Recurso de amparo para que se exija al Gobierno el expediente secreto sobre el campo de tiro de Anchuras

Cuatro recurrentes contra el decreto del Gobierno de instalar un pol¨ªgono de tiro en el t¨¦rmino municipal de Anchuras (Ciudad Real) han pedido amparo al Tribunal Constitucional contra la resoluci¨®n del Supremo que deneg¨® el derecho a recabar del Ministerio de Defensa el expediente completo, clasificado como secreto, previo a la declaraci¨®n de inter¨¦s nacional de la zona. Los recurrentes invocan el derecho a la tutela judicial efectiva, que estiman violado por el Supremo, al haberse conformado con el env¨ªo por el Gobierno de un informe sin firma.

F¨¦lix Urbina P¨¦rez, Ismael S¨¢nchez Guti¨¦rrez y los hermanos Lorenzo y Benigno Fern¨¢ndez Corroto piden al alto tribunal que restablezca el derecho que consideran vulnerado, y pala ello solicitan la anulaci¨®n del auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1990 -que deneg¨® la solicitud de reclamar al Gobierno la documentaci¨®n mencionada y que el Constitucional declare procedente "requerir a la Administraci¨®n para que remita la totalidad del expediente". El recurso de amparo, pendiente de admisi¨®n a tr¨¢mite, ha sido elaborado por el letrado Blas Camacho Zancada, diputado del PP por Ciudad Real.Los recurrentes impugnan que, con ocasi¨®n del recurso contencioso-administrativo planteado contra la instalaci¨®n d e un pol¨ªgono de tiro en Anchuras, el Supremo haya admitido que la Administraci¨®n no remita el expediente administrativo previo al decreto recurrido, as¨ª como que acepte como tal expediente un informe sin firma remitido, por el Ministerio de Relaciones con las Cortes, "que no sabemos", dicen, "el papel que juega en este asunto". En el mencionado informe, se se?ala, entre otras cosas, que Ias l¨®gicas razones derivadas del secreto de las actuaciones ( ... ) no permiten mostrar a la luz y conocimiento p¨²blic¨²s en toda su plenitud el rigor y minuciosidad con los que se han llevado a cabo los an¨¢lisis valorativos oportunos".

Frente al criterio del Supremo, que admite que la ley de Secretos Oficiales permite a la Administraci¨®n no remitir el expediente completo, los recurrentes hacen ver al Tribunal Constitucional que tal omisi¨®n "implica una mutilaci¨®n esencial del propio acto [el decreto de 20 de julio de 19881 y de su revisi¨®n jurisdiccional". Estiman que las informaciones no facilitadas "son esenciales para conocer la motivaci¨®n del acto administrativo", por lo que la no remisi¨®n de los mismos "infringe el derecho constitucional a una efectiva tutela judicial", ya que los recurrentes "dif¨ªcilmente pueden ejercer su derecho de impugnaci¨®n del real decreto en cuanto desconocen la motivaci¨®n real del mismo y su fundamentaci¨®n t¨¦cnica".

Otra argumentaci¨®n jur¨ªdica que sustenta el recurso de amparo es que, de no exigir tales datos, "el control jurisdiccional queda abolutamente a la discrecionalidad de la Administraci¨®n, a la que le basta invocar el car¨¢cter secreto del acuerdo, sin remitir siquiera el acuerdo administrativo que declara el secreto para que la revisi¨®n no sea posible". Los recurrentes recuerdan que el decreto impugnado tiene su origen en la decisi¨®n urgente, sin ning¨²n tipo de explicaci¨®n, de trasladar el futuro pol¨ªgono de tiro de Caba?eros a Anchuras (a 20 kil¨®metros de distancia aproximadamente), bas¨¢ndose en unas m¨¢s que dudosas razones de cambio de ecosistema, por lo que mucho nos- tememos", se?alan, "que no exista ning¨²n tipo de expediente -ni secreto ni no secreto- y s¨ª un alto componente pol¨ªtico".