Algo huele a podrido

CUANDO LAS amas de casa lanzan televisores por las ventanas y vuelan los c¨®cteles m¨®lotov por decenas es que algo huele a podrido en el tejido social. Los enfrentamientos en la poblaci¨®n barcelonesa de Sant Adri¨¤ del Bes¨°s entre los habitantes de un barrio -que se oponen a la construcci¨®n de un bloque de viviendas sociales y reivindican en su lugar equipamientos sociales- y la polic¨ªa han sido muy graves.Han puesto sobre el tapete el grosor de la marginalidad, la desvertebraci¨®n social y la capacidad de explosi¨®n espont¨¢nea de determinados sectores de nuestra sociedad. Y han recordado intempestivamente que gobernar -ya sea ayuntamientos o comunidades aut¨®nomas- es algo muy complejo: la b¨²squeda del arte de la complicidad. No vale despachar el asunto condenando las actuaciones efectivamente violentas, brutales e insolidarias de unos vecinos descontrolados. Eso ni explica ni resuelve el problema.

Con demasiada ligereza se ha pretendido reducir el conflicto del Bes¨°s a la intransigencia de unos vecinos que, con la excusa de reivindicar unos equipamientos sociales, ocultaban su oposici¨®n a admitir que en las nuevas viviendas se instalar¨¢n, por prejuicios racistas, familias gitanas procedentes del cercano barrio de La Mina. Hay ese ingrediente, pero tambi¨¦n otros. El barrio del Bes¨°s, construido, como tantos otros en los a?os sesenta, en plena ¨¦poca de la especulaci¨®n y el desorden urban¨ªstico, est¨¢ habitado por familias modestas que en buena parte han logrado acceder a la propiedad de sus viviendas y que esperan desde hace a?os que la Administraci¨®n preste debida atenci¨®n a sus carencias. La decisi¨®n de intervenir en el pr¨®ximo y degradado barrio de La Mina -con elevados ¨ªndices de delincuencia y drogadicci¨®n- mediante el traslado de parte de las familias que all¨ª viven a zonas colindantes ha hecho estallar el polvor¨ªn.

Cualquier operaci¨®n de reubicaci¨®n social de la marginalidad genera problemas y recelos, no s¨®lo en Espa?a, sino en cualquier pa¨ªs. Y esos recelos deben vencerse pol¨ªticamente. El Ayuntamiento de Sant Adri¨¤ y la Generalitat no han contribuido a facilitar acuerdos mediante el di¨¢logo. A los vecinos se les disfraz¨® en buena medida el fin ¨²ltimo del proyecto de viviendas (trasladar a los vecinos de La Mina) y se pens¨® que la pol¨ªtica de hechos consumados era la mejor. El objetivo -regenerar el barrio contiguo aprovechando la construcci¨®n de los cinturones para la cita ol¨ªmpica- es correcto desde el punto de vista del conjunto de la poblaci¨®n, pero perjudica a uno de sus barrios al sobresaturarlo. Y nadie ha previsto paliativos para este perjuicio, que coadyuvasen adem¨¢s a una mejor asimilaci¨®n del proyecto.

Luego ha estallado la violencia, que se ha explicado por la presencia de agentes provocadores externos al barrio, lo que no hace sino ratificar que quienes se mueven bien en este tipo de conflictos acuden adonde se producen, pero no son su causa. La violencia aparece con demasiada frecuencia sin necesidad de provocaciones artificiales, y ni siquiera es exclusiva de zonas urbanas: recordemos la oposici¨®n al pantano de Ria?o (Le¨®n), al vertedero de Aranguren (Navarra) o al plan de residuos industriales de Catalu?a.

A lo largo de los cuatro d¨ªas de batallas campales, los consejeros de Pol¨ªtica Territorial y Bienestar Social de la Generalitat, implicados en el asunto de las viviendas sociales, han optado por guardar silencio. Gobernar en democracia es gestionar el conflicto y resolverlo o encauzarlo. Ha tenido que ser el S¨ªndic de Greuges, en su funci¨®n de Defensor del Pueblo, quien sacase las casta?as del fuego y los c¨®cteles m¨®lotov de la calle, sentando a los vecinos a dialogar con las autoridades. Frederic Rahola ha prestigiado as¨ª una instituci¨®n, ha sorteado una situaci¨®n que de otro modo hubiera desembocado en hechos luctuosos y ha puesto de relieve la inanidad de algunos pol¨ªticos. S¨®lo cabe esperar ahora que los gritos m¨¢s visibles de las airadas gentes del Bes¨°s sean atendidos en la medida que resulte razonable y posible, y que cualquier soluci¨®n no vaya en detrimento de los habitantes de La Mina, en su mayor¨ªa gitanos y, por tanto, socialmente m¨¢s desprotegidos.