A partir de ma?ana

Viene de la primera p¨¢gina

Una vieja mina de sal, sin explotar desde hace m¨¢s de 50 a?os, es el lugar elegido para guardar los cerca de 100.000 millones de marcos (11 billones de pesetas) que dejar¨¢n de tener valor propio el pr¨®ximo 1 de julio". As¨ª comenzaba el reportaje referido a la nueva superpotencia europea que publicaba El Pa¨ªs Semanal la pasada semana. La unidad econ¨®mica y monetaria, la conferencia dos m¨¢s cuatro, el debate sobre si la nueva Alemania debe pertenecer o no a la OTAN y la pugna entre socialdem¨®cratas y conservadores (y en el seno de los primeros tambi¨¦n) sobre el ritmo de las elecciones generales conjuntas pintan el cuadro del nacimiento de un Estado hegem¨®nico en la zona y, como corolario, de una Europa de perfiles muy distintos a los que estaban en la mente de los estadistas hace apenas un a?o.

A esa Europa de rasgos tan imprecisos pertenecer¨¢ Espa?a, con todas sus consecuencias, a partir del a?o 1993. Hace 12 meses, nuestro pa¨ªs dio un paso adelante con la entrada de la peseta en el Sistema Monetario Europeo (SME). El 16 de junio del pasado a?o, el presidente del Gobierno almorzaba en las afueras de Madrid con un grupo de banqueros y de hombres de negocios. En la sobremesa, con los mercados de cambios cerrados y un largo fin de semana por delante, Felipe Gonz¨¢lez anunci¨®, entre la estupefacci¨®n de los presentes: "Se?ores, acabamos de entrar en el SME".

A partir de ese d¨ªa se iniciaba un voluntario y largo calvario de p¨¦rdida de soberan¨ªa de las autoridades econ¨®micas espa?olas en beneficio del ideal pol¨ªtico de la Europa unida, que ha dejado de pertenecer al terreno de las utop¨ªas. Hay una privaci¨®n radical de poder de los Estados individuales en cuanto a la direcci¨®n de los procesos econ¨®micos. El ex canciller federal alem¨¢n Helmut Schmidt ha escrito que, en nuestros d¨ªas, con los instrumentos de la pol¨ªtica nacional, incluso si pudiera disponer de ellos a su voluntad y sin atenerse a ning¨²n tipo de obligaci¨®n (es decir, gobernando con mayor¨ªa absoluta), un Ejecutivo s¨®lo podr¨ªa determinar el acontecer econ¨®mico en un 30%; el 70% restante le viene dado por su entorno. Con el ingreso en el SME se estrech¨® a¨²n m¨¢s la autonom¨ªa espa?ola en la elecci¨®n de herramientas para corregir los desequilibrios y se entr¨® en una disciplina r¨ªgida en el mecanismo de tipos de cambios de las monedas, pivotando sobre el marco alem¨¢n.

Cuando Felipe Gonz¨¢lez adelanta las elecciones generales al pasado mes de octubre, lo hace bajo el argumento de que es preciso adoptar medidas definitivas para encarar con ¨¦xito los efectos del Acta ?nica europea y preparar a la econom¨ªa espa?ola para el impacto del mercado ¨²nico interior y de la competencia intereuropea. Este adelanto fue interpretado como la antesala de un plan de ajuste duro, bajo el cors¨¦ del SME. Los hechos desbarataron est¨¢ explicaci¨®n, pero tambi¨¦n ocultaron la urgencia de las medidas complementarias a la disciplina del SME. Los esc¨¢ndalos que han afectado a la vida p¨²blica en sus ¨²ltimos nueve meses han retrasado la pr¨¢ctica de una pol¨ªtica de complicidad de los partidos y los agentes sociales en relaci¨®n a un hecho que afectar¨¢ a la vida cotidiana de todos los ciudadanos de modo fundamental dentro de apenas dos a?os: la pertenencia a una Europa unida sin fronteras, con libre circulaci¨®n de bienes, personas y capitales, en la que las reglas del juego y las costumbres sociol¨®gicas ser¨¢n revolucionariamente distintas y en la que nuestro pa¨ªs no figurar¨¢ entre los m¨¢s fuertes.

Por ello es por lo que hab¨ªa que aprovechar el colch¨®n de tiempo de esta legislatura para hacer las adaptaciones que permitan a empresas y trabajadores competir en las mejores condiciones posibles a partir del 1 de enero de 1993. Momento en el que se iniciar¨¢ lo que se ha denominado el "segundo shock liberalizador". Estas circunstancias han rebrotado con fuerza en las ¨²ltimas semanas, en las que se ha planteado la necesidad de consensuar un pacto de progreso a largo plazo. Quiz¨¢ excesivamente nervioso ante el paso de los d¨ªas sin lograr avances sustantivos, el ministro de Econom¨ªa y Hacienda ha planteado la alternativa de una manera cruda: "Pacto social o plan de estabilizaci¨®n". En esta ocasi¨®n, el pacto social no tendr¨ªa car¨¢cter instrumental, sino que formar¨ªa parte central de la pol¨ªtica econ¨®mica. El pacto social fue reclamado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su ¨²ltimo informe sobre Espa?a predicaba: "Existe el riesgo de que el clima favorable con el que la actividad econ¨®mica ha venido contando pudiera deteriorarse, afectando tanto a la inversi¨®n dom¨¦stica como extranjera y, por tanto, a la tasa de crecimiento de la econom¨ªa, de forma que Espa?a se aproximase en 1992 en una posici¨®n precaria. "El entorno exterior podr¨ªa ser tambi¨¦n menos favorable, dada la mayor competencia que los acontecimientos de Europa del Este ejercer¨¢n sobre las exportaciones y la captaci¨®n de inversiones extranjeras. Confiamos en que tanto las autoridades como los interlocutores sociales reconozcan estos hechos y que se pueda llegar entre todos ellos a un acuerdo sobre los pasos a tomar para mejorar la competitividad exterior de la econom¨ªa, y poder mantener as¨ª un clima favorable para la inversi¨®n y la creaci¨®n de empleo".

Hay que contemplar, pues, el pacto de progreso como una continuaci¨®n l¨®gica de la entrada en el Sistema Monetario Europeo. Para instrumentarlo, el Gobierno ha escogido dos foros complementarios: el Consejo Econ¨®mico Social (CES), en el que de forma habitual discutir¨¢ el Ejecutivo con la patronal y los sindicatos, y la Comisi¨®n Mixta Congreso- Senado, en la que el ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Carlos Solchaga, explic¨® la pasada semana los contenidos de ese acuerdo posible, bajo la necesidad de adoptar una pol¨ªtica econ¨®mica que maximice el crecimiento sin poner en peligro los equilibrios internos y externos.

El pacto de progreso actuar¨ªa como instrumento antiinflacionista, intentando aumentar el poder adquisitivo real -no monetario- de los salarios reales, desacelerando los costes salariales unitarios. Se trata de repartir el incremento de la productividad real, ya que, seg¨²n el ministro, las empresas espa?olas no necesitan incrementar m¨¢s tiempo sus beneficios porque han alcanzado un nivel suficiente para garantizar la inversi¨®n. Solchaga ha dicho que "en la situaci¨®n actual es factible que empresarios y sindicatos, dejando al lado la Ilusi¨®n monetaria, pacten un reparto de las ganancias de productividad real que asegure un crecimiento sostenido del poder de compra de los trabajadores y de la inversi¨®n productiva generadora de empleo". B¨¢sicamente, se trata de aumentar la competitividad externa sin tener que recortar sustancialmente el gasto p¨²blico.

La alternativa al pacto de progreso es un nuevo plan de estabilizaci¨®n, que, por definici¨®n, supone una redistribuci¨®n :negativa de la renta. Una estabilizaci¨®n econ¨®mica es un mecanismo administrativo -por tanto, situado al margen del mercado- para recomponer los beneficios empresariales y, por tanto, hacer m¨¢s regresiva la distribuci¨®n de la renta. Cualquier interpretaci¨®n distinta de ¨¦sta es un eufemismo.

Los intentos de concertaci¨®n en los ¨²ltimos tiempos han tenido como objetivo final este pacto de progreso. En unas recientes declaraciones lo ha dicho claramente el presidente del Gobierno: "Estamos haciendo un esfuerzo de negociaci¨®n con los interlocutores sociales... Estamos proponiendo que contin¨²e el debate que ya se ha iniciado en el Congreso de los Diputados sobre aspectos fundamentales de lo que es el proyecto pol¨ªtico, econ¨®mico y social para los espa?oles en los pr¨®ximos a?os... Estamos haciendo un enorme esfuerzo de di¨¢logo multidireccional sobre temas relacionados con el desaf¨ªo de 1993".

Parece, pues, l¨®gico que, despejada la inc¨®gnita de las elecciones andaluzas, el hilo conductor de la pol¨ªtica en los pr¨®ximos meses -salpicada de nuevas elecciones auton¨®micas o municipales y quiz¨¢ con remodelaciones en la composici¨®n personal del Ejecutivo- est¨¦ en coherencia con el objetivo de adecuar las estructuras productivas a una mejor posici¨®n en relaci¨®n con las europeas. Se trata de unir a Espa?a al pelot¨®n de los pa¨ªses m¨¢s fuertes de Europa evitando su adhesi¨®n al sur geopol¨ªtico de la zona. Si ello se logra mediante una cultura del pacto y no mediante una decisi¨®n administrativa ayudar¨¢ de forma paralela a una mayor vertebraci¨®n de la vida espa?ola, verdadero punto negro de la transici¨®n.