El Grupo Popular explicaciones a Corcuera por la actuaci¨®n policial

, El Grupo Parlamentario Popular pedir¨¢ inmediatamente la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Jos¨¦ Luis Corcuera, as¨ª como del gobernador civil y del jefe superior de Polic¨ªa de Valencia, para que expliquen el comportamiento "arbitrario" de la Polic¨ªa en la investigaci¨®n del caso Naseiro. El autor de la investigaci¨®n interna en el PP, Alberto Ruiz Gallard¨®n se?ala en su informe que la actuaci¨®n policial "supone la violaci¨®n de determinados preceptos legales y sugiere la existencia de motivaciones ajenas al buen hacer en la persecuci¨®n del delito".

El informe indica que la Polic¨ªa debi¨® de dar cuenta al juzgado competente de que estaba investigando un delito de presunto cohecho, distinto del de tr¨¢fico de droga por el que comenz¨® la escucha telef¨®nica de Rafael Palop, hermano del concejal Salvador Palop. "La Polic¨ªa de Valencia, por el contrario, guard¨® pruebas durante m¨¢s de 15 d¨ªas, las entreg¨® a un juzgado distinto al que orden¨® las diligencias que permitieron obtener las pruebas y eligi¨® arbitrariamente el momento de acudir al juzgado (del que es titular Luis Manglano) con las pruebas".

Para Ruiz Gallard¨®n, la Polic¨ªa viol¨® varios art¨ªculos de la Constituci¨®n, "autoconstituy¨¦ndose en la directora pr¨¢ctica de la investigaci¨®n". Por tanto, el autor del informe cree que los hechos pueden determinar la nulidad de las actuaciones judiciales, generar responsabilidades de los agentes de polic¨ªa e incurrir en un delito de prevaricaci¨®n, si se comprueba que hubo "motivos espurios", es decir pol¨ªticos, en el inicio de las grabaciones telef¨®nicas.

Cr¨ªticas a Manglano

Respecto al juez Luis Manglano, Ruiz Gallard¨®n mantiene que hubo "grav¨ªsimas anomal¨ªas del procedimiento con que se investiga un delito mientras se instruye otro totalmente distinto". Manglano puede haber conculcado, seg¨²n el Partido Popular, derechos constitucionales, como el de elecci¨®n de abogado defensor, derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley o el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones telef¨®nicas.

Ruiz Gallard¨®n sostiene que "la autorizaci¨®n de una intervenci¨®n telef¨®nica no confiere la competencia sobre los delitos que se descubran al juez autorizante, sino que ¨¦ste debe pasar a reparto el asunto". El senador popular plantea sus dudas sobre la competencia de Manglano para la instrucci¨®n del caso dado que no se encontraba de guardia el d¨ªa en que la Polic¨ªa solicit¨® autorizaci¨®n para intervenir el tel¨¦fono de Rafael Palop, hermano del concejal Salvador Palop.

El PP propondr¨¢ en el Congreso que la incomunicaci¨®n de los detenidos se limite a la investigaci¨®n de delitos de terrorismo o narcotr¨¢fico y una reforma legislativa que garantice "en todo caso" el derecho a la libre elecci¨®n de abogado.