Aylwin ordena la devoluci¨®n de una fara¨®nica mansi¨®n construida por Pinochet

El Gobierno del presidente Patricio Aylwin orden¨® al Ej¨¦rcito chileno que devuelva una fara¨®nica mansi¨®n construida por el ex dictador Augusto Pinochet como casa presidencial. La residencia, conocida como Lo Curro por el sector donde est¨¢ ubicada, uno de los barrios m¨¢s caros de Santiago, tuvo hace seis a?os un coste de 14 millones de d¨®lares. Debido a las cr¨ªticas que despert¨® su construcci¨®n, Pinochet jam¨¢s pudo usarla; poco antes de dejar la presidencia traspas¨® la casa al Ej¨¦rcito, que la usa como un club para oficiales.

La devoluci¨®n de la mansi¨®n de Lo Curro ha sido un punto tenso en la relaci¨®n entre el Gobierno y el Ej¨¦rcito, cuya temperatura lleg¨® en estos d¨ªas a un nivel insoportable, seg¨²n una revista de derechas. Cuando el ministro de Defensa, Patricio Rojas, expuso el deseo del Gobierno de recuperar esta casa, Pi¨¢ochet, el actual jefe del Ej¨¦rcito, exclam¨® desafiante: "Que vayan a sacarnos".En una carta posterior a Aylwin, Pinochet acept¨® entregar la residencia si ¨¦sta era usada para el fin con el que supuestamente fue construida, es decir, como mansi¨®n presidencial. En cambio, si la casa fuera usada con otros fines, ser¨ªa un agravio p¨¢ra el Ej¨¦rcito, dijo el general.

Aunque el Gobierno no ha dicho para qu¨¦ usar¨¢ la casa, est¨¢ claro que Aylwin no vivir¨¢ en ella. En 1984, cuando la prensa opositora al r¨¦gimen militar denunci¨® la fastuosa mansi¨®n, construida con sumo sigilo, Aylwin la consider¨® "un inaceptable derroche fara¨®nico" y dijo que "la transformar¨ªa en sanatorio o algo as¨ª".

Visible desde muchos lugares de Santiago, la casa tiene 5.000 metros cuadrados construidos y 68.000 metros cuadrados de jardines, cuatro pisos, bunker, canchas de tenis, piscina, multicancha y tres invernaderos, entre otros aditamentos.Orden de detenci¨®n

No es ¨¦ste el ¨²nico elemento de tensi¨®n: un juez orden¨® detener al general del Ej¨¦rcito en retiro Alejandro Medina, en su domicilio, despu¨¦s de que el Gobierno se querellara en su contra por injurias. Medina, muy cercano a Pinochet, acus¨® de "hip¨®crita" a Aylwin por concurrir al funeral del ex presidente Salvador Allende, derrocado por el ex dictador.Otra arista en la relaci¨®n entre civiles y el Ej¨¦rcito son los cheques, por el equivalente a 3,1 millones de d¨®lares, pagados por el Ej¨¦rcito a Augusto Pinochet Hiriart, hijo del jefe de la instituci¨®n militar. La explicaci¨®n del alto mando, ante la investigaci¨®n solicitada por la, C¨¢mara de Diputados, sostuvo que Pinochet Hiriart recibi¨® los cheques como representante en calidad de mandatario de los due?os de una f¨¢brica de fusiles, vendida por ¨¦stos al Ej¨¦rcito.

La citaci¨®n de Aylwin a Pinochet para una reuni¨®n el jueves, d¨ªa 20, en el palacio presidencial, tuvo, sin embargo, otro motivo: las ins¨®litas declaraciones de Pinochet atacando al Ej¨¦rcito de la Rep¨²blica Federal de Alemania (RFA). La presi¨®n del Gobierno de la RFA, que no dio por superado el incidente con las explicaciones de Pinochet, hizo inevitable a Aylwin citar a Pinochet.

El Ej¨¦rcito se considera acosado por el Gobierno. Dos semanarios anticiparon la posibilidad de acuartelamiento de tropas si prosigue lo que el Ej¨¦rcito considera como ataques contra Pinochet. El ministro del Interior, Enrique Krauss, dijo que un acuartelamiento "ser¨ªa un exceso de nerviosismo que no se justifica".

El Gobierno de centro izquierda ha recibido cr¨ªticas desde ambos extremos por su manejo del tema militar. La derecha ha acusado al Gobierno del presidente Aylwin de intentar remover a Pinochet y democratizar el Ej¨¦rcito; por su parte, el partido comunista ha reprochado a las autoridades de ser contemplativas ante el ex dictador.

El camino del desgaste, y no el de un ataque frontal, ha sido la t¨¢ctica gubernamental. "Cada d¨ªa que pasa se fortalece la democracia y se debilita Pinochet", sostuvo recientemente un alto dirigente de un partido del Gobierno. Es ¨¦sta una l¨ªnea marcada por el pragmatismo: el Gobierno de Aylwin no puede imponer su voluntad en el Congreso, y la transici¨®n parece carecer de la fuerza requerida para juzgar a quienes violaron los derechos humanos.