compromete irremediablemente el principio de sociedad igualitaria que los votantes suecos han defendido sistem¨¢ticamente. Adem¨¢s, latente, tras la advertencia sobre la inmediatez de una profunda crisis econ¨®mica y social, se puede encontrar un mensaje igualmente importante: la creaci¨®n del mercado ¨²nico europeo ha elevado exponencialmente el coste de oportunidad del neutralismo, un valor per se en baja tras los acontecimientos pol¨ªticos del Este europeo.

Sin duda, el inevitable debate va a ser largo, doloroso y pol¨ªticamente enconado. Electoralmente puede ser muy f¨¢cil rentabilizar, en un pa¨ªs en el que el 55% de los votantes recibe su salario o pensi¨®n del presupuesto, que la socialdemocracia ha sacrificado su objetivo de sociedad igualitaria a los valores del individualismo capitalista manchesteriano. Pero resulta igualmente f¨¢cil rebatir ese interesado derrotismo. Suecia no tiene por qu¨¦ convertirse en Hong Kong, sino tan s¨®lo acomodar sus instituciones y normas a las de las econom¨ªas de mercado de su entorno, con las que va a competir, con la ventaja que sobre ellas le conceden sus niveles de servicios p¨²blicos, de prestaciones sociales y de distribuci¨®n igualitaria de la renta y de la riqueza.

Una razonable reforma fiscal y un modelo de negociaci¨®n que favorezca la moderaci¨®n salarial ciertamente no destruyen la esencia de la socialdemocracia. Reformar y racionalizar el modelo de consenso es una prueba m¨¢s del pragmatismo que ha caracterizado tradicionalmente al modelo sueco y adem¨¢s una v¨ªa eficaz de garantizar que, cuando el p¨¦ndulo ideol¨®gico mundial vuelva a retornar a posiciones m¨¢s equilibradas que las actuales, Suecia contin¨²e siendo un punto de referencia de la comunidad internacional.

Lo que quedar¨¢ para siempre entre las inc¨®gnitas de la historia es si esta crisis no pod¨ªa haber sido evitada corrigiendo a tiempo la p¨¦rdida de competitividad evidente en los ¨²ltimos a?os y reconsiderando en profundidad la responsabilidad de las instituciones fundamentales -Gobierno, Parlamento, patronal y sindicatos- en la elaboraci¨®n de la pol¨ªtica econ¨®mica.

Carlos Solchaga es ministro de Econom¨ªa y Hacienda.