El nuevo escenario econ¨®mico

LOS DOS primeros indicadores econ¨®micos aparecidos desde el inicio del conflicto del golfo P¨¦rsico, el ¨ªndice de precios al consumo (IPC) y el paro registrado, ambos correspondientes al mes de agosto, recogen s¨®lo parcialmente los efectos derivados del incremento en el precio del petr¨®leo. En la tasa de crecimiento de los precios -el 0,4% durante el mes pasado (6,5% anual)-, ¨²nicamente el componente espec¨ªfico de energ¨ªa (un 7% de la cesta constitutiva del IPC) ha recibido el impacto del aumento en el precio del petr¨®leo. Ese comportamiento relativamente favorable de los precios se pone de manifiesto cuando se deducen de esa tasa los alimentos sin elaborar y la propia energ¨ªa (de la que un 60% son combustibles), la denominada inflaci¨®n subyacente, que registra en agosto un aumento del 0,2%, el menor desde junio de 1987, reduciendo su tasa interanual desde el 6,7% hasta el 6,5%.Nuevamente, la moderaci¨®n la han impuesto los precios de los bienes industriales, contrastando con las tensiones alcistas de los precios de los servicios; en los que se pone m¨¢s claramente de manifiesto las consecuencias de una menor concurrencia internacional y, en definitiva, la facilidad para trasladar a precios finales los incrementos de costes o la ampliaci¨®n de los m¨¢rgenes de beneficio de las empresas correspondientes.

El nuevo escenario creado por el encarecimiento del precio del crudo tampoco ha podido incidir -o en todo caso s¨®lo marginalmente- en el n¨²mero de parados, 11.500, registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo. La tasa de paro queda situada en el 15,2% de la poblaci¨®n activa, aunque en relaci¨®n con el mismo mes del a?o anterior existan 181.000 parados menos.

Ser¨¢ s¨®lo en los pr¨®ximos meses, y con ocasi¨®n de la aparici¨®n de esos y otros indicadores, cuando se podr¨¢ apreciar el grado de adecuaci¨®n de las respuestas arbitradas por el Gobierno a los nuevos escenarios creados por la crisis del Golfo, que en absoluto han agotado su recorrido alcista. Las hip¨®tesis de las que ha partido el Gobierno en el dise?o del nuevo escenario macroecon¨®mico para este a?o y el pr¨®ximo no pueden considerarse catastrofistas. Anticipar un precio del barril comprendido entre 20 y 25 d¨®lares para 1991 no es sino una estimaci¨®n prudente.

Reducir la vulnerabilidad de nuestra econom¨ªa ante esos nuevos precios del crudo equivale a neutralizar sus implicaciones inflacionistas Y sobre el d¨¦ficit exterior. Tampoco puede cuestionarse que la mayor dependencia del petr¨®leo de nuestro sistema productivo respecto a los de los pa¨ªses de nuestro entorno exige mayor severidad en las respuestas. Es en este contexto en el que hay que considerar como razonable el definitivo prop¨®sito de dotar de coherencia a la combinaci¨®n de pol¨ªticas monetaria y presupuestaria, asumiendo las limitaciones de aqu¨¦llas y el mayor rigor necesario para esta ¨²ltima. Las reducciones en el gasto p¨²blico no son sino condiciones previas para generar el ahorro que esas nuevas transferencias de renta exigen.

El aspecto sin duda m¨¢s sorprendente de esos nuevos escenarios es el ambicioso objetivo de inflaci¨®n que establece el Gobierno para 1991. Incluso en ausencia de incrementos en el precio del crudo, un objetivo del 5,5% no puede por menos que considerarse voluntarista. Su significaci¨®n en las nuevas circunstancias es tanto mayor cuanto que su consecuci¨®n parece confiarse en gran medida a la contenci¨®n de los salarios. La pol¨ªtica de rentas que el Gobierno se propone concretar en el denominado "pacto de progreso", siendo necesaria, en absoluto puede partir de prop¨®sitos excesivamente voluntaristas o meramente disuasores del necesario clima de consenso que a partir de ahora requiere la actuaci¨®n en tales escenarios.