El acuerdo con el delincuente sobre delito y pena, avalado por fiscales progresistas
El Congreso de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), que hoy se clausura en San Sebasti¨¢n, ha expresado su conformidad con el llamado principio de consenso, que introduce en el Derecho procesal penal espa?ol una pr¨¢ctica procedente del Derecho anglosaj¨®n: la posibilidad de que en los delitos menores -hasta seis a?os de c¨¢rcel- el delincuente, asistido por su abogado, se ponga de acuerdo sobre los hechos cometidos y la pena aplicable, con lo que la sentencia del juez se limitar¨¢ a reproducir ese acuerdo. La UPF aprobar¨¢ hoy otras propuestas, entre ellas la de que se despenalice absolutamente el aborto cometido durante las 13 primeras semanas de gestaci¨®n.El principio de consenso, introducido por la reforma M¨²gica y todav¨ªa muy poco aplicado, ha sido rechazado por juristas progresistas, varios de ellos de Jueces para la Democracia, por entender que en aras de agilizar la justicia, se sustituye la actividad judicial por un pacto, sobre "el precio del delito", en el que el fiscal est¨¢ en superioridad de condiciones sobre el delincuente y puede producirse una injerencia del Gobierno, que es quien nombra al fiscal general del Estado.
En 24 horas
Los asistentes al congreso de la UPF debatieron estas objeciones y llegaron a la conclusi¨®n de que la pr¨¢ctica del acuerdo con el delincuente; realizado en los casos autorizados por cada junta de fiscales, es un "instrumento v¨¢lido de trabajo, que permite realizar juicios 24 horas despu¨¦s de cometerse el delito y acelerar la administraci¨®n de justicia", en palabras de Luis Bardaj¨ª, ponente de este tema.En la jornada de ayer se aprob¨® tambi¨¦n la creaci¨®n de una comisi¨®n que aporte ideas al grupo que elabora un borrador del nuevo C¨®digo Penal. Igualmente se acord¨® que para la defensa del inter¨¦s social, los fiscales no se atengan s¨®lo a los criterios del Gobierno, sino tambi¨¦n a los de los grupos sociales afectados, como sindicatos y asociaciones de vecinos .
La propuesta de Alfonso Aya de que, hasta que exista una normativa los fiscales se abstengan de acusar a quienes objeten por razones de conciencia el servicio militar suscit¨® una amplia pol¨¦mica.
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