El fiscal militar pide tres meses de c¨¢rcel para el coronel que amuebl¨® su casa a cargo del Ej¨¦rcito
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El fiscal del Tribunal Militar Central, general Manuel Areal ?lvarez, pidi¨® ayer tres meses de c¨¢rcel para el coronel m¨¦dico Manuel Santa¨²rsula Puerta, director del hospital Militar de Melilla hasta noviembre de 1988, por un delito contra la hacienda militar presuntamente cometido al amueblar el pabell¨®n en el que viv¨ªa con fondos del Ej¨¦rcito.
Al t¨¦rmino del juicio celebrado ayer en Madrid, el fiscal militar realiz¨® un elogio de la trayectoria profesional del acusado y destac¨® que la pena solicitada por ¨¦l era la m¨ªnima prevista en el art¨ªculo 190 del C¨®digo Penal castrense, que castiga con hasta dos a?os de prisi¨®n al militar que "empleare para sus fines particulares elementos asignados al servicio"." La ley es la ley, aunque resulte dura", manifest¨® el general Areal para justificar su petici¨®n de condena, basada en buena parte en la negativa del coronel Santa¨²rsula a atender los requerimientos que le hizo el capit¨¢n Blanco Garc¨ªa, encargado de la administraci¨®n del hospital, para que devolviera los muebles.
Por su parte, el abogado defensor, Gonzalo Mu?iz, asegur¨® que el parte presentado por el capit¨¢n Blanco, origen del proceso judicial, estuvo provocado por su animadversi¨®n personal hacia el coronel y pidi¨® la absoluci¨®n de su cliente, argumentando que en i este caso "o no hay delito o no
hay culpable".
El defensor dedic¨® buena parte de su alegato a demostrar que "todos los jefes de cuerpo destinados en Melilla tienen el pabell¨®n amueblado con cargo a sus respectivas unidades"; en contra de lo manifestado en un escrito por el titular de la Comandancia General de Melilla, quien dictamin¨® que, seg¨²n la reglamentaci¨®n vigente, esta prerrogativa s¨®lo corresponde al propio comandante y al segundo jefe.
El coronel Santa¨²rsula fue destinado a Melilla en octubre de 1987 y permaneci¨® al frente del hospital militar de dicha plaza hasta que, en noviembre de 1988 pas¨® a la reserva activa. El parte abierto en su contra le impidi¨®, seg¨²n su testimonio, ascender al generalato.
Varios de los testigos declararon que los muebles instalados en el pabell¨®n del coronel, por un valor aproximado de tres millones de pesetas, iban destinados a unas dependencias del centro hospitalario que se encontraban entonces en obras.
El director del hospital plante¨® a la junta econ¨®mica su deseo de que, mientras acababan los trabajos, el mobiliario se instalara en su domicilio, en vez de permanecer en un almac¨¦n, a lo que ninguno de los miembros de la misma se opuso.
Esta versi¨®n fue, sin embargo, puesta en duda por el presidente del tribunal, qui¨¦n cuestion¨® c¨®mo las cortinas, incluidas en el mobiliario, podr¨ªan servir para un emplazamiento distinto al que se instalaron y pregunt¨® a un testigo si fue el coronel quien confeccion¨® la relaci¨®n de muebles a comprar, a lo que ¨¦ste contest¨® positivamente. El defensor sostuvo que "no ha habido hasta ahora ni un solo caso de procesamiento de un militar por utilizar mobiliario de propiedad oficial".
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