La Uni¨®n Progresista de Fiscales pide la rigurosa investigaci¨®n de los delitos sexuales

El congreso de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), clausurado ayer en San Sebasti¨¢n por el fiscal general M Estado, Leopoldo Torres, propugn¨® la democratizaci¨®n de la carrera fiscal y la rigurosa investigaci¨®n de los delitos contra la libertad sexual de la mujer, as¨ª como los delitos de corrupci¨®n econ¨®mica.

Torres fue favorable al "contenido democr¨¢tico y transformador" del congreso y expres¨®, por su. parte, la necesidad de amparar "el derecho a la salud, a la vivienda digna, el trabajo, la seguridad social, el medio ambiente y los derechos de los consumidores, ancianos, mujeres y menores, cuando son violentados bajo muy diversas formas".En su discurso de clausura, Torres se mostr¨® receptivo hacia los problemas de los fiscales, a quienes pidi¨® que huyan de "la tentaci¨®n del corporativismo". En cambio, les exhort¨® a contribuir a la transformaci¨®n del servicio p¨²blico de la justicia, en el ecntexto del resto de los funcionarios p¨²blicos y "de las aspiraciones de los trabajadores de este pa¨ªs". Propugn¨® una respuesta al inter¨¦s social, compatible con la defensa de la legalidad y del inter¨¦s p¨²blico, y confes¨® que durante sus cuatro meses en el cargo no ha logrado introducir en los medios de comunicaci¨®n su mensaje en favor de "quienes m¨¢s necesitados est¨¢n de nuestra acci¨®n, porque no pueden o no saben defenderse".

Previamente, tras expresar su solidaridad con el fiscal argentino Julio C¨¦sar Strasera, que intervino en el proceso contra la junta militar de su pa¨ªs, el congreso aprob¨® sus conclusiones, entre las que figura que la UPF recoge "los valores tradicionales de la izquierda, y desea democratizar la carrera fiscal, entre otras formas mediante "la apertura del actual consejo fiscal a una representaci¨®n de la sociedad".

Aborto y reinserci¨®n

El congreso de la UPF ratific¨® la solicitud de que en el nuevo C¨®digo Penal de la democracia, que despenalice el aborto en las 13 primeras semanas de gestaci¨®n, as¨ª como se introduzca la indicaci¨®n social para los dem¨¢s casos. Asimismo, se opuso a las iniciativas gubernamentales para cerrar las vias a la reinserci¨®n de quienes, aun habiendo cometido delitos muy graves, cumplan los requisitos reconocidos en las leyes penales y procesales. La UPF pidi¨® tambi¨¦n la regulaci¨®n pormenorizada del delito ecol¨®gico, con especial incidencia contra las empresas responsables, y recab¨® un "mayor sensibilidad y eficacia de la Administraci¨®n".

Igualmente, la UPF manifest¨® la necesidad de que "se investiguen los delitos econ¨®micos y contra los trabajadores, y en particular, los que expresan las diversas formas de corrupci¨®n".

Se aprob¨® tambi¨¦n que ante la gravedad de los delitos contra la libertad sexual, y de modo particular la violaci¨®n, la UPF debe plantearse en las juntas de fiscal¨ªa que sean rigurosamente investigados y se planteen los recursos procedentes para que "tan grav¨ªsimas conquistas contra la dignidad y la libertad de la mujer sean objeto de la persecuci¨®n que merecen, adoptando las iniciativas precisas para la protecci¨®n de las v¨ªctimas frente a sus agresores y reclamando las indemnizaciones pertinentes por los da?os fisicos y ps¨ªquicos que le fueran ocasionados".

Estas dos ¨²ltimas conclusiones fueron propuestas por el fiscal jefe de Catalu?a, Carlos Jim¨¦nez Villarejo. Sin mencionar los casos Banca Catalana, Penafreta o Naseiro, Jim¨¦nez Villarejo record¨® que "los m¨¢ximos conflictos de los fiscales se producen cuando persiguen los delitos econ¨®micos o de cuello blanco, cuyos autores est¨¢n protegidos y cuentan con garant¨ªas de las que carecen otros delincuentes".