Un juez pide al Gobierno vasco documentos para inspeccionar 27 empresas de tragaperras

V. R. DE A. El juez de Bilbao que investiga el presunto fraude del juego en el Pa¨ªs Vasco ha solicitado a la Consejer¨ªa de Interior toda la documentaci¨®n relativa a 27 empresas operadoras de tragaperras. La petici¨®n, seg¨²n han informado los abogados de los querellados contra el director auton¨®mico del juego, Javier Portuondo, responde al inter¨¦s por centrar las indagaciones en casos concretos de posibles irregularidades en la concesi¨®n y venta de licencias.

La petici¨®n del Juzgado n¨²mero 3 ofrece a la Consejer¨ªa de Interior la posibilidad de remitir a Bilbao los expedientes completos de las empresas o bien de se?alar los d¨ªas y horas h¨¢biles para realizar la consulta en las dependencias del departamento en Vitoria. La petici¨®n judicial se basa, a?adieron los abogados, en el art¨ªculo 575 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

El art¨ªculo de la ley citado obliga a cualquier persona u organismo a exhibir todos los objetos o papeles supuestamente relacionados con una causa judicial. La negativa reiterada puede llevar consigo el procesamiento por desobediencia a la autoridad o la calificaci¨®n legal de encubrimiento del presunto delito de que se trate.

Entre las empresas cuya investigaci¨®n interesa realizar al juez Ricardo Palacios se encuentran Compuplay, perteneciente a Miguel Otero Fari?as, e Iontxa, la firma m¨¢s importante en el mercado de tragaperras del Pa¨ªs Vasco, con cerca de un millar de m¨¢quinas operando en bares, seg¨²n los abogados.

Licencias irregulares

Tambi¨¦n figuran RUR, Euskomak y Atocha, sospechosas de haber participado en transferencias de licencias irregulares, y otras siete firmas en cuyos balances se registran diferencias de m¨¢s de 50 m¨¢quinas entre las concedidas inicialmente por el Gobierno vasco y las realmente explotadas en el mercado. Esta diferencia no se debe necesariamente a operaciones ilegales y puede ser el resultado de adquisiciones de licencias admitidas por la normativa.

Dos personas consideradas por los abogados de los querellantes intermediarios en la venta ilegal de permisos de tragaperras por cuenta de la firma RUR prestaron declaraci¨®n ayer en el juzgado. RUR, seg¨²n sospechan los abogados, vendi¨® una cantidad de licencias superior a las 80 que hab¨ªa conseguido y registrado legalmente. Los testigos, Jes¨²s Antonio Bu anda y Santiago Itxaso, abandonaron el juzgado corriendo e intentaron ocultar el rostro para evitar ser fotografiados.