La hora del impuesto

APENAS REPUESTOS del trance amargo -al margen de su exigencia legal y su justificaci¨®n social- de la declaraci¨®n sobre la renta de las personas f¨ªsicas de 1988, los contribuyentes espa?oles se enfrentan, cinco meses despu¨¦s, a la correspondiente al a?o 1989. El respiro que supuso el aplazamiento de mayo a noviembre del pasado a?o de la declaraci¨®n de 1988, debido a la sentencia del Tribunal Constitucional que puso patas arriba el sistema fiscal que ven¨ªa funcionando desde 1978, se ha vuelto en contra de los contribuyentes, que en tan corto lapso de tiempo deben afrontar de nuevo sus obligaciones fiscales.A partir de hoy y hasta el 20 de junio, para las declaraciones positivas, y el 2 de julio, para las negativas, los espa?oles ser¨¢n los protagonistas del ritual impositivo, cuya principal funci¨®n ser¨¢ la de descifrar y cumplimentar los formularios en que deben plasmar su declaraci¨®n y que, pese a la buena voluntad de los responsables del Ministerio de Hacienda, siguen siendo incomprensibles para una buena parte de los ciudadanos. Una obligaci¨®n que deber¨ªa poder ser asumida plenamente por cada uno de los contribuyentes se ha convertido para la gran mayor¨ªa en un trago desagradable del que intentan salir como pueden y recurriendo cada vez m¨¢s al concurso imprescindible de los asesores fiscales.

Si hay un factor que sigue caracterizando el sistema impositivo espa?ol es el de la provisionalidad. Y ¨¦ste perdurar¨¢ todav¨ªa alg¨²n tiempo, hasta tanto no se ponga en pie un modelo fiscal definitivo mirando con un ojo los criterios del Tribunal Constitucional y con otro las exigencias del mercado ¨²nico europeo. Mientras, los casi diez millones de espa?oles obligados a declarar este a?o -cerca de un mill¨®n m¨¢s que el a?o pasado- lo har¨¢n en el marco del r¨¦gimen transitorio aprobado con urgencia para los ejercicios de 1988 y 1989, y que ahora acaba de ser prorrogado al ejercicio de 1990. Pocas novedades, pues, presenta la declaraci¨®n de la renta de 1989 en relaci¨®n con la del a?o pasado, entre ellas la de retomar la tradici¨®n de poder ingresar el impuesto en dos plazos -el 60% en el momento de presentar la declaraci¨®n y el 40% restante hasta el 5 de noviembre- en los supuestos de declaraci¨®n positiva y la de elevar de 500.000 a 900.000 pesetas los rendimientos de capital a los efectos de la declaraci¨®n simplificada.

En cualquier caso, urge acabar con esta situaci¨®n de provisionalidad, que se traduce para el contribuyente en desorientaci¨®n sobre el alcance de sus obligaciones fiscales y en inseguridad jur¨ªdica. El aumento de la carga impositiva soportada por los espa?oles que declaran en los ¨²ltimos a?os, el mayor n¨²mero de ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales y la sustanciosa aportaci¨®n que hacen a las arcas del Estado -unos 3,3 billones de pesetas de recaudaci¨®n por el impuesto de la renta de 1988- merecen, cuando menos, un esfuerzo equivalente por parte de la Administraci¨®n en cuanto a garant¨ªas, seguridad y transparencia del sistema impositivo. El secretario de Estado de Hacienda ha acogido como regalo de boda, despu¨¦s de tanto varapalo judicial, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara ajustados a derecho varios controvertidos art¨ªculos de la Ley General Tributaria. Pero esta alegr¨ªa s¨®lo tendr¨ªa sentido para el contribuyente si sirviera para acabar con los vaivenes legislativos en materia fiscal y en mejorar el trato que recibe de la Administraci¨®n tributaria. El silencio administrativo, o la conducta prepotente de un Departamento de Hacienda que, por ejemplo, reh¨²sa cartearse con los contribuyentes son m¨¦todos que no mejoran la conciencia fiscal de los ciudadanos. Una conciencia que vive momentos delicados en un marasmo de presuntas corruptelas y sospechas en el seno de buena parte de los partidos pol¨ªticos.

Ser¨ªa conveniente que el mismo ardor que demuestra Hacienda para sus tareas recaudatorias lo manifestase para convencer a todos de la justeza de su car¨¢cter redistributivo y su ecuanimidad investigadora.