Fiscales progresistas advierten que el nuevo reglamento puede servir para intereses socialistas

Mar¨ªa ?ngeles Garc¨ªa, presidenta de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), ha obtenido el consenso de esta asociaci¨®n para hacer una "llamada de atenci¨®n" al m¨¢s de medio centenar de fiscales jefes que se reunir¨¢n durante tres d¨ªas, a partir de hoy, en Bayona (Pontevedra) con el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, para estudiar el futuro reglamento org¨¢nico del Ministerio Fiscal. Garc¨ªa avisa del riesgo de que "la estructura jer¨¢rquica del Ministerio Fiscal sea utilizada como veh¨ªculo de la raz¨®n de Estado o del inter¨¦s del partido en el Gobierno".

La necesidad de reformar el reglamento viene siendo sentida en la fiscal¨ªa, ya que el actual data de 1969 y, aunque en gran parte est¨¢ derogado de hecho por la Constituci¨®n, incluye entre otras perlas la vieja obligaci¨®n de los fiscales de jurar los principios fundamentales del Movimiento Nacional franquista. Tras la puesta en vigor, por una ley de 1981, del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, no se acometi¨® la reforma del reglamento, para la que la ley org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985 dio un plazo de un a?o.En 1986 se elabor¨® en Salamanca un anteproyecto de nuevo reglamento, que "a pesar del retraso en el cumplimiento del mandato de la LOPJ, duerme en un caj¨®n del Ministerio de Justicia", seg¨²n fuentes de la fiscal¨ªa. Tales fuentes destacaron la importancia de actualizar el viejo reglamento, para dilucidar las facultades de los fiscales jefes de los tribunales superiores de justicia en relaci¨®n con los fiscales jefes de cada provincia, as¨ª como las atribuciones para remover al fiscal de un caso.

Peligro para el ciudadano

La presidenta de la UPF declar¨® a este peri¨®dico que la reforma del reglamento puede afectar a la misi¨®n constitucional del fiscal de "promover la acci¨®n de la justicia" y, si se aprueba el anteproyecto actual, la funci¨®n del fiscal en defensa de los derechos ciudadanos se ver¨¢ en peligro, ante el riesgo de la defensa de la raz¨®n de Estado "o el mero capricho de quien ostenta la m¨¢xima jefatura o las jefaturas intermedias". Por el contrario, Garc¨ªa considera que el reglamento org¨¢nico deber¨ªa conseguir "la democratizaci¨®n interna del Ministerio Fiscal" y una "mayor racionalidad y eficacia", as¨ª como "incrementar los recortes contra la arbitrariedad".

En un documento de ocho folios remitido a los fiscales jefes, la presidenta de la UPF muestra que el proyecto de reglamento no s¨®lo "no recorta" tal arbitrariedad, sino que limita la funci¨®n de los fiscales y restringe sus derechos, en perjuicio de los ciudadanos, destinatarios de su funci¨®n. Garc¨ªa recuerda que el reglamento no menciona la posibilidad de que el fiscal. "lleve una queja directamente a las altas instancias de la instituci¨®n ante una vulneraci¨®n de sus derechos o un funcionamiento an¨®malo de la jefatura que dificulte el cumplimiento de sus deberes constitucionales". Igualmente, seg¨²n ella, el proyecto establece restricciones para someter cuestiones a debate de la junta de fiscales.

Garc¨ªa reprocha al proyecto que confiere a los fiscales jefes excesivas atribuciones, en concreto la de "designar a cualquiera de los fiscales que de ¨¦l dependan para que actue en un asunto determinado". La presidenta de la UPF estima que esta norma excede de las previsiones estatutarias, seg¨²n las cuales se exige que sea o¨ªda la junta de fiscales antes de tomar una decisi¨®n de este car¨¢cter.

Seg¨²n Garc¨ªa, si se aprueba el texto proyectado, "para evitar discrepancias, siempre molestas", dice, "bastar¨¢ con designar para asuntos presumiblemente delicados a funcionarios complacientes que, o bien sintonizan con la concepci¨®n de la legalidad de la jefatura o bien hacen de la obediencia ciega y el silencio su primera pauta de conducta". Por el contrario, la asociaci¨®n progresista de fiscales cree necesario que, en caso de sustituci¨®n, se enumeren las "razones fundadas" de la misma.

"Es imprescindible establecer l¨ªmites a la facultad de apartar a los miembros del Ministerio Fiscal de un proceso concreto, para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad e imparcialidad", explica ?ngeles Garc¨ªa.

Seg¨²n ella, no es de recibo la opini¨®n de un anterior fiscal general, Luis Antonio Bur¨®n sobre que la desconfianza en los hombres, las instituciones y la eficacia de las leyes "es casi la negaci¨®n de la posibilidad de una sociedad decente". Garc¨ªa estima, por el contrario, que "la raz¨®n de la existencia de las leyes es prevenir la indecencia y reaccionar contra ella".

En cuanto a las facilidades para la actuaci¨®n asociativa, la presidenta de la UPF critica que "carecen de regulaci¨®n reglamentaria" y manifiesta que "esta omisi¨®n contrasta pintorescamente", dice, "con la regulaci¨®n del contenido de las carpetillas [papel doblado en donde se ponen los datos de cada caso que lleva un fiscal], ciertamente exhaustiva".