La hora del NIF

LA ENTRADA en vigor del n¨²mero de identificaci¨®n fiscal (NIF) pone de relieve, una vez m¨¢s, las contradicciones en las que parecen moverse con constancia las autoridades de la Hacienda p¨²blica: de una parte, se justifican las nuevas formas de controlar al ciudadano con la ayuda de la tecnolog¨ªa inform¨¢tica bas¨¢ndose en la necesidad de evitar el fraude, es decir, se hace apolog¨ªa de la eficacia, y de otra, se demuestra una notable incompetencia burocr¨¢tica al no haber podido enviar la nueva identificaci¨®n a quienes tienen el deber de poseerla. S¨®lo la disciplina del ciudadano, sin duda potenciada por las indisimuladas amenazas de nuestros recaudadores, consigue cumplir el plan preestablecido.A ello -a esa ineficacia que anhela el rigor- hay que a?adir los discutibles razonamientos jur¨ªdicoconstitucionales de la medida. Todo parece indicar que el Ministerio de Hacienda apuesta sistem¨¢ticamente por la entrada en vigor de normas que posteriormente el Tribunal Constitucional rechaza o modifica. Sobre el IRPF se ha dicho de todo, pero fue el citado tribunal el que enmend¨® la plana a los responsables administrativos. El NIF lleva un camino similar, puesto que, de momento, el Tribunal Supremo ha admitido ya a tr¨¢mite el recurso contencioso-administrativo que interpuso el Consejo General del Colegio de Economistas de Madrid contra el real decreto que regula su utilizaci¨®n. Es prematuro vaticinar el resultado final de la v¨ªa jur¨ªdica, pero es significativa la premura con la que la Hacienda p¨²blica pretende imponer el nuevo control. En definitiva, el objetivo ¨²ltimo de la nueva disposici¨®n fiscal, y consecuentemente el de la oposici¨®n que encuentra, no es otro que el de escudri?ar con m¨¢s detalle la econom¨ªa del ciudadano. La duda es saber si, como afirman los responsables de la medida, se busca evitar el fraude, y por tanto repartir con mayor equidad los gastos p¨²blicos, o, como alegan quienes se oponen, se busca una aproximaci¨®n al control orwelliano del sufrido contribuyente.

En el ¨¢mbito de los hechos objetivos hay un dato inquietante: tras ocho a?os largos de desempe?o del poder, el Gobierno no ha sido capaz de presentar un proyecto de ley org¨¢nica limitadora del uso de la inform¨¢tica, un espacio en el que cada cual -Administraci¨®n y ciudadanos- sepa con claridad cu¨¢les son sus derechos y deberes. Sabemos, siempre de forma tangencial, que el Ejecutivo enviar¨¢ a las Cortes un proyecto de ley para establecer el derecho a la intimidad en esta nueva modalidad tecnol¨®gica durante la presente legislatura. Es precisamente en ese derecho a la intimidad en lo que se basa el recurso del Consejo General del Colegio de Economistas de Madrid aceptado por el Supremo. La incompetencia burocr¨¢tica de Hacienda parece poca cosa en relaci¨®n con el ritmo legislativo del Gobierno.

Aceptamos ya estar numerados, informatizados, con nuestros datos procesados -una palabra que suena peligrosamente-; pero, por favor, que trabajen ellos en eso, que las amenazas se basen en la labor previa eficaz. No seamos alguaciles alguacilados, como el de Quevedo.