El Gobierno murciano recurre a un ginec¨®logo de Madrid para hacer abortos

Cinco a?os despu¨¦s de que entrara en vigor la ley de interrupci¨®n voluntaria del embarazo se han realizado los dos primeros abortos legales en Murcia. Para ello ha sido necesario que las autoridades sanitarias de la comunidad aut¨®noma contraten, a tiempo parcial, un ginec¨®logo de Madrid, ya que todos los especialistas de la regi¨®n murciana se han acogido a la objeci¨®n de conciencia. Esta situaci¨®n obligaba cada a?o a 800 mujeres, amparadas en alguno de los supuestos legales, a salir de Murcia para poder abortar.

Las dos primeras interrupciones de embarazo se han realizado este mes y se han debido a malformaci¨®n del feto. En ambos casos las mujeres superan los 40 a?os de edad. La consejer¨ªa de Sanida, acogi¨¦ndose a las normas sobre secreto estad¨ªstico de las personas, ha rehusado dar m¨¢s datos sobre estos abortos as¨ª como sobre las otras mujeres que esperan poder acogerse a la ley de interrupci¨®n voluntaria del embarazo sin tener que abandonar Murcia.Miguel ?ngel P¨¦rez Espejo, consejero de Sanidad en Murcia, anunci¨® a primeros de a?o que respetando la legalidad -esa comunidad no tiene trasferidas las competencias en materia de sanidad- estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias para acabar con la discriminaci¨®n a que se ve¨ªan sometidas la mujeres en Murcia al no contar con un centro sanitario dispuesto a realizar interrupciones de embarazo.

Antes de decidirse a contratar a un ginec¨®logo que trabaja habitualmente en la cl¨ªnica privada Dator, de Madrid, para que se desplazara peri¨®dicamente a Murcia, P¨¦rez Espejo dirigi¨® una carta a los tocoginec¨®logos que ejercen su profesi¨®n en Murcia. En ella les recordaba que existe una ley que autoriza el aborto en tres casos (riesgo para la salud de la madre, malformaci¨®n del feto y embarazos fruto de una violaci¨®n) y les requeria para quemanifestaran su posici¨®n profesional.

Esta carta, en la que se garantiza la confidencialidad a todos los facultativos, s¨®lo ha sido contestada por dos de ellos. La Sociedad Murciana de Ginecolog¨ªa manifest¨® su oposici¨®n al consejero y calific¨® la misiva de intimidatoria. P¨¦rez Espejo anunci¨®, entonces que buscar¨ªa fuera los especialistas necesarios para prestar este servicio de la sanidad p¨²blica. La Consejer¨ªa de Sanidad dispone s¨®lo de dos centros hospitalarios: el antiguo de la Diputaci¨®n Provincial en la capital y otro en Santiago de la Ribera, junto al Mar Menor. Adem¨¢s de ¨¦stos, en Murcia hay otros cinco hospitales p¨²blicos, que dependen del Insalud, y un hospital militar en Cartagena.

Grupos de militantes de la Asociaci¨®n Provida se han manifestado ante las puertas del hospital de Los Arcos de Santiago de la Ribera (situado en el municipio de San Javier, en cuya corporaci¨®n tiene mayor¨ªa el Partido Popular), desde que se hizo p¨²blico el pasado mes de junio que en este centro podr¨ªan realizarse abortos. Las manifestaciones fueron apoyadas por el obispo de la di¨®cesis de Cartagena, Javier Azagra, que las calific¨® de "progresistas", y por el ayuntamiento de San Javier.

Seg¨²n los datos de la consejer¨ªa, anualmente unas 800 mujeres que residen en la regi¨®n murciana se someten legalmente a abortos en hospitales de Madrid y Valencia. Los colectivos feministas elevan esta cifra a m¨¢s de 3.000 mujeres. Las primeras intervenciones tuvieron que retrasarse en dos ocasiones. La primera de ellas, el pasado mes de junio, porque no se contaba con el personal auxiliar suficiente. Un mes m¨¢s tarde las dificultades que obligaron a suspender la intervenci¨®n fueron problemas en el historial cl¨ªnico de la paciente.

Tres comunidades

Una situaci¨®n similar a la de Murcia la sufren las mujeres de otras tres comunidades aut¨®nomas (Extremadura, Navarra y La Rioja), informa Azucena Criado. La inexistencia de un centro sanitario, p¨²blico o privado, que cuente con profesionales dispuestos a atender los interrupciones voluntarias del embarazo ha sido denunciado en repetidas ocasiones por la Comisi¨®n Proderecho al Aborto y la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica (FADSP).

"El propio Parlamento Europeo aprob¨® en marzo de este a?o una resoluci¨®n en la que se pide a los estados miembros que legalicen el aborto y ofrezcan a las mujeres enfrentadas a este grave problema la mejor asistencia posible tanto a nivel de seguridad como financiero. Tras esto, hace una alusi¨®n a Espa?a diciendo que, aunque el aborto es legal, mujeres y m¨¦dicos siguen sufriendo persecuciones y condenas", dice Consuelo Ruiz Jarabo, miembro de la FADSP.

El 95% de los 100.000 abortos, que, seg¨²n un estudio de la Federaci¨®n de Planificaci¨®n Familiar, se realizan anualmente en Espa?a tiene lugar en cl¨ªnicas privadas, debido a la sistem¨¢tica objeci¨®n de conciencia alegada por los tocoginec¨®logos de los centros sanitarios p¨²blicos.