La prueba de fuego

Durante la segunda semana de septiembre se reunieron en un seminario celebrado en Santander algunos de los principales analistas europeos y americanos de las pol¨ªticas de concertaci¨®n social. (la llamada "internacional neocorporatista" en los ambientes acad¨¦micos) para reflexionar sobre el caso espa?ol. Las l¨ªneas que siguen son las conclusiones que extraje, como director del seminario, al t¨¦rmino de las sesiones.Las pol¨ªticas de concertaci¨®n social cuentan ya en Espa?a con una cierta tradici¨®n, ya que desde los inicios de la transici¨®n democr¨¢tica y hasta 1986 la pol¨ªtica econ¨®mica y social se llev¨® a cabo bajo la cobertura de acuerdos -aunque de muy distinto alcance y contenido- y el ¨²ltimo periodo se distingue precisamente por los intentos sucesivos de reencontrar un ambiente de aproximaci¨®n entre los interlocutores sociales y el Gobierno.

Acuerdos parciales

En la ¨²ltima etapa ha sido posible llegar a acuerdos parciales de car¨¢cter bilateral que pueden ser el preludio de una nueva etapa de cooperaci¨®n social si las distintas partes son capaces de enriquecer las plataformas de discusi¨®n, de ampliar la esfera de sus compromisos mutuos y de adecuar los contenidos del di¨¢logo social a las preocupaciones prevalecientes en cada momento en la sociedad.

Antes de explorar lo que a mi modo de ver son los principales retos que se presentan ante nosotros, bueno ser¨¢ extraer algunas conclusiones de nuestra rica experiencia anterior. Las ense?anzas pueden sintetizarse en cinco ep¨ªgrafes.

1. La sociedad espa?ola juzga de forma muy positiva los resultados de la etapa de concertaci¨®n transcurrida entre 1977 y 1986 por sus efectos favorables para la superaci¨®n de la crisis econ¨®mica, para el establecimiento y consolidaci¨®n del sistema democr¨¢tico de relaciones industriales y para la reconstrucci¨®n misma de las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores.

2. Por el contrario, la etapa de confrontaci¨®n, entre 1987 y 1989, no ha dejado ning¨²n resultado positivo. Si no ha causado mayores da?os es porque persist¨ªa todav¨ªa un cierto clima de cooperaci¨®n en las bases, fruto de la cultura de negociaci¨®n ordenada de los procesos de distribuci¨®n de rentas que se hab¨ªa ido sedimentando en la etapa anterior y porque nuestra econom¨ªa disfrutaba del periodo de bonanza econ¨®mica mundial m¨¢s duradero desde los a?os sesenta.

3. El clima de colaboraci¨®n y la cultura de negociaci¨®n no duran eternamente si no se las realimenta. Adem¨¢s, la concertaci¨®n social se ve impulsada por las expectativas de la opini¨®n p¨²blica. Si en un periodo de mayores dificultades econ¨®micas los interlocutores sociales no cooperan para superarlas, la sociedad acabar¨¢ volviendo la espalda -por su inoperancia- ante las pol¨ªticas basadas en acuerdos y ante los propios agentes sociales.

4. La experiencia del periodo de confrontaci¨®n, de las elecciones generales de 1989 y de la propia concertaci¨®n social durante la primera mitad de este a?o ense?an que para que la pol¨ªtica de acuerdos pueda prosperar los objetivos planteados por los interlocutores sociales deben caber dentro del programa de Gobierno votado por los electores. No tendr¨ªa legitimidad democr¨¢tica demandar a trav¨¦s de la concertaci¨®n un cambio de programa, ya que tal cosa subordinar¨ªa el sistema democr¨¢tico de adopci¨®n de decisiones respecto al proceso de concertaci¨®n de intereses.

5. Y si no cabe reivindicar el cambio de la pol¨ªtica, ?qu¨¦ ganan los interlocutores en la concertaci¨®n? ?No les resultar¨ªa m¨¢s conveniente quedar con las manos libres y dejar que el Gobierno cumpla su programa ¨¦l solo? La respuesta a estas preguntas es rotundamente negativa por lo que ahora sabemos: si el Gobierno tiene que controlar la estabilidad econ¨®mica exclusivamente con los instrumentos macroecon¨®micos a su alcance, el crecimiento econ¨®mico es menor y entonces todos los interlocutores pierden. Nuestra experiencia indica que la concertaci¨®n no es un simple intercambio en el que unos ganan y otros pierden. En este juego todos ganan, porque ese mayor crecimiento, al que podr¨ªamos denominar renta de concertaci¨®n, ofrece mayores posibilidades de bienestar y de redistribuci¨®n.

A la luz de estas conclusiones podemos evaluar la situaci¨®n presente y extraer algunas recomendaciones para el futuro.

Los acuerdos bilaterales alcanzados durante el primer semestre de 1990 son positivos, pero parciales e insuficientes por cuanto no incluyen mecanismos de cooperaci¨®n entre los interlocutores sociales.

El proceso de concertaci¨®n bilateral es simplemente un ejercicio de encaje entre las aspiraciones de los agentes sociales y el programa de Gobierno. Se negocia el calendario y el perfil definitivo de las medidas del programa. Por eso mismo este tipo de acuerdos no es susceptible de aportar una renta social y econ¨®mica positiva. Es un simple proceso de intercambio que no abre nuevos m¨¢rgenes porque no es creativo.

S¨®lo la cooperaci¨®n entre los agentes productivos genera ese margen adicional. En su ausencia, la concertaci¨®n pierde aliento paulatinamente y el agotamiento produce cansancio en la opini¨®n p¨²blica y fatiga en los negociadores. El rosario de temas tratados no tiene un significado suficientemente atractivo para la opini¨®n. S¨®lo la globalizaci¨®n los dotar¨ªa de sentido y facilitar¨ªa la comprensi¨®n de los objetivos perseguidos.

Es necesario, pues, revitalizar la concertaci¨®n incorporando a su agenda grandes temas que hoy preocupan -y preocupar¨¢n cada vez m¨¢s en el futuro- a la ciudadan¨ªa porque constituyen los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad espa?ola: la crisis del petr¨®leo y el mercado ¨²nico europeo de 1992.

Por eso creo que la prueba de fuego para la concertaci¨®n social en Espa?a est¨¢ todav¨ªa por venir: si entre todos no se logra concertar la respuesta a los dos problemas vitales de cara al futuro, muchas voces se elevar¨¢n reclamando el abandono de este tipo de pol¨ªticas.

La pol¨ªtica de rentas

El brusco empeoramiento de las circunstancias exteriores exige echar mano de nuevo de la pol¨ªtica de rentas concertada que evite una nueva carrera inflacionista de precios y salarios. Bien es verdad que la renuencia sindical ante la recuperaci¨®n de los acuerdos marco est¨¢ legitimada por el nulo desarrollo de las f¨®rmulas de participaci¨®n de los trabajadores en los beneficios de sus empresas que se hab¨ªan comprometido en acuerdos anteriores. S¨®lo si se pueden introducir en la negociaci¨®n f¨®rmulas efectivas de participaci¨®n en los resultados podr¨¢ vencerse aquella renuencia.

Ello producir¨ªa, sin duda, tambi¨¦n en el futuro un aumento del inter¨¦s de los trabajadores en la evoluci¨®n favorable de sus empresas, con lo cual se corregir¨ªa la excesiva concentraci¨®n en la c¨²pula de la que se ha acusado a pasados acuerdos y su escaso impacto sobre la negociaci¨®n descentralizada en las empresas.

La presencia del Gobierno en este tipo de acuerdos se requiere, sobre todo, si para la buena marcha de los mismos los interlocutores consideran que es conveniente introducir cambios en la normativa de ordenaci¨®n de los salarios u otros cambios legales acerca de la tipificaci¨®n y la consideraci¨®n fiscal de tales f¨®rmulas de participaci¨®n.

El otro terreno tradicionalmente vulnerable de las pol¨ªticas de rentas est¨¢ en el lado de los precios. Es previsible adem¨¢s que los sectores econ¨®micos que act¨²an a cubierto de la concurrencia internacional traten de aprovechar las tensiones en los precios energ¨¦ticos para mejorar su posici¨®n relativa. Las f¨®rmulas macroecon¨®micas de control hacen pagar a justos por pecadores y perjudican a todos. Frente a ello, las medidas tradicionales de control de precios se encuentran desprestigiadas y resultan inoperantes.

La concertaci¨®n social se ver¨ªa muy mejorada si los interlocutores sociales y el Gobierno pudieran cooperar con eficacia en el seguimiento y observaci¨®n de la evoluci¨®n de los precios con suficiente grado de desagregaci¨®n para emitir peri¨®dicamente recomendaciones sectoriales espec¨ªficas, para tratar de negociar mecanismos de autocontrol y para denunciar p¨²blicamente los abusos como f¨®rmula disuasoria. Si las medidas coactivas han demostrado tradicionalmente su inviabilidad en el control de precios, ?no podr¨ªa utilizarse para ello de forma efectiva la soberan¨ªa del consumidor, mejorando su informaci¨®n con la colaboraci¨®n de los agentes sociales y del p¨²blico?

Este segundo reto debe afrontarse sobre todo mediante la movilizaci¨®n de todos los recursos disponibles, concentrando a la sociedad en la superaci¨®n de un grado de concurrencia muy superior al soportado siempre por la econom¨ªa espa?ola, y que ofrece tambi¨¦n oportunidades ¨®ptimas para la mejora de nuestro bienestar.

La mejora de nuestros recursos humanos es el primer campo de colaboraci¨®n que deber¨ªa ser objeto de concertaci¨®n tripartita.

Adem¨¢s del desarrollo de la Ley de Ordenaci¨®n General del Sistema Educativo (LOGSE), deber¨ªa suscribirse un gran acuerdo para articular el acceso de los trabajadores a la formaci¨®n y al reciclaje profesional permanente, resolviendo la relaci¨®n entre el tiempo de formaci¨®n y el tiempo de trabajo, pactando la financiaci¨®n de la formaci¨®n continua y estableciendo f¨®rmulas de actuaci¨®n mancomunada a nivel sectorial (como la que propugna el reciente convenio en el sector de la construcci¨®n) que puedan gestionar observatorios permanentes de ocupaciones y dinamizar los mercados locales de trabajo, para fomentar la aparici¨®n de lo que en Italia se llaman distritos industriales, que conocen el mayor ¨¦xito.

Paralelamente, 1992 deber¨ªa servir de horizonte para ultimar la racionalizaci¨®n de los horarios en Espa?a y su sincronizaci¨®n con el resto de los pa¨ªses de Europa.

Nuestra ex¨®tica forma de ordenar y distribuir el tiempo de trabajo, de consumo y prestaci¨®n de servicios y de ocio resulta particularmente disfuncional de cara a la integraci¨®n en un espacio econ¨®mico social y cultural com¨²n a toda la Europa comunitaria. Nuestra jornada de trabajo central s¨®lo coincide en un 50% con la de nuestros socios, particularmente en el ¨¢rea de los servicios, que son los que mayor uso hacen de la comunicaci¨®n y la transmisi¨®n de informaci¨®n.Por otra parte, el solapamiento entre horarios comerciales y de trabajo dificulta el uso de los servicios y provoca congesti¨®n en el uso del espacio urbano y agudizaci¨®n de problemas en las horas punta, adem¨¢s de obstaculizar la convivencia familiar ante la escasez de horas de convivencia.

Mejora de la eficiencia

Se trata, en suma, de un problema de racionalizaci¨®n que debe ser acometido con decisi¨®n por procedimientos de concertaci¨®n tripartita para mejorar la eficiencia de las actividades productivas y la calidad de vida.

Esta enumeraci¨®n de ¨¢reas cruciales no pretende ser un cat¨¢logo exhaustivo. Se trata s¨®lo de algunos ejemplos de pol¨ªticas colectivas que s¨®lo pueden acometerse eficazmente si existe colaboraci¨®n entre los interlocutores sociales y el Estado. Sobre cada una de estas materias es necesario contar con proyectos de discusi¨®n que conciten la convergencia hacia el acuerdo.

Pero antes de que alguien se lance a elaborarlas es necesario contar con la anuencia de los protagonistas, que deben escoger el temario, establecer el calendario y encargar los materiales de trabajo. Sin todo ello, la gran concertaci¨®n que todos esperan resultar¨ªa impracticable.