Espionaje telef¨®nico

COMO UN Guadiana, el espionaje telef¨®nico aparece y desaparece desde hace varios a?os en los entresijos de la vida pol¨ªtica y social espa?ola sin que, a la postre, se conozca con exactitud la amplitud del fen¨®meno. Ahora, la sospecha de la escucha telef¨®nica ilegal ha vuelto a tomar cuerpo en el propio terreno reservado a la justicia. El grupo de Polic¨ªa Judicial de la Audiencia de Sevilla, dedicado preferentemente a la investigaci¨®n del caso Juan Guerra bajo las ¨®rdenes del juez M¨¢rquez Romero, ha denunciado las presuntas manipulaciones del tel¨¦fono de sus dependencias en la sede de los juzgados sevillanos. El asunto es "inquietante e indignante", como ha denunciado el juez decano de Sevilla, y exige que se investigue a fondo y se siga el rastro que lleva hasta los presuntos manipuladores.Las sospechas sobre la intervenci¨®n flegal de las comunicaciones no deben rechazarse sin m¨¢s, atribuy¨¦ndolas al delirio o a las ganas de darse importancia de los supuestos vigilados. Sin duda que han podido darse casos de denuncia movidos por este tipo de motivaciones, pero en estos a?os han aparecido demasiados indicios -y algunos casos probados- que apuntan a la proliferaci¨®n de personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que, con los medios que la tecnolog¨ªa moderna proporciona, se dedican impunemente a violar la intimidad de determinados ciudadanos, a controlar la actividad de sus oponentes pol¨ªticos y de sus rivales profesionales o econ¨®micos o a saber de antemano la orientaci¨®n de determinadas investigaciones en curso.

Desde el Gobierno se ha intentado poner freno a esa sucia tarea acabando con las lagunas legales que la facilitaban. En 1984 se introdujo en el C¨®digo Penal el delito espec¨ªfico de escuchas telef¨®nicas ilegales y posteriormente se clarific¨® en la Ley de Enjuiciamiento Criminal el marco legal en que es posible, con la debida autorizaci¨®n judicial, levantar el secreto constitucionalmente protegido de las comunicaciones telef¨®nicas en averiguaci¨®n del delito. Pero ello no basta.

La responsabilidad del Ejecutivo incluye tambi¨¦n que sus servicios observen escrupulosamente la legalidad y se extiende a garantizar su respeto por cualquier otra persona, f¨ªsica o jur¨ªdica, que intente violarla. S¨®lo as¨ª podr¨¢ acabarse con la difusa sensaci¨®n que a veces se tiene, magnificada interesadamente en ciertos casos, de que son muchos los que se dedican a escuchar a muchos en este pa¨ªs.