El Estado pagar¨¢ a las v¨ªctimas de la colza si se condena a cargos de UCD

, El juez instructor del segundo sumario de la colza, Carlos Bueren, ha ordenado que se celebre juicio contra 10 funcionarios -cinco ex altos cargos de la extinta Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico (UCD) y otros cinco de la administraci¨®n local- presuntos responsables por negligencia de la intoxicaci¨®n masiva que asol¨® Espa?a en 1981. El juez ha declarado al Estado responsable civil subsidiario, lo que supone que la Administraci¨®n tendr¨¢ que hacer frente a las indemnizaciones a los afectados si alguno de los acusados resultara condenado.

Las compensaciones econ¨®micas para los enfermos del s¨ªndrome t¨®xico oscilan entre 150.000 pesetas para los que estuvieron lesionados menos de 15 d¨ªas y 90 millones para los grandes inv¨¢lidos, y supondr¨ªan para las arcas del Estado un desembolso de varios miles de millones de pesetas.La decisi¨®n del judicial supone el primer paso de un proceso instado con la finalidad de dar una cobertura econ¨®mica a los miles de afectados por el s¨ªndrome t¨®xico y a los herederos de los fallecidos.

Para los abogados de los damnificados, la verdadera trascendencia de esta resoluci¨®n judicial no pasa por meter en la c¨¢rcel a una decena de antiguos ex funcionarios, algunos ya jubilados, sino conseguir una declaraci¨®n de culpabilidad que abra el camino de las arcas del Estado para el cobro de las indemnizaciones, de las que deber¨¢n descontarse "las cantidades que el Estado acredite entregadas".

El auto del juez Bueren, anticipado ayer por El Sol, distingue cuatro grupos de hechos en los que agrupa las presuntas responsabilidades. En esa l¨ªnea, considera inculpado a Manuel Hern¨¢ndez Bola?os, de 65 a?os, ex director del Laboratorio Central de Aduanas, por los hechos que se refieren a las autorizaciones para utilizar el aceite de anilina -en vez del aceite de ricino que se ven¨ªa empleando- como desnaturalizante del aceite de colza.

Falta de control

El segundo de los grupos se refiere a la falta de atenci¨®n y control sobre las licencias de importaci¨®n del aceite de colza. El "notabil¨ªsimo aumento de las importaciones", seg¨²n el juez, debi¨® hacer ver a los responsables de la Administraci¨®n la falsedad del destino aparente (el uso industrial) respecto al destino real, el consumo de boca.

La resoluci¨®n explica que resultaba antiecon¨®mico comprar en Francia aceite de colza, hacerlo refinar y desnaturalizar, transportarlo hasta Espa?a y luego utilizarlo en la industria, "cuando en todo caso puede comprarse el mismo producto sin refinar o crudo". Como supuestos responsables ser¨¢n llevados a juicio Jos¨¦ Guill¨® Fern¨¢ndez, ex director general de Consumo y ex comisario de Abastecimientos y Transportes, que autorizaba las importaciones, y Federico Povedano Alonso, jefe de Importaci¨®n de Productos Agr¨ªcolas, que se abstuvo de aclarar el aumento de las importaciones de la empresa RAPSA.

Antonio Bard¨®n Artacho, de 44 a?os, jefe del Servicio contra Fraudes, ha sido acusado de negligencia en el control de las industrias aceiteras, por "no haber impedido la venta" de aceites de Ole¨ªcola Toledana y Raelca, empresas que carec¨ªan de n¨²mero de registro sanitario.

Roberto Conty Larraz, de 66 a?os, subdirector general de Alimentaci¨®n, comparecer¨¢ a juicio por haber certificado como "apto para el consumo" un an¨¢lisis sobre aceites en el que no se informaba sobre determinaciones t¨®xicas.

Venta ambulante

El juicio se dirigir¨¢ tambi¨¦n contra el ex alcalde socialista de Alcorc¨®n Jos¨¦ Aranda Catal¨¢n y los ex concejales de este Ayuntamiento Francisco Mayo Gim¨¦nez y Casimiro Mayo Rodr¨ªguez. En el mismo caso est¨¢n Miguel Casado Palomero y Juli¨¢n P¨¦rez Cabello, ex funcionarios del Ayuntamiento de Valladolid. A todos se les inculpa por el "negligente control de la venta ambulante".