Modelo imposible

LA RECIENTE protesta en la c¨¢rcel Modelo de Barcelona, en la que cinco presos enfermos de sida permanecieron durante 52 horas en el tejado de la c¨¢rcel aguantando unas temperaturas extremas, ha puesto de nuevo en evidencia las deficiencias del sistema carcelario. Estos presos, drogadictos en su origen y afectados en la actualidad por el s¨ªndrome de inmunodeficiencia adquirida, ped¨ªan algo humanamente elemental: una atenci¨®n sanitaria adecuada a la gravedad de la enfermedad que padecen.El nivel de drogadicci¨®n y el n¨²mero de seropositivos (personas que, a la larga, desarrollar¨¢n el sida) son espeluznantes: el 50% y el 28% de los m¨¢s de 33.000 reclusos espa?oles, respectivamente, seg¨²n estimaciones oficiales. Tan alarmante que a partir de esta situaci¨®n resulta un sarcasmo hablar de pol¨ªtica penitenciaria mientras las administraciones muestren su incapacidad para facilitar el tratamiento hospitalario de estos dos fen¨®menos carcelarios, droga y sida, tan estrechamente ligados en cuanto a relaci¨®n de causa y efecto.

La administraci¨®n penitenciaria ha recurrido en los ¨²ltimos tiempos -en mayor medida que en el pasado- a la ayuda del sistema nacional de salud. En teor¨ªa los presos, aunque privados de libertad, no dejan de ser ciudadanos como los dem¨¢s, con los mismos derechos constitucionales que ¨¦stos, incluido el de la protecci¨®n a su salud. Pero en la pr¨¢ctica esta soluci¨®n puede resultar inoperante si las administraciones sanitarias no asumen plenamente esta tarea y, sobre todo, si persisten los obst¨¢culos legales que dificultan el ingreso de los reclusos necesitados de tratamiento en los hospitales p¨²blicos.

En el caso de la c¨¢rcel barcelonesa, a los males generales se han unido otros particulares de no menos graves consecuencias, que afectan de hecho a todas las c¨¢rceles catalanas. El departamento de Justicia de la Generalitat, administraci¨®n responsable en este caso, ha actuado en los ¨²ltimos cuatro a?os con la obsesi¨®n de evitar a toda costa alteraciones de orden p¨²blico o esc¨¢ndalos que pudieran afectar a la credibilidad del Gobierno aut¨®nomo, a la vez que aplazaba decisiones conflictivas -como el del emplazamiento de nuevas c¨¢rceles- en funci¨®n de circunstancias electorales o de oportunidad pol¨ªtica.

Este estilo ha llevado a situaciones extremas en las que el autoritarismo de la superioridad se ha impuesto a las denuncias razonables de funcionarios y m¨¦dicos sobre el estado de las c¨¢rceles y la ausencia de servicios de sanidad dignos. A la postre han llegado el mot¨ªn, la muerte de una reclusa, la denuncia contundente del fiscal de vigilancia penitenciaria -que considera la actual enfermer¨ªa y su proyecto de reforma insuficientes incluso para cubrir los m¨ªnimos que marca la ley- y el desprestigio de los responsables, empezando por el consejero de Justicia, Agust¨ª Bassols. La preocupaci¨®n por evitar los problemas y mantener la apariencia de orden ha creado, al fin, un mayor desorden, que sufren los reclusos en su propio cuerpo y, en general, todos los ciudadanos, sorprendidos por esta nueva exhibici¨®n de dolor y miseria.