1.500 ancianos andaluces est¨¢n en lista de espera para conseguir una plaza en residencia p¨²blica

Mil quinientos ancianos andaluces se encuentran en lista de espera para acceder a las residencias p¨²blicas, que disponen de 2,4 camas por cada 100 personas mayores de 65 a?os, menos de la mitad de la media europea. La Junta de Andaluc¨ªa no ejerce ning¨²n control sobre las residencias privadas de ancianos -que suponen casi el 75% de las existentes en la regi¨®n-, al carecer de una normativa de inspecci¨®n y vigilancia de estos centros. No se examinan las instalaciones y la cualificaci¨®n profesional del personal a su cargo. Tampoco se comprueba el buen trato a los ancianos ni la calidad de las prestaciones.

La asistencia a los ancianos es uno de los campos sociales menos vigilados. El control oficial es ¨ªnfimo y son frecuentes los abusos y los casos de picaresca. La indefensi¨®n que padece este sector de la sociedad, hist¨®ricamente relegado al olvido y la desmemoria, le convierte en blanco ideal de timadores y amigos del negocio f¨¢cil.El descubrimiento de malos tratos en un centro privado de Catalu?a -catalogado como de lujo- y su difusi¨®n a trav¨¦s unas terribles im¨¢genes fotogr¨¢ficas, convulsion¨® la conciencia de la opini¨®n p¨²blica y suscit¨® una tremenda duda acerca de lo que ocurre detr¨¢s de los muros de las residencias. En Andaluc¨ªa, donde est¨¢n censados 900.000 ancianos; nadie lo sabe con exactitud. El Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS) de la Junta, de reciente creaci¨®n, no tiene todav¨ªa control de los cuidados a residentes de organizaciones privadas, que son mayor¨ªa (cerca del 75%), y limita su responsabilidad a las entidades de titularidad p¨²blica, seg¨²n su director, Miguel ?ngel Polo.

No hay comprobaciones

En la actualidad, no se examinan las instalaciones, ni existe un baremo que especifique cu¨¢les son las dotaciones especiales que deben tener las residenclas. Tampoco se comprueba si el personal a su cargo posee la cualificaci¨®n profesional adecuada o si es suficiente en n¨²mero. La clausura de centros camina al ritmo de las denuncias, bien por la v¨ªa judicial o por la sanitaria, en el caso de que se detecten condiciones de insalubridad.?ste ¨²ltimo procedimiento ha sido utilizado en Sevilla por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a principios de a?o, para cerrar uno de los centros de la Fundaci¨®n Magn¨ªfica, contra el que se hab¨ªa presentado una denuncia a ra¨ªz de la muerte de una anciana. En el fallecimiento no se encontraron responsabilidades penales. Sin embargo, s¨ª se constataron deficiencias sanitarias.

No obstante, la Junta de Andaluc¨ªa est¨¢ preparando a marchas forzadas un decreto de inspecci¨®n regular, al tiempo que ha abierto un registro de acreditaci¨®n de entidades sociales, de manera que una vez agotado el plazo de inscripci¨®n, ninguna organizaci¨®n que no tenga la debida licencia pueda dedicarse a estas actividades.

En lo que se refiere al sector p¨²blico, los asilos y residencias de ancianos est¨¢n gestionados por los ayuntamientos, diputaciones y la propia Junta. Progresivamente, a trav¨¦s de la ley de Diputaciones, los servicios sociales de la comunidad aut¨®noma se transferir¨¢n a los municipios, de forma que la Consejer¨ªa de Salud se reservar¨¢ la potestad de marcar las directrices y las normas generales.